El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, propone un cambio en la estrategia gubernamental de combate al crimen: para él, el fenómeno de violencia y criminalidad ha superado las posibilidades que ofrece un abordaje de seguridad pública y propone que el tema sea tratado como un asunto de seguridad nacional.
La propuesta del general Munguía Payés trae implícita una solicitud de mayor protagonismo del ejército en el combate al crimen y abriría las puertas a la utilización de distintas herramientas legales, tales como la declaración de estado de excepción en algunos puntos del país, medida que asegura haberle sugerido ya al presidente de la República.
El discurso del ministro, que durante su carrera activa como militar entró en conflicto con los gobernantes de derecha del partido Arena, supera algunas de las propuestas más radicales que las administraciones anteriores daban a luz para enfrentar la violencia. El primer gobierno de izquierda de El Salvador es el que por primera vez propone como una medida antidelincuencial suspender algunas garantías constitucionales.
“Para nosotros el tema de la delincuencia ya es un tema de seguridad nacional, porque está generando un efecto en toda la sociedad; es decir, que te está ahuyentando la inversión. En estos municipios de altos índices delincuenciales la gente llega a su casa y se encierra y no sale hasta el siguiente día, o le cobran renta, entonces ese problema para mí va más allá, porque ya te está afectando el desarrollo del país”, argumenta.
La iniciativa del general choca con la visión que tienen otros actores en el tema de la seguridad pública, como diputados, Consejo de Seguridad Pública e incluso un asesor extranjero del gobierno, que no creen que se justifique entregarle al ejército el poder que demanda el ministro de Defensa.
La Ley de la defensa nacional hace una distinción entre dos categorías jurídicas: por un lado define la defensa nacional como el combate de amenazas foráneas que pongan en riesgo el territorio nacional y, por otro, en su artículo 4, define la seguridad nacional como “el conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superen situaciones de conflictos internacionales, perturbación a la seguridad pública, catástrofes nacionales y aquellas vulnerabilidades que limiten el desarrollo nacional y ponga en peligro el logro de los objetivos nacionales”.
Y aunque la ley menciona el papel de las fuerzas armadas excepcionalmente en labores de seguridad pública, no establece procedimientos para llegar a decretar que una situación recibirá un abordaje de seguridad nacional.
Esta ley tampoco contiene una descripción detallada de las funciones y de las competencias extraordinarias que deberán desarrollarse en virtud de una situación que demande acciones de seguridad nacional, debido a que esto tendría que estar contenido en reglamentos que no han sido formulados desde la creación de la ley, en 2002. La creación de los reglamentos corresponde al Órgano Ejecutivo.
Debido al vacío legal, la solicitud de Munguía Payés carece de un marco jurídico que norme las competencias que adquiriría el ejército en el caso de que se considere que la delincuencia amenaza la seguridad nacional. En vista de ello, es él mismo el que ha elaborado sus propias medidas, de las cuales sólo ha dado a conocer públicamente la aplicación del estado de excepción en algunas parcelas del territorio nacional.
La semana pasada, el perito colombiano Hugo Acero estuvo en El Salvador, contratado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de que asesore al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Acero tiene un extenso currículo en el área de seguridad ciudadana, especialmente en la capital de su país, Bogotá, donde una serie de medidas lograron revertir la condición de la metrópoli suramericana como uno de los lugares más violentos del mundo.
Acero estuvo en el país para ayudar en la elaboración de la estrategia nacional de seguridad pública. Sin embargo, el ejército no aparece en sus planes. Al contrario, recomienda excluir al ejército de la estrategia de combate al crimen: “(Utilizar al ejército para seguridad pública) es una medida de emergencia, ojalá que en el corto tiempo se deje de utilizar al ejército en este tema. Porque no están entrenados para la seguridad ciudadana”, opina. Para este asesor se trata de mantener debidamente compartimentadas las competencias de cada institución: “Yo creo que constitucional, técnica, operativa y legalmente cada uno tiene una función y esas funciones se tienen que respetar”.
En una entrevista concedida a El Faro la semana pasada, Acero rechazó incluso la opción de calificar al fenómeno de criminalidad como una amenaza de seguridad nacional: “Tengo que definir perfectamente qué es eso y tengo que establecerlo, no solamente con la ley sino que también con la realidad. Creo que aún estamos ante hechos que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos. Si aquí concluimos que aquí ya se lo tomó el crimen organizado, posiblemente puedo avanzar hacia los temas de seguridad nacional, pero si es así, estamos peor de lo que creo”, dice.
Aída Santos de Escobar, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, también ve al ejército en un plano bastante secundario y considera su utilización como una medida de emergencia. Al principio de la gestión de Funes, esta funcionaria elaboró, junto con el ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, una lista de directrices que deberían orientar la elaboración de una política nacional de seguridad pública. En ninguna parte de ese documento aparece la utilización del ejército.
El general Munguía Payés asegura haber entregado ya una lista con sus propuestas al presidente de la República y dice estar consciente de que su visión puede ser rechazada por el gabinete de seguridad pública. Él insiste porque cree que de no aplicarse su propuesta, habrá mucho que lamentar: “De eso estoy totalmente claro (de que su propuesta puede ser rechazada), pero con honestidad digo que si no se toma este tipo de medidas, el avance de la lucha en contra de la delincuencia va a ser lento y regresivo”.
Asegura que no existen roces con el ministro Melgar, aunque admite que hay distintos puntos de vista. “Quiero aclararte: aquí no hay disputa entre Fuerza Armada y Policía, ni entre ministro y ministro, lo que hay es debate de ideas y al final se toman decisiones. Algunas veces se toman las decisiones que presenta uno y a veces las que presenta el otro y eso no nos tiene que molestar”, asegura.
Cuando se le pregunta cuáles de las garantías constitucionales piensa que deberían suspenderse en aquellos municipios que según él son tan violentos que necesitan un régimen de excepción, prefiere ser escueto. Menciona solo dos: la libertad de tránsito y la protección contra allanamientos sin orden judicial.
En su artículo 29, la Constitución faculta al Órgano Ejecutivo a declarar régimen de excepción cuando haya “graves perturbaciones del orden público” y esta condición permite suprimir la libre circulación por el territorio nacional, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad de la correspondencia.
Para el consultor colombiano esta medida resultaría ineficaz en la medida en que no resolvería el problema, sino que lo trasladaría hacia otras zonas: “Por el contrario, el esfuerzo grande que tiene que hacer el Estado salvadoreño es garantizar todos los derechos de los ciudadanos... si les declaro toque de queda (a las pandillas) estos muchachos simplemente se van para otro lado. ¿Qué hice? Trasladé el problema, no lo controlé”
Por lo pronto la propuesta del ministro no ha encontrado eco entre los diputados, y ni siquiera entre los del mismo partido del presidente, el FMLN. La medida incluso fue rechazada por los diputados efemelenistas: “ El régimen de excepción lo establece la Constitución para situaciones extremadamente graves, no graves, complicadísimas, donde el Estado ya sea incapaz de resolver cualquier problema. No estamos en esa condición. En este momento no encuentro fundamento como para una medida de ese tipo, que es para cuando el Estado no tiene ninguna otra alternativa. Nosotros tenemos alternativas”, asegura Benito Lara, efemelenista miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea.
Los areneros Roberto d'Aubuisson y Roberto Ávila Qüehl critican la ausencia de un plan nacional de seguridad pública y coinciden en considerar que esta medida es producto de la improvisación y de la falta de una estrategia integral.
Munguía Payés también es partidario de una práctica que el FMLN históricamente ha rechazado: la de facilitar que los particulares se armen para defenderse de la delincuencia. Según el ministro, si el Estado no cumple su obligación de darle seguridad a la gente, debe de permitir que esta tenga la posibilidad de defenderse por su propia mano. Por eso él no comparte la convicción que tienen la presidenta del Consejo de Seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil, en cuanto a que hay que promover la eliminación de la licencia de portación de armas de fuego.
En El Salvador, en los últimos años el 80% de los asesinatos se cometen con armas de fuego.
