La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un decreto que elimina el cargo básico que cobran las empresas telefónicas mensualmente a los usuarios de telefonía de línea fija. Todos los partidos representados en la legislatura defendieron y aprobaron la eliminación de un cargo que significa más de 120 millones al año en ingresos para las empresas que prestan el servicio de telecomunicaciones.
“El cargo básico de telefonía se estableció durante la venta de ANTEL para recuperar la inversión fija necesaria para prestar el servicio y siendo que esta finalidad ha sido superada, ya no tiene razón de ser”, dice una de las justificaciones del decreto aprobado en la sesión plenaria. Roberto Lorenzana, diputado del FMLN, explicó que las compañías hicieron una inversión aproximada, según los datos oficiales obtenidos por él, de 97 millones. “Y solo en un año, Telecom (Claro), que es la más grande, recibe más de 100 millones de dólares y han pasado más de 10 años haciendo este cobro”, dijo.
Para sustentar la medida, los diputados incluyeron en el decreto un precedente que se llevó a cabo en Perú en 2006, cuando fue eleminado el cargo fijo de telefonía.
La medida, según las exposiones de todas las fracciones, nació luego del último pliego tarifario publicado el 18 de enero por la Superintencencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). En el campo pagado, la SIGET publicó la autorización a la empresa CTE S.A de C.V, conocida comercialmente como Claro, para incrementar las tarifas de telefonía fija residencial, comercial y multiacceso.
Según la publicación de la SIGET, Claro estaba autorizado a incrementar de 9.42 dólares a 14.32 dólares mensuales el derecho de línea fija residencial, y de 14.17 a 28.63 dólares para el caso de los comercios y empresas. Tras dicha publicación, un vocero de la empresa descartó hacer efectivas las alzas.
Mario Marroquín, diputado de Arena asignado para el tema, explicó que la medida es producto de la publicación de la SIGET: “De ahí nació todo, de autorizar esos incrementos, entonces como fracción vinos que podría afectar a la población. Nosotros estuvimos de acuerdo, el FMLN presentó la pieza y nosotros pedimos la dispensa de trámites para aprobarla ahora”, dijo Marroquín, quien adelantó que los 79 votos con los que fue aprobada la iniciativa mandan un mensaje al presidente Mauricio Funes: “Él puede vetar, observar o sancionar el decreto, nosotros le pedimos desde ya que lo sancione, que no lo vete ni observe, pues es una medida que va con unanimidad”.
Tras la aprobación del decreto, la pelota queda en manos del presidente Funes, quien deberá decidir si avala o frena la iniciativa surgida de la bancada de su propio partido, el FMLN. “Nosotros no creemos que haya veto. Esta es una decisión que tiene que ver con la plataforma legislativa del FMLN, que estaba desde la campaña. El presidente apoyó nuestras candidaturas a diputados, consciente de que tenemos una plataforma”, dijo Lorenzana.
A las iniciativas del FMLN y Arena se sumó también el PCN, quien en un principio dudó y aceptó que no tenían plena conciencia de lo votado. Mario Ponce, diputado pecenista, admitió que votaron casi a lo ciego: “Si tú me preguntas si conocí la iniciativa de parte de Arena y el FMLN... entonces ese es el problema de tomar decisiones a ciegas por algo que uno no conoce, a veces se toma decisiones no acertadas. Hasta este momento no la conozco. El presidente tiene la potestad para regresar con observaciones o vetar el decreto. No te puedo asegurar una decisión porque no estábamos con pleno conocimiento de qué es lo que estábamos votando. Creemos que en el fondo estábamos de acuerdo.”
Tanto Arena como el FMLN dejaron en la agenda la discusión de más reformas encaminadas a regular las tarifas de servicios de telefonía. Arena propone que se apruebe en el corto plazo una reforma a la ley de la SIGET que establezca las tarifas con base en costos y el FMLN dice estar de acuerdo.
En el campo de los autores intelectuales de la medida aparece el ex superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones Tomás Campos. Este fue separado de su cargo por el presidente Mauricio Funes el 4 de enero de este año, y fue pieza clave para la eliminación del cobro de la cuota básica en la línea telefónica fija. Campos, dos semanas después de su destitución, se convirtió en asesor de los diputados efemelenistas en la Comisión de Economía y lideró la presentación del anteproyecto que este partido hizo público la mañana del miércoles 20. Un día después, ese anteproyecto fue apoyado por todas las fuerza políticas en la Asamblea Legislativa.
“Ese cobro era una injusticia permanente”, dice Campos, destituido por el presidente con el argumento de que el ex superintendente y otros tres funcionarios faltaron a la lealtad. “Yo lo llevaba en mi lista de proyectos, que se llamaba “medidas para que los operadores favorecieran a los usuarios”. Sin embargo, en Casa Presidencial se detuvo, toda la bolsa”, dijo Campos, quien asegura que sus propuestas para detener cobros indebidos y “abusos” cometidos por las grandes operadoras del sistema en contra de los usuarios fueron los motivos por los cuales la Presidencia cortó su cabeza.
En los primeros tres meses de su gestión, Campos, desde la SIGET, promovió un paquete para telecomunicaciones de 20 puntos que si fueran aprobados beneficiarían al consumidor del servicio de telefonía fija y celular. Entre las medidas, “la reducción del cargo fijo mensual en telefonía fija residencial” era de las más apremiantes. Tanto, que la SIGET la tenía planificada –para su implementación- en el cuarto trimestre de 2009, es decir, a final de año.
La propuesta fue presentada por primera vez el 20 de julio de 2009 en un documento llamado “Plan quinquenal de desarrollo”. Este primer documento contenía 20 medidas en total, entre estas el establecimiento del cobro al segundo exacto, la vigencia ilimitada de las tarjetas prepago, la reducción de la tarifa de servicio de telefonía fija a móvil y la reducción del cobro por línea fija que hoy eliminó la Asamblea. Una segunda versión de las propuestas, presentada por la SIGET en agosto de 2009 a la Secretaría Técnica de la Presidencia -en un documento titulado “Medidas que los operadores de telecomunicaciones pueden ofrecer en beneficio de los usuarios”- ya solo contenía nueve de las 20 medidas originales.
Pero la Presidencia no aceptó ni la reducción en el cobro de la tarifa fija residencial ni otros 18 proyectos más del paquete. El 1 de diciembre de 2009, sin embargo, tres de las cinco compañías telefónicas que operan en el país acordaron, “a solicitud del presidente de la República, Mauricio Funes”, realizar una reducción de tarifas de llamadas a celulares y ofrecer precios similares para hablar entre las líneas de Claro, Movistar y Tigo. Fue la única medida avalada por la Presidencia del paquete presentado por la SIGET.
El nuevo superintendente, Luis Méndez Menéndez, aseguró esta tarde que la SIGET continuará con la visión de beneficiar a los usuarios impulsada por su antecesor, incluido el mantenimiento de los paquetes para la reducción de cobros, pero descargó en su antecesor el cobro que hoy la Asamblea eliminó de tajo.
“Hay una contradicción entre el señor Campos, que aprobó el precio máximo a la operadora CTE-Telecom a 14 dólares y la misma persona que hoy protagoniza esa aprobación en la Asamblea Legislativa”, dijo Méndez Menéndez. El funcionario se refiera a la aprobación de la resolución T-878-2009, en la cual Tomás Campos autorizó la “tarifa máxima indexada para el servicio público de telefonía fija” a 14.31 dólares.
Campos, sin embargo, desmiente a su sucesor diciendo que lo que él aprobó estaba obligado a hacerlo según la ley de telecomunicaciones y su reglamento. La diferencia –dice- es que para ponerse en práctica esa subida del cobro máximo en telefonía fija, el nuevo pliego tarifario tiene que hacerse público, como lo plantea el reglamento a la ley.
“Sí, mi junta de directores lo aprobó porque no podemos dejar de hacer lo que la ley nos obliga”, se defiende Campos. “Pero fue esta nueva administración la que le dio aval a esa resolución haciéndola pública”, dijo.
En diciembre 2008, en el gobierno del ex presidente Antonio Saca, la SIGET ya había autorizado ese cobro máximo a CTE-Telecom con un valor de 13.93 dóares que nunca hizo efectivo la operadora. “Y puede que no lo hiciera esta vez, porque no tiene la moral para desangrar de esa manera a la población. Pero lo que hemos conseguido hoy es eliminar la oportunidad para que nunca tengan ni siquiera la posibilidad”, explicó Campos.
Méndez Menéndez dijo que la SIGET todavía no tiene los suficientes insumos para sentar una postura respecto a la aprobación por mayoría hecha por la Asamblea Legislativa y no se atrevió a declarar, en conferencia de prensa, qué le recomendaría al presidente, aunque él sí dejó entrever su propia posición: “Debió hacerse una reducción de tarifas porque las empresas deben de dar mantenimiento para la prestación de los servicios. Es cuestión de costos. Esas redes no se darán automantenimiento”, dijo.
La medida beneficiaría a los poseedores de 1.1 millón de líneas telefónicas fijas.
