“Soy nuevo y hay mucha información que todavía no conozco”, respondió el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Luis Méndez Menéndez, cuando los diputados le preguntaron con base en qué criterios y cómo se hace la fórmula para definir el cargo básico que aparece en los recibos de teléfono. Fue la pregunta que quedó sin respuesta el 2 de febrero, cuando la Comisión de Economía estuvo reunida por más de tres horas.
Esa cita, que ocurría 10 días después de que el superintendente expresara su rechazo al decreto legislativo que eliminó el cargo básico por telefonía fija, estaba originada en el 21 de enero, cuando el parlamento apoyó una iniciativa del partido FMLN que derogó el pago fijo en la telefonía residencial, lo que enfrentó al presidente Mauricio Funes con la Asamblea Legislativa y, particularmente, con su partido FMLN.
El 2 de febrero la Comisión de Economía debatió sobre una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, especialmente al artículo 8, que es el que se refiere a las tarifas máximas del servicio de telefonía, y por eso llamaron al superintendente. “Queremos información, pero el señor dijo que acabar de llegar y que no sabía nada, entonces vamos a esperar”, dice Roberto d'Aubuisson, diputado de Arena que integra la Comisión de Economía y uno de los que más participó en el encuentro.
Por el FMLN intervino con insistencia Roberto Lorenzana, quien subrayó la idea de que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) es un ente facultado para regular, pero que no lo ha hecho. El diputado aclaró, justo después de recibir al nuevo superintendente, que el abrazo dado a Luis Méndez pretendía alejar las suspicacias despertadas a partir de la relación del FMLN con el Ejecutivo.
Méndez Menéndez asumió el cargo el 4 de enero, después de que Funes despidiera a Tomás Campos, quien de inmediato se convirtió en asesor de la bancada legislativa efemelenista, y que es considerado el padre intelectual del decreto que derogó el cargo básico. El 22 de enero, el nuevo superintendente opinó que en lugar de eliminar el cargo fijo lo que procedía era una reducción. 'Las líneas telefónicas no se darán automantenimiento', comenzó, con ironía.
Los diputados del PCN y Gana fueron muy prudentes a la hora de sentar postura e incluso evitaron hacerla explícita el 2 de febrero. Tanto Arena como el FMLN compartieron una misma postura: hacer una reforma legal que aclare y transparente la metodología para establecer las tarifas, y eso pasa por conocer márgenes de ganancias de las operadoras, algo que hasta ahora ha sido prácticamente un secreto.
“Los precios deben de establecerse con base en costos y esa es la iniciativa que en términos generales, también presentó Arena... nosotros creemos que dentro de eso hay aspectos que son medulares que deben de ser incorporados. Por ejemplo, el concepto de 'el que llama paga' debe de regularse por costos, fíjate qué es lo que ha pasado en este tema de la telefonía fija”, dice Lorenzana.
El diputado D'Aubuisson, cuyo partido también apoyó la abolición del cargo fijo, sugiere una renegociación de las reglas de juego con las operadoras. “Vamos a basarnos en metodología de costos para poner la tarifa, la ley no habla de cargos fijos, el reglamento no habla de cargos fijos, el contrato sí habla de cargos, pero ya venció... El contrato original de venta de ANTEL, el de la privatización, ya caducó”, recuerda el legislador arenero.
En la reunión del lunes 2 también expuso la directora ejecutiva del Centro de Defensa del Consumidor (CDC), Nayda Medrano. Ella aseguró que El Salvador tiene la tarifa por cargo fijo más alta de Centroamérica. Según la información del CDC, “la compañía América Móvil (empresa dominante en el servicio de telefonía fija en el país), propietaria de Claro El Salvador, Claro Nicaragua (ENITEL) y Claro Guatemala (TELGUA) aplica tarifas diferentes. Por ejemplo, el cargo de acceso o cuota fija en El Salvador es de 9.43 dólares, que representa 163% más que la de Nicaragua ($3.58) y un 76% más que la de Guatemala ($5.36)”, indicó.
América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, es la principal compañía operadora de telefonía fija en El Salvador, y con el decreto del 21 de enero perderá anualmente un ingreso de unos 120 millones de dólares, según cálculos legislativos. El Faro ha pedido información a la SIGET sobre los ingresos y egresos de las operadoras telefónicas, y a las telefónicas mismas, pero hasta ahora no han respondido.
Este periódico también pidió esta información a la Presidencia de la República, dado que el presidente Funes advirtió que la eliminación del cargo fijo podría provocar que las operadoras se retiraran del país, con la consiguiente pérdida de empleos.
El CDC asegura que Claro El Salvador tuvo utilidades netas de 150.3 millones de dólares en 2006, de 84.2 millones en 2008, y de 10.98 millones en el primer trimestre de 2009.
El decreto de eliminación del cobro fijo hizo al presidente Funes tildar de irresponsable y populista a su mismo partido, el FMLN. Tras dichos calificativos, tanto Arena como FMLN ha mostrado posturas que los acercan, aunque Arena responde con mayor claridad las suspicacia que despierta la forma en que el presidente defiende a las empresas de telefonía.
“Es un decreto que el presidente ha criticado con tanta pasión, ¿no te parece que es extraño? Yo creo que estamos ante el evidente pago de un favor político del presidente a las telefónicas. ¿No te parece extraño que el presidente sea tan duro con el Órgano Legislativo? Solo ha lanzado improperios, no ha visto el fondo”, dice D'Aubuisson en referencia a que el presdiente debe tomar en cuenta que el 90% del mercado de telefonía fija lo acapara CTE S.A. de C.V. (Claro) y el cargo fijo por el mantenimiento de red es de una sola empresa.
Sobre este decreto, Arena y FMLN han flexibilizado sus posturas luego de las críticas del presidente. Ambos partidos hablan ahora de esperar que el presidente tome una decisión para luego evaluar que harán.
Aunque el decreto fue aprobado por unanimidad, parece muy improbable que la Asamblea pueda reunir los votos suficientes para desafiar un posible veto de Funes. El PCN y el PDC, por ejemplo, dijeron haberse equivocado al votar. Arena parece más inclinada a buscar una reforma a la Ley distinta a la eliminación del cargo básico, mientras el FMLN ha dicho que persistirá en su posición.
El presidente puede avalar el decreto, devolverlo con observaciones o vetarlo. El veto puede argumentarse con razones de inconveniencia o de inconstitucionalidad. La Asamblea necesita el apoyo de dos tercios (56) de los 84 diputados para sobrepasar un veto presidencial, mientras que solo hacen falta 43 votos para aprobar o rechazar observaciones presidenciales.
La Asamblea tenía hasta el jueves pasado para enviar el decreto a la Presidencia, y una vez lo recibe, el Presidente tiene ocho días hábiles para decidir el destino del decreto.
