Una reforma al sistema 911 de la policía, una mayor al sistema penitenciario, refuerzos presupuestales a ambos sectores y un programa de atención a las víctimas destacan entre las principales políticas de seguridad pública que el presidente Mauricio Funes y su gabinete de seguridad han comenzado ya a someter a consulta de varios sectores.
El llamado “plan de medidas inmediatas” se basa en cinco ejes de trabajo: represión y control; prevención; un nuevo modelo penitenciario; atención a las víctimas; y reformas institucionales y legales.
Para ello los funcionarios dieron ya a conocer medidas y programas concretos, como refuerzos inmediatos de 30 millones para la Policía Nacional Civil, que serán destinados a la compra de vehículos y equipos de comunicación; para reforzar las unidades de investigación y reacción policial y para el programa de modernización del sistema de emergencias 911.
El Ejecutivo anunció también que dará prioridad a la reducción de factores de riesgo, como la portación de armas y el abuso de alcohol, así como al “rompimiento de la cadena de venganza”. Según cifras oficiales, 24 por ciento de los homicidios son producto de venganzas.
El plan también contempla un estricto control migratorio y fronterizo así como en puertos y aeropuertos.
Probablemente la parte más ambiciosa del plan corresponde a Centros Penales, que pretende una reingeniería total del sistema penitenciario a partir del programa “cero corrupción”, así como medidas específicas para bloquear llamadas celulares y evitar el infiltramiento del crimen organizado entre los custodios.
Pero es justamente Centros Penales lo que mejor ilustra el principal problema de este plan: de los $28 millones de dólares que el presupuesto asigna a esta dirección, la mitad se destina a la alimentación de unos 23 mil reos; y la otra mitad se va en salarios. La Dirección requiere al menos $20 millones más, aunque ya ha conseguido donaciones para una modernización tecnológica, otro de los programas.
Ni Funes ni su ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, revelaron cuánto cuesta todo este plan, y apenas adelantaron que buscarán medidas extraordinarias como trasladar propiedades estatales a la PNC y a otras entidades del gabinete de seguridad para ahorrar parte de los altos gastos en alquileres. Sólo en esta materia, la PNC gasta 4 millones.
Los funcionarios admitieron que aún no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo todas las medidas inmediatas contempladas en el plan. Solo la PNC calcula que necesita más de 60 millones extras, y apenas tiene comprometida la mitad de esos nuevos fondos por parte de Hacienda.
Cáceres adelantó que cuenta ya con 20 millones de la CEL, los 15 millones del BCIE destinados a la modernización del 911 y unos 15 millones más de fondos que sobraron del ya extinto fideicomiso de seguridad abierto por la administración Saca.
Funes aprovechó la primera jornada de consultas, sostenida con medios de comunicación y dirigentes de gremiales empresariales, para solicitar apoyo financiero y recibió una respuesta positiva del sector privado, que ha manifestado también su interés en invertir en la seguridad pública (como administración de centros penales).
El presidente abrió esta primera reunión admitiendo que las instituciones del Estado están infiltradas por el crimen organizado y que muchos ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones. El presidente llamó a todos los sectores a involucrarse en el plan, advirtiendo que, a pesar de la situación actual, El Salvador no es ni un narco estado ni un estado fallido. Es, admitió, un estado provocado por el crimen organizado, que es fuerte y está bien armado.
El Salvador es el país más violento de América Latina, con una tasa de homicidios que ya sobrepasa los 70 por cada cien mil habitantes. Los primeros días de febrero han registrado un promedio de 16 asesinatos diarios.
Diversos sectores han elevado públicamente la voz de alarma ante el aumento de homicidios y extorsiones, y desde el sector privado se han publicado documentos con varias propuestas para el sistema de seguridad pública.
En el Ejecutivo, antes de esta presentación, solo se había manifestado el Ministro de Defensa, quien propuso decretar un estado de excepción en los municipios y comunidades más peligrosos, un mayor protagonismo del ejército y mantener la permisividad para portación de armas.
Pero el presidente descartó casi por completo la propuesta de su ministro. Advirtió que su gobierno no está considerando decretar un estado de excepción, y que diversos estudios demuestran que las personas armadas corren más riesgos de morir en manos de un delincuente, por lo que apoya prohibir la portación. En cuanto a las escuchas telefónicas, estancadas en un debate en la Asamblea por determinar si se aprueban bajo control de la policía o la fiscalía, el ejecutivo propone crear un directorio mixto entre ambas instituciones, bajo supervisión de la Procuraduría de Derechos Humanos.
