El presidente de la República, Mauricio Funes, objetó el decreto que pretendía eliminar el cargo básico de telefonía fija, diciendo este lunes a los diputados que equivocaron la terminología y pidiéndoles que consulten con los involucrados y los afectados.
El gobernante frenó así el proceso de formación de ley de un decreto que lo había enfrentado incluso con su propio partido, el FMLN, que fue el que impulsó que se eliminara el pago mínimo por telefonía fija, lo que le costó que Funes terminara calificándolo como 'irresponsable y populista'.
Al devolver con observaciones a la Asamblea Legislativa el decreto del 21 de enero, el presidente señala que el texto se refiere de manera equivocada al pago mínimo, que es de 9.42 dólares mensuales, y que según las estimaciones de los diputados supone un ingreso superior a los 120 millones de dólares al año para las operadoras telefónicas.
En el documento de seis páginas que ingresó al parlamento a las 5:52 p.m. de este lunes, Funes asegura que la medida votada por unanimidad no fue suficientemente discutida. Sin embargo, el presidente no envió, tal como lo dijo el 11 de febrero pasado, una propuesta de cargo reducido. “Yo logré hablar con las empresas de telefonía, les persuadí de que si bien se habían modificado las reglas del juego, porque se había modificado los contratos; podíamos, en una adecuada gestión y en una negociación con los diputados de la Asamblea Legislativa, poder llegar a un acuerdo, de tal manera que si bien pueden verse afectadas, no lo suficiente o no tanto como para que decidan retirarse del país y afectarnos en términos de pérdida de empleo”, dijo ese día el presidente.
La primera observación del mandatario es el error en el nombre que los diputados usaron para dicho cobro: “Es pertinente sostener prima facie (en primer lugar) la inexistencia de un cargo básico de telefonía fija o cargo básico del servicio público como tal”, dice antes de aclarar que en la legislación vigente el pago se llama “cargo de acceso”.
El segundo punto sostiene que los diputados solo interpretaron que tras la privatización de ANTEL, las telefónicas mantendrían el cobro del cargo básico para recuperar la inversión, pero el gobernante asegura que en el mismo artículo de la Ley de Telecomunicaciones se establece como requisito para la conexión a telefonía fija el pago de dicho cargo.
El gobernante ya había dejado claro que no pensaba vetar el decreto, aunque objetaba el fondo de la decisión. En las semanas posteriores a la emisión del decreto, todos los partidos -incluso el FMLN al final- fueron variando su posición, dejando claro que no iban a desafiar a un duelo al presidente, quien de inmediato había rechazado la medida.
El documento enviado y firmado por el presidente Funes también alega que hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que sientan un precedente que establece un mínimo debate legislativo para aprobar medidas de este tipo. 'No basta con los votos del parlamento para que haya ley, sino que tiene que haber deliberación (discutida, publicitada elaboración de ley)', dice la parte de la sentencia citada por el presidente en sus observaciones.
En el documento de réplica a la Asamblea, Funes no propone un monto tarifario, aunque sí sugiere que los diputados discutan el tema con las operadoras telefónicas, de las cuales la más perjudicada es CTE, que con la marca Claro tiene alrededor de un millón de líneas fijas.
El diputado Roberto Lorenzana, del FMLN, aseguró en una entrevista con El Faro que él mismo discutió el cobro fijo con representantes de las operadoras. Lorenzana es el encargado de su partido en el tema de las tarifas telefónicas y fue gerente de campaña de Funes, con quien terminó distanciado. El parlamentario observa que el presidente no hizo una propuesta de salida al decreto, sino que solo hizo una serie de comentarios, que a su juicio lo que implican es atenderlos y posiblemente insistir en la eliminación del cobro. 'Creo que no hay propuesta, se suponía que las observaciones incluirían una reducción, pero no la propone, es una argumentación de por qué no está de acuerdo. Hay algunas cosas que hay que aceptarlas, no hay problema… dice que en la ley se llama cargo de acceso, es cierto, pero en los recibos dice cargo básico, así que estamos hablamos de lo mismo, pero como no hace propuesta, si se refiere al nombre, se le puede aceptar, no hay problema, cambio de nombre”, dice, al comentar la respuesta presidencial.
El jefe de los diputados areneros, Donato Vaquerano, dice ahora que será difícil lograr la eliminación del cobro, pero que verán qué dicen las telefónicas para ver si se consigue algo: “Quiero decirle que si actuamos en este decreto fue parar el aumento de 9 a 14 dólares al cargo de tarifa fija, o como se llame, sobre todo en estos momentos duros de economía. Si el presidente lo ha observado, lo más lógico es hacer los análisis respectivos para ver qué conseguimos con las telefónicas, que regrese a la Asamblea permite un estudio más exhaustivo”, dice.
Este lunes, en todas las bancadas legislativas circuló un memorando rotulado como “confidencial”, que contenía una supuesta propuesta de las empresas telefónicas al presidente Mauricio Funes. Dicho documento con fecha viernes 12 de febrero, afirma que “como operadores, Telecom, Claro y Operadores Nacionales” llegaron a un consenso: “Estamos dispuestos a aceptar la propuesta integral presentada por el secretario técnico de la presidencia el pasado 10 del presente”.
El documento enumera los puntos con los que estarían de acuerdo las empresas telefónicas: el primero es reducir el cargo básico de telefonía fija a 6.34 dólares más IVA, es decir, unos 7.20 dólares. El segundo es aceptar eliminar el CPP (Calling Party Pays) o quien llama paga. El tercero es establecer como tarifa máxima de 21 centavos por minuto más IVA para al servicio de llamadas de un teléfono fijo a un aparato móvil.
Los diputados del FMLN aseguran que el documento es auténtico, pero aclarararon que no son propuestas oficiales que estén en la mesa de negociación de la Asamblea. Desde la semana pasada, las declaraciones de los diputados del FMLN y del mismo presidente indicaban que el cobro seguirá vigente.
Hasta ahora, ni los diputados, ni el presidente Funes ni las operadoras telefónicas han transparentado sus cuentas, y mientras Funes ha dicho que el decreto legislativo impactaba de tal forma a las operadoras que podrían irse del país, los legisladores en un principio aseguraron que tenían argumentos para decidir la eliminación del cargo básico.
