El ministro de justicia y seguridad pública, Manuel Melgar, apilaba un montón de papeles mientras iba pronunciando sus títulos este viernes: de un fólder celeste sacó un documento, “Política nacional de seguridad pública”; luego uno anillado y empastado en plástico negro, “Política penitenciaria”, luego otros dos, elaborados por la policía, “Plan estratégico 2009-2014” y “Plan Batalla por la Paz”. De todo eso, el ministro no habló.
El miércoles 17 de febrero se anunció que el gabinete de seguridad presentaría este viernes las estrategias con las que piensa combatir la violencia y la criminalidad en el país. Este sería el primer anuncio oficial sobre el tema, luego de ocho meses de haber asumido el Ejecutivo y después de una amplia ronda de consultas con distintos sectores, que abarcó desde medios de comunicación hasta iglesias y a las que sólo se accedía bajo un acuerdo de estricta confidencialidad.
La ceremonia fue presidida por el secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hato Hasbún, quien aseguró que por mandato presidencial se había estado trabajando, durante meses, en la elaboración de una compleja estrategia de combate al crimen. En seguida tomó la palabra el ministro Melgar para comentar, entre otras cosas, que esta política no podía ser develada en su totalidad y que por lo pronto hablaría sólo de las medidas “inmediatas”; estas se referían a la policía, a centros penales y a migración.
Sobre la policía, el ministro adelantó que a partir del 15 de marzo la institución entraría en un régimen de disponibilidad focalizado en las áreas de mayor necesidad y que las fuerzas armadas hospedarían a los policías en algunos de sus locales, además de prestarles 700 fusiles. Que se invertirá en mejorar el equipo tecnológico del sistema 911. Que están prontos a graduarse 247 nuevos agentes y que 150 mujeres policías de tránsito saldrán a hacer cumplir el reglamento vial y de paso a reivindicar la política de género del presidente Mauricio Funes. Que habrá mil 87 ascensos, desde cabos hasta inspectores, y que los Estados Unidos han donado 272 computadoras. Además, ahora los agentes dispondrán de 100 dólares como bono de comida y un poco más para los investigadores.
En el área de Migración anunció que los militares custodiarán los puntos ciegos en las fronteras y que seguirán haciendo lo que hacen ahora: apoyar a la policía. Sobre la nueva política penitenciaria anunció que de inmediato entraría en vigencia el plan “cero corrupción”, del que ha decidido no decir más que el título... por razones de seguridad.
Todas estas propuestas tendrán un costo de cerca de 67.5 millones de dólares, de los cuales 15 dependen de la aprobación de un préstamo, 21.5 de cooperación internacional y el resto, menos de la mitad, saldrá de recursos propios del Estado. En este cálculo no está incluido el costo que tendrá el plan secreto de centros penales, porque el monto también es secreto.
Por insistencia de la prensa, los miembros del gabinete se refirieron a algunos otros asuntos, como por ejemplo la propuestas del general David Munguía Payés en el sentido de decretar estado de excepción en algunas áreas del país: el general aseguró que si bien no había sido contemplado dentro del paquete de medidas “inmediatas”, no hay nada descartado. Sobre la posibilidad de impulsar desde el Ejecutivo una ley que prohíba la portación de armas en el país, Melgar dijo que no hay decisión, y que esa medida tendría que ser “ampliamente discutida” en el futuro.
-General Payés, usted estaba convencido de la necesidad de implementar estados de excepción para paliar la violencia. ¿Ha quedado descartada la medida?
-Si ha quedado descartado esto no se lo puedo contestar en este momento, no quiero telegrafiar algunas medidas que se pudieran dar en el futuro.
-El subdirector de seguridad pública de la PNC (Hugo Ramírez) mencionó que habían solicitado que el ejército se hiciera cargo de algunos centros penales. ¿Esto sí está descartado?
-Por el momento ninguna de las recomendaciones que se han hecho están descartadas; en la medida en que desarrollemos el plan lo iremos evaluando y pudiera ser que algunas medidas se contemplen en el futuro.
La directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos, tampoco ha conseguido despejar sus dudas. Pese a que este organismo fue diseñado como un consejo asesor, en la práctica es una sola persona la que lo integra. Asegura que le ha pedido al presidente que defina sus funciones, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta: “Le hemos pedido al presidente que defina la ubicación, porque si no va a ser un ente asesor, tiene que ser ejecutor, entonces estamos esperando que él lo defina”.
Ni Hasbún ni Melgar quisieron comprometerse con resultados concretos, ni con plazos específicos. Sin embargo, el secretario de Asuntos Estratégicos mostró una hoja en la que aseguró que estaba diseñada toda una matriz de trabajo, con plazos, indicadores y mediciones para cada punto. La hoja no es pública. En seguida, Melgar tomó la palabra y fue sacando papeles de su fólder celeste, a los que luego sepultó bajo un anillado negro y dos documentos más: “Para los que dicen que no tenemos un plan, ¡aquí está la prueba!”, sentenció, dándole una palmadita a la pila de planes secretos.
