Los diputados que el 21 de enero habían decidido que no se justificaba el cobro del cargo básico por telefonía fija, terminaron este miércoles cediendo ante la compañía Claro y acordaron fijar una cuota mensual superior a los 6 dólares, que será de entre 6.12 y 6.14 dólares, o entre 6.91 y 6.94 dólares, según la persona que explique el pacto.
El acuerdo de la subcomisión encargada de resolver el cobro se produjo al final de un proceso oscuro de consultas, y no tuvo el respaldo de los partidos FMLN y CD, según reveló el diputado arenero Eduardo Barrientos.
El diputado pecenista Francisco Merino se atribuyó haber hecho la propuesta de que el cobro fijo sea de 6.14 dólares más iva, aunque otros parlamentarios hablan de 6.12 dólares más iva, lo que supondría un rango de entre 6.91 y 6.94 dólares. No obstante, algunos legisladores, los de Gana, Arena y FMLN, aseguran que los 6.12 o 6.14 ya incluyen el impuesto.
En cualquiera de los casos, el triunfo es de la empresa Claro, que había entrado en pugna con las otras operadoras telefónicas por los cobros que se hacen mutuamente en concepto de conexión de línesa fijas a celulares y viceversa.
Claro había propuesto hace unas semanas un pago de 7.17 dólares, es decir, 2.25 dólares menos que los 9.42 actuales. Sin embargo, en los últimos días, propuso un cobro por debajo de los 7 dólares, en contraste con las operadoras de telefonía móvil, que aseguraban que era injustificable un cargo básico superior a 5 dólares mensuales.
Diputados apagaron la luz
Hasta el martes, los diputados se mantenían mayoritariamente en favor de una cuota que ronde los 5 dólares, pero el mismo martes estaban inmersos en una jornada de consultas a puerta cerrada. Este miércoles, en el último tramo de los debates, los diputados de la subcomisión ad hoc sesionaron en la sala correspondiente a la Comisión de Economía, pero suprimieron el audio para que los periodistas no pudieran escuchar lo que se discutía.
El 2 de febrero, los diputados de la Comisión de Economía coincidían ante las luces de las cámaras de los medios de comunicación en que no era transparente la forma en que se establecen las tarifas de telefonía fija. Un mes después, apagaron la luz y empezaron a negociar a oscuras con los representantes de las operadoras telefónicas.
El negocio afectado por el decreto del 21 de enero tiene una bolsa de más de 120 millones de dólares anuales, que en su mayoría (el 90%) ingresan a las cuentas de Claro, empresa del grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, que con una fortuna de un poco más de 47 mil millones de dólares ostenta el título de tercer hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. El 10% restante del pastel se lo reparten cinco compañías.
Después de exigir ante micrófonos y cámaras transparencia, los diputados comenzaron a esconderse. Desde ayer, 2 de marzo, cerraron las puertas de la comisión de Economía, apagaron la luces, y decidieron realizar en privado las negociaciones. Representantes de cada fracción se reunieron a escondidas en una oficina de la segunda planta.
La última reunión a luz pública, en la que se trató el tema, cerró cerca de las 3 de la tarde cuando decidieron crear una subcomisión para acelerar las negociaciones. En el transcurso de una tarde, la subcomisión resolvió todo a puerta cerrada. Una diputada de derecha ilustra sus sospechas respecto de la forma en que se resolvió el caso. “Las telefónicas andan buscando dónde pueden dejar dinero”, comentó, en referencia a la posibilidad de sobornos.
La jornadas a puerta cerrada comezaron en horas no hábiles, después de las 3:30 de la tarde. Estas reuniones no fueron exclusivas para diputados, también hubo rondas aún más privadas entre representantes de todas las telefonicas, que por separado, se reunieron con diputados de todos los partidos.Cada partido delegó a uno o dos diputados para la discusión fuera de cámaras. El PCN designó a Francisco Merino para ser parte de la comisión, el PDC a Francisco Zablah, el CD a Douglás Avilés y Gana a César García y a Nelson Guardado. Para representar a el FMLN fueron elegidos Blanca Coto y Roberto Lorenzana, y Arena designó a Roberto d'Aubuisson y a Enrique Barrientos.
A puerta cerrada estos diputados acordaron no hacer públicas las propuestas que de esa mesa salieran. Los partidos mayoritarios tiraron sus cartas sobre la mesa. Gana y PDC se abstuvieron de detallar su apuesta. El FMLN insistió en la eliminación del cargo básico, a pesar de estar consciente de no tener los votos y Arena se inclinó por una reducción sustancial. ¿Resultados de la cita? Consultarlo con la almohada.
Eran cerca de las 6 de la tarde y la almohada podía esperar. Por ejemplo, el FMLN tenía una fila de cabildeadores de las telefónicas, que esperaban su turno para reunirse con los diputados. Cada compañía tenía un argumento para defender sus intereses en detrimento de otras compañías o de las intenciones de los diputados. “Las telefónicas nos buscaron a nosotros y buscaron audiencia con todos los partidos en privado”, dice un diputado que participó de las negociaciones con las empresas.
Alrededor de las 9 de la noche, luego de haber pasado por todos los grupos parlamentarios, salió el último de los cabilderos de las empresas telefónicas. La más afectada, Claro, pidió que se mantuviera la tarifa de 7.17 de dólar, con iva incluido. Las otras compañías (Tigo, Digicel, Telefónica, Red) pujaron ante los diputados para que la tarifa por cargo básico fuera de 5 dólares con iva incluido.
Las empresas de telefonía móvil, que ahora se han agrupado en contra de Claro, aseguran que esta compañía tratará de recuperar su ingreso en concepto del cargo básico pasándoles las factura al incrementar el cobro por conexión entre fijos y móviles.
Aunque las citas privadas no están prohibidas, según el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, los debates de comisión por norma son públicos y excepcionalmente en privado.
Teléfonos inteligentes
La eficacia de las empresas afectadas para llevar su voz a los oídos que pueden incidir en la toma de decisiones que les afecten no es novedosa. Un día después de aprobada la eliminación del cargo básico, los teléfonos de los más altos funcionarios de Casa Presidencial comenzaron a recibir llamadas para pedir ayuda.
El mismo presidente Mauricio Funes hizo público cómo atendió estás llamadas provenientes de teléfonos muy particulares a los que el presidente atiende: “Yo ya he comenzado a recibir llamadas de los empresas telefónicas que anuncian que de ser sancionada la medida, tendrán que retirarse del mercado salvadoreño, con lo cual se va a afectar el empleo”, dijo el mandatario días después en defensa de las compañías. El presidente no ha brindado la información sobre los costos y las pérdidas por los cuáles se explicarían la huida de las telefónicas del país.
Tan influyentes eran esas llamadas, que el mismo presidente se metió al ring para pelear contra los que habían aprobado la medida. Le dijo a los diputados de su partido 'populistas e irresponsables' por haber elimnado la cuota fija de telefonía sin consultarlo con las empresas. El debate representó el primer choque de importancia entre el mandatario y su partido.
En respuesta, el partido le recordó al gobernante que la fracción legislativa ha aprobado “todas y cada una de sus iniciativas” y que la medida era parte del plataforma legislativa que prometieron en campaña. El 15 de febrero el presidente devolvió el decreto legislativo con observaciones, en las que argumentaba equivocaciones en la terminología y pedía que consultaran con los involucrados y los afectados.
El debate, en el que cada cada parte pide transparencia y datos, la voz más fuerte sobre el tema la tendría la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), que se ha declarado incompetente. “Soy nuevo y hay mucha información que todavía no conozco”, respondió el superintendente Luis Méndez Menéndez, cuando los diputados le preguntaron con base en qué criterios y cómo se hace la fórmula para definir el cargo básico que aparece en los recibos de teléfono.
Hasta ahora, la información es secreta o no existe. Sin números públicos, y con base en el cobro de otros países, es que las fracciones han tirado sus cartas. En la reunión a oscuras del martes, Arena propuso que la cuota fija no alcanzara los 6 dólares. “Fue como cinco y fichas lo que propusieron, pero no saquen esto porque quedamos en que no íbamos a adelantar nada”, dice un diputado.
Gana escondió su carta y dijo que iba a consultarlo con la almohada. El PDC también. El PCN fue ambiguo y dijo que podrían aprobar una tarifa mínima de 5 dólares, como en la región, pero aún tenían que discutirlo como bancada. Cambio Democrático propuso que el cargo básico fuera de 2 dólares con 11 centavos, cifra que sacaron a partir de estudiar la tarifa más baja de la región. El FMLN asegura que mantiene su posición a favor de eliminar el cargo básico, sin embargo, el discurso es ambiguo, ya que hablan de apoyar “la propuesta que más convenga a la gente” cuando explican que no tienen los votos y que votarán por la reducción más baja que provenga de otro partido.
Según datos de la SIGET; en El Salvador hay más de un millón 137 mil líneas fijas en funcionamiento. La mayoría de usuarios son de Claro, empresa que afirma que los ingresos producto del cargo fijo sirven para mantenimiento de las redes. Los diputados dicen desconocer los costos y han pedido a la SIGET los números. La SIGET dice que no tiene esa información y el Superintentende dice que es nuevo en el cargo.
El acuerdo de la subcomisión debe pasar a la Comisión de Economía, para que esta emita dictamen. Los diputados intentarán aprobar el decreto este jueves, en la sesión plenaria.
El diputado Merino aclaró que el decreto será transitorio y admitió que la decisión del cobro básico se tomó prácticamente a ciegas. 'No sabemos si las empresas pueden perder o no con esto. Si nos hemos ido muy arriba, la SIGET tendría que bajar la cuota. Si quedó muy abajo, la SIGET tendrá que subirla', dijo Merino.
