Cuando faltan seis días para que se cumplan 30 años del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, la Procuraduría de Derechos Humanos solicitó al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993.
El procurador Óscar Luna invocó una de las tres recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre el caso 11.481 referido al homicidio del arzobispo de San Salvador y emitido el 13 de abril de 2000, en el que exige al Estado salvadoreño adecuar la legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la ley de amnistía. Según el derecho internacional, las recomendaciones de este organismo son de obligatorio cumplimiento para los Estados que la conforman, dentro de los cuales está El Salvador.
Pese a que Luna dirigió su solicitud particularmente al Órgano Legislativo, se refirió también a la responsabilidad que el gobierno de Mauricio Funes tiene en el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH: “El gobierno no puede decir que no tiene nada que hacer... ¡Es la voz del presidente! Y seguramente los diputados escucharán su posicionamiento”, dijo en conferencia de prensa. Más adelante, agregó: “Esperaría que el presidente se pronunciara a favor de la Ley de Amnistía”.
Hasta ahora, Funes ha dicho que a él no le corresponde derogar la ley y que, por lo tanto, no puede hacer nada. Sin embargo, la CIDH, en la audiencia contra El Salvador el pasado noviembre, logró sacarle un compromiso al gobierno para que gestionara ante la Fiscalía que investigue el crimen y ante la Asamblea que promueva la derogación de la ley.
El procurador también cuestionó una de las promesas de campaña del actual presidente, la de no promover la derogación de la Ley de Amnistía, aduciendo que puede reabrir heridas. “No comparto la opinión del presidente, no sé por qué lo dijo, pero no lo comparto”.
Las palabras de Luna se enmarcaron en una actividad organizada por la PDDH, al lado de la capilla en la que fue asesinado el arzobismo. Al evento asistió el canciller de la República, Hugo Martínez. Pese a que estaba invitado, el fiscal general, Romeo Barahona, no asistió ni justificó su ausencia.
El canciller de la República recalcó que este gobierno reconoce las recomendaciones de la CIDH como obligatorias, aunque desmarcó al Ejecutivo, asegurando que la derogatoria de la Ley es competencia exclusiva del Órgano Legislativo. Pese a las insistencia de este periódico, Martínez se negó a hacer explícita la postura de este gobierno en relación a la Ley de Amnistía.
La ley en cuestión establece “una amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con estos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del primero de enero de 1992”.
El pronunciamiento de la PDDH recuerda que el informe de la Comisión de la Verdad estableció “la responsabilidad y participación de personajes relacionados al poder del Estado, principalmente, a las Fuerzas Armadas y al partido político Alianza Republicana Nacionalista (Arena)...”
Jorge Velado, vicepresidente de Arena, soslaya el señalamiento de Luna. “Me sorprende que el procurador no sepa hacer una buena relación de fechas. A Romero lo mataron el 24 de marzo de 1980 y Arena se fundó en septiembre de 1981, Arena no existía. Arena no tiene nada que esconder”, responde.
Velado asegura que el partido que dirige está en la completa disposición de ayudar a aclarar el crimen, aunque asegura que es poco lo que Arena puede aportar: “Si el partido pudiera colaborar en algo, el partido no se va a negar, si es para aclarar crímenes. Aclarar un crimen, cualquiera que sea, es obligación de cualquier salvadoreño, la ley condena a cualquiera que esconde un crimen”, dice.
El Faro adelantó este jueves una fracción de las declaraciones que el ex capitán Álvaro Rafael Saravia, dio en exclusiva a este periódico en relación con el asesinato de monseñor Romero. El ex lugarteniente del fundador de Arena es la única persona que ha sido condenada por el homicidio del arzobispo.
Velado, aunque asegura que hay voluntad de ayudar a aclarar el crimen, cierra su comentario con una reflexión sobre lo inconveniente que sería derogar la Ley de Amnistía: “Derogar la Ley de Amnistía no sería sólo para resolver el problema el asesinato de monseñor Romero... los primeros que tendrían que rendir cuentas son algunos funcionarios de este gobierno, como el ministro de seguridad pública (Manuel Melgar), que está involucrada en la muerte de los marines. El procurador debería considerar que a los primeros que les va a afectar es a sus amigos del FMLN... Volver a abrir esas heridas y echarles limón no vale la pena, solo va a llevar al odio”, considera.
