Los querellantes pedirán el miércoles a la justicia federal argentina que abra juicio por tres casos concretos de asesinatos cometidos durante la guerra en España (1936-1939), esperando que estos sean el puntapié para que muchos más se sumen en los próximos meses.
El abogado Carlos Slepoy explicó a la AP que en la querella se invocará el principio de jurisdicción universal, por el cual los delitos de genocidio y de lesa humanidad 'no prescriben y son perseguidos por tribunales de cualquier país'. Ese justamente fue el principio que invocó repetidas veces Garzón cuando inició procesos contra acusados de crímenes contra la humanidad en otras partes del mundo. Ahora mismo, la Audiencia Nacional de España ventila una querella contra 14 militares salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani, acusados de su rol en el asesinato de sacerdotes jesuitas en 1989 en El Salvador.
Esa visión de la justicia universal, sin embargo, no la aplica la justicia de España para sí misma, que ahora está procesando a Garzón por haber intentado investigar los crímenes durante la dictadura, a pesar de una ley de amnistía de 1977.
Según el principio de jurisdicción universal, las leyes de amnistía no pueden perdonar los crímenes contra la humanidad.
Slepoy -especialista en derechos humanos y quien colaboró con los abogados que prepararon la querella- se quejó de que sobre Garzón penda el riesgo de ser inhabilitado como juez por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, dictadura que se prolongó hasta 1975.
Los casos puntuales que se presentarán para su juzgamiento son los fusilamientos durante la guerra de los españoles Severino Rivas, Elías García Holgado y Luis García Holgado. Los querellantes son Darío Rivas, hijo de la primera víctima, e Inés García Holgado, nieta y sobrina de las dos últimas, respectivamente. Ambos residen en Argentina.
En la presentación judicial se pedirá, además, la investigación de los miles de asesinatos y desapariciones ocurridos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936, un día antes del alzamiento militar encabezado por el Franco contra el entonces gobierno republicano, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas del período de transición que comenzó con la muerte del dictador en 1975.
Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) se presentarán como parte querellante y brindarán así su apoyo a Garzón.
Máximo Castex, uno de los abogados de la causa, dijo a la AP que al alegar que dichos delitos son ejemplos de genocidio o, en el menor de los casos, de crímenes de lesa humanidad, es muy probable que 'comiencen a sumarse automáticamente' otras querellas de argentinos con familiares asesinados en España y de españoles que viajarán desde su país para reclamar justicia.
La Cámara Federal de Buenos Aires tendrá que sortear la causa, que recaerá sobre un juez que, a su vez, deberá pedir el pronunciamiento de un fiscal sobre el asunto, para después tomar una decisión sobre si la querella es admisible o no.
En caso de considerarla viable, sería la primera vez que un juez federal argentino decide aplicar el principio de jurisdicción internacional para delitos cometidos en el exterior.
Castex considera que para fundamentar su decisión de investigar estos casos, la justicia argentina puede invocar que la Constitución recoge el principio de justicia universal, así como que la doctrina de derecho penal internacional habilita juzgar crímenes aberrantes.
El hecho de que el reclamo de justicia se plantee en Argentina está relacionado con la acogida de miles de exiliados afines a la Segunda República española en este país al término de la Guerra Civil.
Además, se suma el agradecimiento que entidades de derechos humanos desean brindar a Garzón por haber procesado a militares argentinos acusados de violaciones a los derechos humanos durante la ultima dictadura (1976-1983).
Garzón será juzgado en España por excederse presuntamente en sus competencias al abrir la investigación sobre los crímenes del franquismo. Se acusa al magistrado de haberse extralimitado en su fallido intento por investigar las detenciones, fusilamientos y desapariciones de opositores del bando republicano al franquismo, a los que calificó de crímenes contra la humanidad.
La Fiscalía asegura que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía de 1977, promulgada para superar los enfrentamientos entre españoles.
Según Garzón, hasta 114 mil personas permanecen desaparecidas o enterradas en fosas comunes desde la época de la contienda. El juez tuvo que dejar la investigación del asunto en manos de tribunales regionales, que según Castex no han avanzado en el asunto.
