El trabajo de la abogada española Almudena Bernabéu se parece al de los cazanazis profesionales: ella persigue a ex dictadores en desuso, a genocidas venidos a menos, a violadores de derechos humanos, a torturadores escondidos y los sienta en el banquillo de los acusados. La institución para la que trabaja, el CJA (Center for Justice and Accountability), ha abierto casos en casi toda América y han sido los únicos en conseguir una condena por el homicidio de monseñor Romero. Justo en este momento el CJA tiene un caso abierto en España contra 14 militares salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani, por la muerte de los sacerdotes jesuitas.
El asesinato del arzobispo Romero sigue siendo un asunto esencialmente político en El Salvador. ¿Ve terreno fértil para que se haga justicia?
No creo que sea un terreno yermo del todo, pero no se dan todavía todas las circunstancias necesarias para que se pueda buscar justicia de una manera ordenada, para que la Fiscalía pueda investigar y se resuelvan crímenes del pasado. Sí creo que en todos los países hay un principio para esos procesos, y que en estos momentos hay algunas de las condiciones políticas necesarias para que se abra ese proceso, siempre que no se caiga sólo en el folclor... No quiero aminorar el valor del perdón... Mauricio Funes es un hombre apasionado y reconocer la culpa es importante en los procesos de justicia, pero en un país con tanto daño, y con tanto daño hecho desde el Estado, no va a ser suficiente.
¿Se refiere a que no basta con lo que ha hecho el Ejecutivo?
A que no bastan medidas de tipo reparatorio como un perdón colectivo, o un reconocimiento global de responsabilidad estatal, en abstracto. Son acciones importantes, muy simbólicas, son el inicio de procesos más o menos de reconciliación, pero son insuficientes. La gente va a necesitar medidas concretas de reforma de la Fiscalía y la judicatura, que se inicien investigaciones, que se determine la responsabilidad individual de personas en casos emblemáticos, como el caso de monseñor. En Guatemala, por ejemplo, ahora mismo hay una especie de consenso sobre los procesos contra Ríos Montt y la cúpula militar de los años más duros de la guerra. Hay una reforma seria en la Fiscalía General de Guatemala y una especie de pacto para realizar una transición en silencio: se van a investigar y juzgar 10 casos emblemáticos, y se va a buscar a los responsables. Esto reúne al Ejecutivo, la Asamblea, los políticos, lo judicial... 10 casos equivalentes al de monseñor Romero para pasar la página, casos de masacres, casos que ellos piensan que van a simbolizar un resarcimiento para todas las víctimas.
Uno de los logros del CJA en los casos de violaciones de derechos humanos juzgados en Estados Unidos fue asentar jurídicamente que en El Salvador el conteo para la prescripción de casos debía empezar en el 92, porque antes no había condiciones políticas, etcétera, para un juicio. ¿En El Salvador, después del 92, sí hay condiciones institucionales para que haya justicia?
No inmediatamente. Yo no estoy en contra per se de las leyes de amnistía… Las leyes de amnistía sirven a un propósito. La de El Salvador fue una afrenta política, porque el informe de la Comisión de la Verdad es uno de los poquitos informes de este tipo que nombra y señala a jefes policiales por los crímenes, y eso generó cierto pánico, un “madre mía, nos van a cazar”, y entonces aparece esa Ley de Amnistía como una bofetada, diciendo “no te preocupes porque hay cómo podemos garantizarnos las cuotas de poder y las prerrogativas que teníamos”. Pero aun así pienso que sirve a un propósito: que los primeros 10 años haya una idea general de que no habrá vendettas ni se va a utilizar las instituciones en contra del otro. Pero tú puedes establecer un plazo en que las dos fuerzas políticas que firman los acuerdos generan confianza, sosiego y después… ¡cancelas esa amnistía!, cuando tienes las instituciones fuertes y cuando empieza el movimiento de derechos humanos y de reivindicación de las víctimas.
¿Resarcir a las víctimas tiene necesariamente que pasar por procesos judiciales?
Yo creo en los procesos formales y judiciales, pero no son la única manera de resarcir o de reparar. Para nada. Lo que pasa es que la experiencia comparada, incluso en otros países en la región, te cuenta que casi siempre un proceso con una autoridad investida, con la presencia de un juez o un fiscal, o con la presencia de un grupo de ciudadanos investidos con determinada autoridad... ese formalismo sosiega a la gente. Es decir, la neutralidad... Se puede hacer un baile dedicado a las víctimas, o un muro dedicado a las víctimas, pero yo he visto el efecto que produce el hecho de que sea un juez al que no conoce nadie y que no tiene por qué involucrarse en tu historia personal, el que la legitime, asentando que estás diciendo la verdad, que efectivamente te torturaron y que tu tortura fue espantosa y que constituye un crimen. No creo que judicializar sea la única manera, pero tiene un efecto demoledor, en sentido positivo, que pocas otras experiencias pueden procurar.
Un proceso judicial supone enfrentamiento de versiones, y esa idea de enfrentamiento, que hay quien identifica como división, es justo lo que muchos piden evitar.
Si la justicia formal es eficaz es porque los seres humanos tenemos tendencia a ocultar, a que nos tengan que forzar a decir ciertas verdades de determinada manera. Las sociedades en las que vivimos tienen 450 mil mecanismos para forzar la verdad o para sacarla, o para que, incluso, cuando esta se niega, quede establecida de maneras indirectas o inductivas. Es por eso que creo que la justicia formal es tan eficiente. ¿Qué te enfada más cuando eres padre? Que tus hijos te digan que no han hecho algo cuando tú sabes que lo han hecho. Hay una tranquilidad y un sosiego cuando te dicen “lo he hecho yo”. Lo que se ha roto quizá no se puede reponer nunca, pero no te quedas con la frustración.
Por años, en El Salvador, sucesivos presidentes nos han repetido: “Eso sirve para enemistar y para revivir odios del pasado, para romper sociedades y para reabrir heridas”.
Eso es absolutamente falso. Con lo de la reapertura de las heridas yo me parto de risa: primero, ¿las heridas de quién? Y después, decir que se reabren heridas es presuponer que en algún momento se cerraron, y no hay cliente mío que tenga la herida cerrada; lejos de eso, las heridas le supuran, están sangrantes desde los 80s, las familias están destrozadas, el recuerdo de los hijos que faltan no los deja reconstruir sus vidas... ¡Mentira, las heridas no se han cerrado! ¡Que me cuenten los políticos esquivos, que eluden su responsabilidad, qué heridas son esas! Claro, si me están hablando de las heridas del ejército esa es otra cosa: el proceso de adaptación a perder el poder, a que te abandone la oligarquía… Ahí sí hay heridas importantes, pero son de otro tipo. Yo creo que los gobernantes tienen miedo. Argentina ha superado ese momento: ese temor al caos. Lo que ha habido es sobreacumulación de procesos en los tribunales, y por saturación no se ha podido atender las necesidades de las víctimas. No existe la fórmula perfecta. Pero yo creo que allí la ciudadanía está feliz por ese acto de verdadera voluntad de echarles una mano. No me están negando el acceso a ese juzgado solo porque hay una ley de amnistía que va a proteger a los hijos de puta que mataron a mis hijos.
Está diciendo que la negación es más violenta.
Exactamente, la negación es más violenta que la disfuncionalidad.
Derogar la Ley de Amnistía, ¿no sería como traicionar el acto de “buena fe” a partir del cual aquellos que firmaron la paz se sentaron a negociar sobre la base de que no acabarían presos? ¿No sería violar un contrato de origen, traicionar una confianza básica?
Ya no. El problema es que no puedes ir contra la ciudadanía por haber querido ir en favor de la ciudadanía. Si las amnistías están de verdad destinadas a facilitar el proceso, a garantizarlo, a tenerlo entre algodones, como a un bebé con problemas, a ver si perdura o no perdura, si sale con éxito adelante…. mantenerlas más de un determinado tiempo, en contra de lo que la ciudadanía -que legitima ese pacto inicialmente- quiere, va a tener el efecto perverso: se va a convertir en garante de la impunidad, en fuente de un “vale todo”.
¿Tiene alguna prueba de que la ciudadanía no quiere esa Ley de Amnistía?
Las reclamaciones. En El Salvador, como en España, hay una ciudadanía adormecida y apática, pero también hay una sociedad civil que pide incansablemente la derogación. Lo que pasa es que hay quien está mal informado, porque el discurso siempre ha sido contrario, ha gobernado por 20 años una fuerza política con intereses muy claros en que esa amnistía no se derogue. Yo sé que también dentro del FMLN hay muchos que no quieren que se derogue la amnistía porque podrían saltar chispas, pero te aseguro que Arena tiene mucho más que perder. ¡Muchísimo más! Y 20 años de ese discurso te convencen. Además, hay muchos sectores del país para los que su prioridad es comer y trabajar…
¿Sientes que a El Salvador todavía le queda un poco ajeno el tema de la justicia universal, las herramientas internacionales que hay...?
Sí y no. Los tecnicismos son ajenos para mucha gente, como en cualquier país... pero no sé por qué aquí hay más sofisticación respecto a la existencia de mecanismos, de un sistema internacional al que las víctimas pueden acceder cuando se les niega justicia. Irónicamente en estos países están más y mejor acostumbrados que incluso en los países del llamado primer mundo.
Si no le entiendo mal, no es la Ley de Amnistía la que impide que se juzgue el caso Romero, sino la prescripción del delito, que venció el 24 de marzo de 1990 según las leyes salvadoreñas. Y todos los mecanismos formales sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad El Salvador los ha firmado a partir de 1998, y no son retroactivos. De forma que, según los expertos en El Salvador, el caso del arzobispo ya no se puede juzgar aquí.
Pues estos expertos no saben nada de derecho internacional. En El Salvador se puede juzgar el caso Romero. Absolutamente. El problema de los expertos salvadoreños es que deberían dejar de leer solo las leyes salvadoreñas y empezar a leer sentencias y leyes internacionales. Las normas de 'ius cogens', derecho de gentes, entre ellas la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, no se pueden supeditar a que uno haya o no suscrito convenios, que por cierto están suscritos por muy poquitos países. Los mecanismos de ius cogens son normas de tal rango y tan importantes que obligan a todos los países, independientemente de que se suscriban o no tratados, y solamente pueden ser modificados por otra norma del mismo rango. La existencia del crimen de lesa humanidad y su imprescriptibilidad nacional e internacional son normas de ius cogens, y por lo tanto vinculan al Estado salvadoreño a nivel interno, igual que a cualquier otro Estado.
Lo que dice es que si en El Salvador el asesinato de monseñor Romero se considera un crimen de lesa humanidad, siguiendo esa cadena hacia arriba...
Lo que no se puede es alegar la prescripción de un crimen de lesa humanidad o de una violación de derechos humanos de la envergadura del asesinato de monseñor por el transcurso del tiempo. No se puede negar su investigación o no se puede anular...Todos se vuelven muy soberanos cuando se trata del derecho internacional, pero en la comisión de la verdad en Ecuador estamos venciendo eso, en Argentina se ha vencido, en Chile se ha vencido, en Perú se ha vencido... Se llama internacionalizar el derecho. Tienes que subirte a un peldaño en el que la judicialización del caso es posible a partir del derecho internacional, no del derecho nacional. Y no violas ninguna ley nacional. Además, la Constitución salvadoreña permite la aplicación directa de los tratados internacionales. Es decir, que ni siquiera los supedita a que haya reformas internas.
El ex fiscal general de la República decía que para aplicar las leyes en El Salvador hay mecanismos y herramientas como el Código Procesal Penal y el Código Penal, y que no encontraba en ellos nada que le permitiera perseguir un homicidio que ocurrió en el 80 y que ya ha prescrito.
Su clave es considerarlo un homicidio político. Político para que esté cubierto por la amnistía, y homicidio para que tenga prescripción en 10 años. El tema es quién va a ser lo suficientemente valiente para decir: “Señores, nuestro Código Penal es insuficiente y tenemos que aplicar los parámetros del Estatuto de Roma, como han hecho otros países”. Existe un problema de tipificación interna, que solucionamos por medio del derecho internacional, y un problema de establecimiento de la pena que, como han hecho los jueces argentinos y chilenos, lo solucionas por medio de los criterios de analogía jurídica: buscas un crimen dentro de tu Código Penal que sea equivalente en pena e impones esa pena. Yo no estoy pidiendo que impongan penas superiores en estos casos, lo que se está pidiendo es que seamos más creativos y respetuosos con el derecho internacional, que para eso se está avanzando tanto precisamente: para cubrir huecos.
Lo que está proponiendo son decisiones políticas que tienen como instrumento recursos jurídicos. Porque si hay argumentos tanto para no hacer nada como para decir que sí se puede hacer algo, lo que queda es una decisión política.
No, no. Estoy hablado de una cuestión estrictamente jurídica. Yo creo que, de hecho, mi trabajo es dar una solución jurídica a un problema político, porque no querer juzgarlo sí es politizarlo. Pero hay mecanismos suficientes y ejercicios de aplicación del derecho internacional, de interpretación del derecho internacional suficientes como para no politizar más esto y no negar más la judicialización.
Está hablando de jueces que apliquen el derecho saliéndose de las veredas que marcan los códigos.
Que interpreten, que esa es su labor, por cierto. Los jueces no tienen que inventar ley, sino que aplicarla. En el mundo de 2010 y con todas las necesidades que este mundo ha venido imponiendo, los jueces más rigurosos del mundo, los más estrictos, se han atrevido a hacer interpretaciones amplias y extensivas del derecho nacional a la luz del derecho internacional, diciendo “no puedes optar por una globalización económica y negar una globalización jurídica”. Si queremos una comunidad internacional sólida, tenemos que aplicar normas de rango internacional primero.Yo a los jueces salvadoreños, si tuviera la opción, y a los fiscales, les mandaría una carpeta con las 35 decisiones más importantes -y hay cientos y cientos- de jueces nacionales con constricciones más importantes, con amenazas muchísimo más serias, en muchos casos con riesgos altísimos, que han escrito opiniones diciéndole al criminal: “Lo siento, pero no tiene excusa, el hecho de que no esté tipificado o prescrito...” La legalidad es intocable, pero como dicen los jueces de la Corte Interamericana, lo que no puedes es usarla como excusa para no hacer tu trabajo. Y eso es lo que están haciendo aquí.
Ustedes, en el CJA, no emprenden un caso hasta estar seguros de ganarlo.
Más o menos. Nunca tienes la certeza. Pero sí, pensamos en el desasosiego para las víctimas luego de tantos años de llevar un caso. Ganar no es necesariamente meter en la cárcel al culpable, o cobrar; en muchas ocasiones es poder llevar adelante el caso con rigor y con cierta dignidad, y no someter a las víctimas a nada espantoso. Si eso se puede garantizar, merece la pena el caso. Lo que es horrible es decirles a las víctimas que sí, que hay juicio, crear expectativas y llevar adelante casos que luego fracasan o que son boicoteados en seguida.
Lo digo precisamente porque está hablando de jueces creativos y valientes, pero supongo que no de intentar abrir un caso sin tenerlo bien amarrado.
Por supuesto. Y además, y eso es importante, los jueces necesitan también buenos abogados detrás, en el sentido de que a todo juez en cierto modo también tienes que, a través de tu trabajo, darle confianza en que ese tipo de decisiones las puede tomar. Hay jueces estrella en Argentina, en España, en Chile... pero en muchas ocasiones también son las acusaciones, los abogados de las víctimas, los que tienen que hacer el trabajo y hacer que el juez se sienta cómodo con determinados conceptos. No quiero decir que hay que educar al juez, porque suena pretencioso, pero sí hay que orientarle a veces en ese tipo de cosas.
Volviendo a la pregunta inicial: ¿ve posible una condena en este tipo de casos, Almudena?
Yo tengo mucha esperanza. No hubiera pensado jamás, jamás, que podía pasar lo que ha pasado en Chile o en Argentina. En Argentina han sacado a banqueros de sus oficinas por estar vinculados con las cúpulas militares y torturas. Las sociedades a veces hacen unos pequeños revuelos y se agrupan. Yo sí lo veo posible. En Guatemala detuvieron a cuatro personas. Lamentablemente los jueces no estaban conmigo y los han soltado, pero mandaron a la policía guatemalteca a mansiones de las afueras de la ciudad de Guatemala, a detener a cuatro tipos por la demanda que nosotros metimos, y los metieron en la cárcel un año y medio. Por bien que estuvieran allí, se han pasado un año y medio en la cárcel…
La lección es: “no crean que la impunidad es eterna”.
Sí, aunque aquí dependerá mucho de lo cómoda que esté con esa idea la sociedad salvadoreña. Yo creo que no hay vuelta atrás. Mauricio Funes es un hombre inteligente y sabe escaquear las preguntas muy bien, pero yo creo que él cuenta con que la sociedad salvadoreña va a ser lo suficientemente fuerte como para generar ese cambio sin que él tenga que implicarse políticamente en ello.
La publicación de El Faro a partir de la entrevista con Álvaro Saravia y otros implicados en el crimen, ¿qué valor tiene dentro de un proceso hacia la justicia?
En esa publicación hay información suficiente como para retomar la investigación y empezar a dar vueltas a los nombres de quienes se han valorado siempre que estaban detrás del asesinato, y no nombrar solo al director de orquesta sino a la gente que le pidió la misión. Y luego, casi filosóficamente, creo que estos casos tienen vida propia. Están vivos y empiezan a generar una especie de movimiento en las conciencias de los seres humanos. Saravia ha abierto una caja de Pandora. Son bolas de nieve que no se pueden parar.
