En una reciente emisión del programa radial “Bola al centro”, que tan acertadamente dirige el “Chiri” Rivas, el talentoso periodista de El Faro Carlos Martínez, reafirmó la conveniencia de derogar la Ley de Amnistía (vigente en El Salvador desde 1993) con la siguiente argumentación:
“No me late que a mí me digan que mi democracia se fundamenta en el silencio, en la impunidad; que me digan que sólo puede haber democracia en la medida en que hay impunidad, es decir, en que no conozca quién mató, en que no se juzgue a quien mató, en que no se condene a quien mató… ¿Qué cosa es la democracia, entonces? Qué cosa tan horrible es la democracia si nos demanda impunidad para poder estar viva. No puede ser que le digan a esa gente: «Mira, la democracia sólo puede soportarse en que vos te callés que a tu hijo lo secuestraron y amaneció muerto en El Playón o que tu tío, que era el Alcalde de tal lugar, la guerrilla lo agarró y lo mató en la plaza pública. Nos vas a disculpar, pero nuestra democracia sólo se puede cimentar en que te olvidés de eso». ¡Dios santo!”.
Y agregó luego el periodista Martínez: “Si un señor mata a otro y va al juzgado, y ese juzgado le aplica una pena… ¿Eso es venganza? Eso se llama justicia, ¿verdad? Hay códigos que la establecen y la norman. Si un señor viola a una mujer, si un señor mata a otro, o a un pueblo entero, y lo juzgan y lo echan preso, eso… ¿a qué horas es venganza? Eso se llama JUSTICIA. Otra cosa: veamos las «terribles» consecuencias que ha tenido para algunos países enfrentarse consigo mismos. Por ejemplo, las «desastrosas condiciones» en que se encuentra la sociedad chilena… Lo «terrible» que resultó en Chile juzgar, abrir archivos y conocer la verdad. ¿Se está desmoronando Chile como sociedad? Argentina, por ejemplo, abrió sus espacios, hubo posibilidad de acudir a juzgados, y lo que hay es saturación en los juzgados y eso hace más lentos los procesos. Pero yo no veo a Argentina partiéndose en tres pedazos”.
A golpe de oído, el argumento de Carlos Martínez parece irrefutable. Si en sociedades como la chilena y la argentina —donde, según este periodista, “no pasó nada”— se han atrevido a abrir archivos, judicializar casos y establecer culpables, ¿por qué los salvadoreños vamos a seguir creyendo que nuestra democracia descansa en la impunidad, en el silencio, en la invisibilidad de los asesinos, de los genocidas, de los secuestradores, de los torturadores de nuestra guerra civil?
Apasionado y todo, el argumento de Carlos dista mucho de ser inocuo. Es un razonamiento, de hecho, que merece mucha atención y análisis. Se trata de una postura muy común en determinados círculos políticos e intelectuales salvadoreños, no siempre expresada con la misma vehemencia pero sí con idéntica certeza de estar ofreciendo al mundo una verdad incontestable.
Hay que decir, para empezar, que sin duda es incorrecto defender la vigencia de la Ley de Amnistía como si fuera una especie de “prerrequisito” de la democracia. La democracia puede necesitar, en algunos momentos, del cumplimiento de ciertos pactos ad hoc, pero no debe jamás fundamentarse en ninguno de ellos. Quien le haya dicho a Carlos Martínez que la democracia salvadoreña depende de la vigencia de la Ley de Amnistía ha contribuido a confundirle. El único pacto que realmente fundamenta la democracia —entre otras cosas porque es su marco procedimental (ni más ni menos)— es la Constitución de la República.
Una sociedad extremadamente polarizada y socialmente enfrentada, como la nuestra, puede sin embargo preservar sus instancias democráticas. Y no hay que buscar ejemplos de lo que digo fuera de las fronteras patrias: ESTAMOS protagonizando uno, en este preciso momento de nuestra historia. Que algunos quieran relativizar esta realidad, contraponiéndole “peros” que nacen de sus propios conceptos de justicia, eso es otra cosa. Porque así como es erróneo identificar la democracia con una ley de perdón y olvido, tampoco es válido condicionarla a lo que cada uno de nosotros considere justo o injusto (que es lo que hace Carlos si leemos con detenimiento su posición).
Llamar justicia a la pena que un juez impone a un ladrón o a un violador es fácil. El asunto se complejiza cuando pretendemos llamar justicia a la valoración de acciones que tuvieron lugar hace quince, veinte o treinta años en el contexto de una guerra fratricida. Eso ya depende de circunstancias y perspectivas muy distintas, e infinitamente menos objetivas. Una razón más, dicho sea de paso, para reivindicar todos los alegatos que el humanismo contemporáneo haya esgrimido contra los conflictos bélicos, que enfrentan a bandos igualmente persuadidos de estar obrando “en nombre de…” (ponga aquí el lector el apellido que quiera: “los pobres”, “la seguridad del Estado”, “la justicia social”, “la patria”, etc.).
La Ley de Amnistía y su precursora inmediata, la Ley de Reconciliación Nacional, promueven la idea de la preservación de la estabilidad social a través del perdón. Comprendo que esto les parezca demasiado simple a muchos, teniendo presentes los dolores indecibles que la guerra causó a diestra y siniestra. Pero la opción que se contrapropone, la de judicializar los casos y repartir culpas, me sigue pareciendo mucho más improcedente.
Me remito, para explicarme, a unas ideas que ya expresé en este mismo espacio de opinión hace rato y que se mantienen invariables: ¿Qué pasaría si todos los que sufrimos algún tipo de vejación durante el conflicto armado empezáramos a exigir que los culpables dieran la cara para ser investigados, juzgados y sentenciados? ¿En serio alguien cree que ese variopinto escenario de acusaciones, defensas y contraacusaciones, en el marco de un esperable bombardeo ideológico, le haría bien a los salvadoreños? ¿Acaso no nos basta escuchar los acres debates que cada semana incendian nuestra Asamblea Legislativa para intuir a qué nos enfrentaríamos si abriéramos ese portillo? ¿Observamos en nuestra sociedad ese mínimo grado de madurez que parece facultar a varias decenas de intelectuales a asegurar que la Ley de Amnistía fue, y sigue siendo, un retroceso histórico?
Introducir en la controversia los “ejemplos” de Argentina o Chile es una forma de persistir (inconscientemente, quizá) en la confusión. El caso argentino lo conozco de primera mano y me consta que, salvo contadas opiniones aisladas, existe un consenso más o menos firme en torno a quiénes llevaron adelante la dictadura y quiénes fueron sus víctimas principales. La distancia entre los regímenes militares argentinos y la guerra civil salvadoreña es enorme, incluso desde la perspectiva netamente historiográfica. No son casos que admitan paralelismos tan superficiales, y menos con el propósito de impulsar agendas reivindicativas.
En cuanto a Chile, donde también imperó un régimen con claras características dictatoriales —la comparación, por lo tanto, es igualmente forzada—, bástenos recordar las hondas fisuras que produjo el proceso judicial que empujó el ahora procesado juez Garzón contra Augusto Pinochet. ¿Lo que se obtuvo fue el inicio de un sistemático reencuentro social, destinado a cerrar las heridas abiertas por el pinochetismo? Eso tendría que demostrármelo alguien con algo más que palabras, porque no fue eso lo que nos mostraron los servicios internacionales de prensa en aquellos días.
Tampoco fue precisamente “amor y paz” lo que clamaron los furibundos defensores de Baltasar Garzón, reunidos en la Universidad Complutense de Madrid recién la semana pasada, cuando coreando el muy republicano “¡No pasarán!” de la Guerra Civil Española se desfondaron en vituperios contra los magistrados del Tribunal Supremo que mantienen querellado al célebre juzgador, tildándolos de “fascistas”. La nota curiosa de este embrollo la puso el señor Carlos Jiménez Villarejo, que a sus 75 años se atrevió a despotricar contra magistrados que iniciaron sus carreras luego de la muerte de Francisco Franco, en tanto que él —pequeñísimo detalle— se aseguró un buen trabajo de fiscal en plena dictadura franquista: 1962. Si 30 años de democracia en la vetusta España no parecen haber sido suficientes para atemperar “folklorismos” de esta especie, ¿hemos de pensar que en nuestro hermoso pero enfrentado paisito las tensiones van a sobrellevarse con más ecuanimidad? Mi pregunta, llegados a este punto, es simple: ¿Por qué?
¿Por qué el escenario vergonzoso montado en la Complutense de Madrid, por algo tan coyuntural como la defensa de un juez polémico, hace que los ánimos se caldeen hasta la invocación de consignas que nacieron en la Guerra Civil española, y sin embargo aquí debemos creer que un evento similar organizado en, por ejemplo, el campus de la UCA, va a servir para calmar los nervios y distribuir cálidos abrazos? ¿Por qué llamar cínico o encubridor a quien se permite considerar la posibilidad —la sola posibilidad— de que tal vez nos pase lo mismo que está pasando en Ruanda, donde luego de cuatro años desde la instalación de los tribunales «gacaca» (“Justicia sobre el pasto”, literalmente, en uno de los dialectos locales) se hayan promovido más de seis mil condenas y, sin embargo, estén empezando a aflorar nuevos brotes de violencia social y política?
Conociendo estas duras realidades humanas, lo verdaderamente cínico sería, para mí, ignorarlas.
También me pregunto si esa saturación de los juzgados argentinos que tanto admira Carlos Martínez ha contribuido, de verdad, a reconciliar a los ciudadanos argentinos. A juzgar por las últimas manifestaciones públicas de las Madres de la Plaza de Mayo (o sus abundantes contrapartes ideológicos), ni por asomo. Aunque es cierto que los archivos se abren, se judicializan los casos y se condenan a algunas personas, los argentinos siguen lejos de la reconciliación social. Su democracia hace los equilibrios necesarios para mantenerse vigente, pero lo consigue a pesar de (no gracias a) las montañas de expedientes que entusiasman a ciertos activistas de Derechos Humanos.
Son varios los colegas columnistas y lectores de este periódico digital que han tratado de convencerme de que el perdón personal y la fraternidad colectiva requieren culpables exhibidos. Uno de ellos, aquí en EL FARO, se sintió “obligado” a insultarme para defender su tesis, casi llamándome cómplice de crímenes atribuidos a personajes que jamás conocí. Otro destiló un veneno tan inodoro que estuvo a punto de hacerme creer que me habría dado la mano de toparse conmigo en la calle. Todos ellos, antes que ayudarme a cambiar de opinión, han conseguido reafirmarme en mi defensa de la Ley de Amnistía. Y mientras buena parte de los “análisis” que se hacen para demandar reparaciones —aunque sólo sean morales— tengan mayor relación con la identidad del reparador que con la propia reparación, tengo derecho a seguir sosteniendo que esas demandas, en definitiva, poseen más afinidad con la venganza, el resentimiento o el prejuicio que con un empeño genuino de apoyar la paz de mi país.
Y no quiero decir con esto, por cierto, que Carlos Martínez sea un vengativo, un resentido o un prejuicioso. Sus razones, repito, son muy respetables y dignas de atención. Pero el que Don Neto Rivas Gallont, que le acompañaba en esa misma emisión de “Bola al centro”, le haya dicho que había “expresado odio” al momento de hablar de la Ley de Amnistía (motivándole una lógica reacción de asombro), debería llevarnos a profundas reflexiones.
Curiosamente, al igual que Don Neto, yo también percibí un grado de animosidad en el estimado periodista cuando lo escuché por la radio. No vi su rostro ni sus gestos: sólo escuché sus planteamientos. Y mi percepción coincidió con la de quien pocos minutos después se lo decía al aire. ¿Debería todo esto extrañarle a Carlos Martínez? En absoluto. Los seres humanos somos así: percibimos la realidad de acuerdo a nuestros valores, trayectorias y convicciones. Y por eso es que la Ley de Amnistía, históricamente oportuna en 1993, sigue apuntalando nuestra precaria convivencia.
*Escritor
