Después de nueve años en el cargo para el que habían sido elegidos, cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyo mandato estaba a punto de expirar, decidieron renunciar a su puesto. Esa maniobra les significó echarse al bolsillo más de 120 mil dólares que, si solo hubieran dejado que su período caducara, no habrían obtenido.
Los funcionarios pidieron a la Corte en pleno, que presidía Agustín García Calderón, que les autorizara el retiro voluntario de sus cargos, para de esa manera acceder a un beneficio concebido legalmente para los jueces que deciden terminar su carrera después de años de servicio.
Quienes optaron por esa salida fueron el mismo García Calderón y los magistrados Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés -ahora ministra de Trabajo-, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya.
El 5 de junio de 2009, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de estos magistrados inició un proceso administrativo para procurarse la bonificación contemplada en la Ley de la carrera judicial, creada en 1990 para los jueces y magistrados de cámara de la República. La normativa fue reformada en 1992 para incluir en ella a los magistrados de la CSJ. Esta ha permitido que desde el año de su aprobación, cualquier funcionario de la carrera pueda ir a la orilla del río del tesoro público y pescar en él miles de dólares. Esto, muy aparte de las otras prestaciones de que gozó durante su gestión.
Eso, precisamente, hizo aquel magistrado que en junio de 2009 sabía que su bolsillo se llenaría con 28 mil 283.64 dólares, provenientes de la multiplicación de su último salario por seis, si renunciaba hasta un día antes de que culminara su mandato. Ese magistrado era el presidente de la Corte y del Órgano Judicial, Agustín García Calderón. Como presidente, García Calderón gozaba, aparte de su salario, de mil 414 dólares en gastos de representación mensuales, seguro médico, de vida, vales de combustible, telefonía, seguridad, carros...
Dos días antes que él, otro magistrado hizo el mismo pedido. Se trata de Julio Acosta Baires. Y semanas antes –mayo de 2009, según cuentan otros magistrados en el cuarto piso del Órgano Judicial-, Victoria Marina de Avilés pidió abrigarse con este decreto. Ella, mucho antes que los primeros dos, ya que el 1 de junio asumiría como nueva ministra de Trabajo.
De los otros dos magistrados salientes (Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya) nadie recuerda ni da cuentas del inicio de su trámite. A estos cuatro, a diferencia de García Calderón, les fueron aprobados pagos de remuneraciones por 23 mil 571.60 cada uno, dado que reciben un sueldo menor al del presidente de la Corte. Ellos, sin embargo, aparte de su salario, recibían las mismas prestaciones que el presidente de la Corte y mil 22 dólares de gastos de representación.
Para los cinco, en julio de 2009, la tesorería institucional de la Corte Suprema ya había solicitado el requerimiento de fondos respectivo al Ministerio de Hacienda para desembolsar el pago del “retiro voluntario” de lo ex funcionarios.
En el caso de García Calderón, el requerimiento de Tesorería Institucional de la CSJ a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda se hizo un día después de que este “finalizara” su gestión. Es decir, el primer día en el que la Corte Suprema de Justicia amaneció acéfala, dado que los partidos políticos en la Asamblea –y en Casa Presidencial- no se ponían de acuerdo para elegir a los nuevos magistrados que llenarían los puestos vacantes.
El 16 de julio de 2009, la Asamblea aprobó a los nuevos titulares –cuatro para la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil-, y 11 días más tarde la Tesorería Institucional solicitó a Hacienda el desembolso para los otros cuatro magistrados; y para un juez: Alejandro García Garay, del juzgado 1º de Menor Cuantía, por 13 mil 79 dólares. Una página institucional de la CSJ todavía tiene en lista, en ese juzgado, a este juez.
El Faro consultó a seis magistrados de la CSJ sobre estos desembolsos y de los seis que se atrevieron a hablar –cinco con la condición de resguardar su nombre y uno que habló sin ataduras: el magistrado Miguel Ángel Cardoza- ninguno supo explicar cómo es que funciona la solicitud de baja de la carrera judicial. Otros dos magistrados, Ulices del Dios Guzmán y José Néstor Castaneda, recibieron el recado con sus asistentes pero no contestaron al pedido de respuesta.
En un documento de Corte plena al que tuvo acceso El Faro, y en donde consta la aprobación del bono por retiro para García Calderón, aparece que este fue firmado por Acosta Baires, Clará, Velasco, Castaneda Guerrero (Rafael, suplente), Dueñas (Elsy, Suplente), Guzmán, Vega (Gustavo, suplente) y Ayala. Los primeros tres serían, luego, beneficiados también por sus compañeros. Este acuerdo se resolvió el 14 de junio.
En el caso del ex magistrado Acosta Baires, resuelto el 8 de junio, firmaron los magistrados García Calderón, Castaneda, Clará, Velasco, Guzmán, Dueñas, Guerrero, Quinteros y Vega.
El Faro solicitó los expedientes del resto de magistrados pero no hubo respuesta. El caso es que los cinco ex magistrados se retiraron voluntariamente de la carrera –es decir, de sus cargos como magistrados de la Corte- semanas antes de que culminara su función. Al preguntarle a los magistrados actuales si sus ex compañeros –en esas últimas semanas- seguían fungiendo o no como titulares de la institución, no saben responder si sí o si no.
“Se supone que si te retirás de forma voluntaria tu retiro es inmediato e impostergable a partir de la fecha en que lo has solicitado. Como es el caso de la ex magistrada Victoria Marina de Avilés”, dice uno de los consultados por El Faro, en alusión a la solicitud presentada por la ex funcionaria. Avilés, para el 1 de junio de 2009, ya no formaba parte de la Corte Suprema de Justicia porque juramentó, ese día, como ministra de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué pasó con los otros cuatro, y sobre todo, con el presidente del Órgano Judicial?
“Es un tema interesante que debería discutirse”, dice otro de los consultados. “¿Teníamos magistrados de la Sala de lo Constitucional fungiendo en el tramo final de su periodo? ¿O teníamos a sus suplentes? ¿Tenía el Órgano Judicial cabeza en junio de 2009 o estaba acéfalo?”, se pregunta.
“Cualquiera podría pensar que es una ganguería”
Los cinco ex magistrados que se retiraron de manera voluntaria semanas antes de que culminara su periodo hicieron, con su petición, sacar a la luz una serie de interrogantes sobre la veterana normativa de la carrera judicial. Esas dudas, para los compañeros que se quedaron, son difíciles de responder.
Por ejemplo, a los seis magistrados que accedieron a hablar del tema les preguntamos:
-¿Cómo es posible que los magistrados de la CSJ presenten su solicitud de “retiro voluntario” a sabiendas de que son funcionarios electos para un periodo caduco, que inicia en determinada fecha y finaliza nueve años después? Y sobre todo: ¿cómo es posible que digan que se retiran de forma “voluntaria” días antes de que su periodo culmine oficialmente?
-Es un punto que hay que discutir. Como que hay una contradicción, no. Cualquiera podría pensar que es una ganguería –dice uno de los consultados.
-Está en la ley… y el procedimiento debería ser que pidan su retiro voluntario antes de que terminen su mandato. Si no ya no tiene sentido que se retiren porque ya no están fungiendo –dice el magistrado Miguel Ángel Cardoza.
-Legal es –dice otro magistrado-. Ético no lo sé.
A diferencia de los jueces de menor rango –para quienes fue creada la ley en 1990- la bonificación por retiro voluntario cobra una cierta justificación, según los consultados, en el sentido de que sus cargos son vitalicios; y solo una mala actuación en su trabajo los inhabilitaría para solicitar su “retiro voluntario” cuando estos optan separarse del cargo que les fue designado dentro del Órgano Judicial. Arístides Alvarenga, ex diputado del Partido Democráta Cristiano -y compañero de los promotores de la ley- recuerda que cuando llegó este tema a la Asamblea Legislativa, las reflexiones que se hacían eran en torno a los riesgos a los que están sometidos los jueces para ejercer su trabajo. El hecho de ser designados como jueces, comparte, los inhabilita de hacer otros menesteres, y al mismo tiempo los coloca en una situación especial dentro de la sociedad salvadoreña.
-Sí, podría verse así. Son sujetos especiales que necesitan algo que les garantice estabilidad mientras ejercen y la promesa de que al final de su jornada, se les recompensara su esfuerzo de independencia –dice.
Al igual que Alvarenga, los seis magistrados consultados ven a la carrera judicial como una Alicia que vaga por bosques en donde las prebendas y presiones se disfrazan de lobos feroces al acecho de una balanza manipulable a la hora de juzgar.
-¡Sin duda hay que tener un método para garantizar independencia del juez y de los magistrados! –dice Cardoza.
De cinco de los magistrados actuales consultados, dos dicen que la prestación del retiro voluntario es una bonificación justa para los jueces de carrera, y para aquellos magistrados electos que son jueces de carrera. Lo curioso de esta ley es que no hace distinciones entre un juez de carrera que llega a magistrado y un magistrado de Corte que nunca fue juez de carrera. La ley mete en un solo saco a todos, haciendo una salvedad: solo pueden acceder a la bonificación aquellos funcionarios que han cumplido las dos terceras partes de la carrera judicial (contemplada en 35 años). Pero ¿y como entran en este saco aquellos magistrados de la CSJ que nunca han sido jueces?
La ley también les da una oportunidad: deben sumar 10 años como mínimo “dentro de la carrera” sin importar si son consecutivos o no, y pueden hacer una sumatoria de sus trabajos en otras oficinas del estado para cumplir con las dos terceras partes que exige la carrera judicial. Quedan fuera de este beneficio aquellos magistrados como Miguel ángel Cardoza, quien reconoce que no podría hacer uso del bono porque no cumpliría con los 10 años dentro del Órgano Judicial que exige la ley.
Para muchos magistrados, el punto con el “espíritu” de esta ley también es controversial. Si fue creada para hacer impermeables a los jueces, independientes, estables, pareciera que no cumple a cabalidad con su función. La historia dentro del Órgano Judicial ha ido a la inversa, y cobró más relevancia en los años gobernados por el ex magistrado Agustín García Calderón. Alicia, según Estados Unidos y sus informes de Estado sobre El Salvador, se ha dejado seducir por el lobo feroz. “Corrupto” ha llamado la nación norteamericana al sistema judicial salvadoreño. Los bonos por retiro voluntario y el resto de prestaciones de que gozan los jueces y magistrados no han surtido efecto, pareciera.
Solo en la última gestión de García Calderón, se descubrió que la dirección de Recursos Humanos se vendían plazas dentro del Órgano Judicial como si se tratara de películas pirateadas en el centro de San Salvador, a cambio de una comisión de parte de los beneficiados. Lo curioso del caso es que todas las plazas sometidas a “concurso” debían tener el visto bueno del presidente de la CSJ, que tras su salida evadió hablar del tema.
Además, luego de que en noviembre de 2009 el magistrado Ulices del Dios Guzmán denunciara el viaje de uno de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional a Madrid, España –Sidney Blanco fue llamado a testificar en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, cometido en noviembre de 1989- se descubrió que García Calderón, en su gestión, autorizó cualquier tipo de viajes de sus compañeros con gastos pagos de parte de la Corte. Blanco, en diciembre, dijo que regresaría el dinero que le dio la Corte; y denunció ocho “misiones oficiales” de Guzmán, entre las que se incluía su participación en un festival llamado “La pupusa power”, en Estados Unidos. Las misiones de Guzmán costaron más de 16 mil dólares.
Guzmán fue uno de los que firmó a favor del bono por retiro de García Calderón y Acosta Baires, pero al cierre de esta nota no respondió para hablar del tema. Como tampoco lo hizo el magistrado José Néstor Castaneda. El Faro intentó obtener una reacción de la hoy ministra de Trabajo, Victoria Marina de Avilés, pero tampoco dio respuesta. A los otros cuatro ex magistrados fue imposible localizarlos. Nadie en la CSJ dijo conocer su paradero.
