Si pudiéramos hacer una metáfora de los últimos meses del presidente Mauricio Funes y su apuesta por la transparencia y el combate a la corrupción, esta bien podría ser la siguiente: en una maratón, el presidente corre sobre una pista llena de obstáculos que lo hacen tropezar: contratación de la agencia de publicidad gubernamental a la empresa de su amigo Joao Santana, de la empresa de seguridad de su amigo, Miguel Menéndez; defensa de los usos discrecionales de los gastos imprevistos, amparados por la ley del presupuesto; etcétera.
Sin embargo, quienes le echan porras aseguran que el Presidente corre más de lo que cae, y que la decisión de respaldar las acciones de la Secretaría de Asuntos estratégicos –y la oficina de Transparencia y Anticorrupción- valen como cualquier primer lugar en pista. El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, enumera los casos destapados por las carteras de Seguridad, Salud; la recién conformada comisión por la transparencia y anticorrupción; y la apuesta del ejecutivo por una mejor ley de transparencia y acceso a la información como los grandes logros del primer año del gobierno. Pero a la hora de transparentar, se limita a decir que el ejecutivo de Mauricio Funes “debería” hacer esto o lo otro, y que es con las acciones concretas como se cumple una política de gobierno.
Con la mesa para la transparencia y combate a la corrupción el Ejecutivo promete cosas ambiciosas. Por ejemplo, que entre junio y julio de cada año hará verdadera rendición de cuentas. ¿Podemos esperar este junio o este julio al Presidente diciendo: hemos gastado así, en esto, por estas y estas razones?
El gran mérito de esta mesa es que lo que produce la entidad encargada por el Presidente no será un esfuerzo sectorial sino que compromete a todas las entidades del Ejecutivo. No porque lo deban obedecer, sino porque han estado involucradas en el proceso de aplicar la política de transparencia y anticorrupción. Es un respaldo mayor que el que tiene solo la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Aquí se sientan en la mesa a todos los que tienes que sentar para que vean cómo asumen y concretan una política de transparencia y anticorrupción en el campo de lo concreto.
¿Es esta comisión como una medida de presión para los funcionarios del Ejecutivo?
Es decirles: ustedes no son solo aplicadores, sino que son socios creativos y comprometidos con que estos lineamientos se transformen en cosas concretas para la gente.
En un acto inédito que intenta revestirse de significancia, ¿por qué no se presentó el presidente?
Espero que haya una referencia, al mismo, en el discurso presidencial del 1 de junio.
¿Cómo debe interpretar la población las contradicciones del presidente en el tema de transparencia y combate a la corrupción cuando, por un lado, se desdijo al anunciar que no perseguiría a los corruptos; y por el otro, ustedes celebran que haya autorizado esta comisión que hará precisamente eso?
Podés agregarle: después de la declaración de San Miguel, que en mi opinión fue mal interpretada, viene lo de la Diego de Holguín, viene lo de Maternidad...
El caso del Bulevar Diego de Holguín, y los señalamientos de irregularidades en Salud, ¿no responden más a la valentía y a la actitud de estos ministros y no a una actitud del presidente?
Aparentemente o lo que hemos visto con el discurso del presidente de ayer –miércoles 26- y lo que presentó hoy, esa es la respuesta a esa pregunta. No es sólo la iniciativa de uno o dos ministros, sino que es línea presidencial para todo el Ejecutivo.
Un tanto contradictoria, ¿no cree? El ministro Martínez y la ministra Rodríguez han dicho “esto está pasando”. Si eso lo comparo con la actitud del presidente, cuando, por ejemplo, apareció con aquellas supuestas revelaciones en el CNR sobre plazas fantasmas y dijo “hemos encontrado esto y vamos a seguir investigando”. Estos dos han dicho aquí están las pruebas y uno ya se fue a la Fiscalía a denunciar.
Una cosa es decir yo quiero hacer eso, y otra es tener la capacidad institucional de hacerlo. Y realmente la entidad técnica que apoyó al ministro Martínez -y que va a apoyar a la ministra de Salud en la preparación del caso para presentarlo a la Fiscalía- ha sido construida en estos últimos meses en la SAE. Y ha sido muy difícil encontrar las personas adecuadas, hacerlas trabajar en equipo, vencer temores... el otro día, en un programa de televisión preguntaban si la gente creía que el caso Diego de Holguín iba a llegar a judicializarse. Y las respuestas fueron 600 que no y 90 que sí. Entonces, el que determinadas cosas sucedan no sólo depende de la voluntad para hacerlo, sino de tener la capacidad técnica y profesional para hacerlo. Posiblemente en el Ejecutivo hay personas, hay titulares que se identifican en mayor o menor medida con el tema y eso es natural. De lo que no me queda duda es de que cuando el presidente dice “¡fórmese la mesa!”, “¡apóyese la investigación!' eso es un conjunto de decisiones políticas a favor de una dirección que es apretar una política de transparencia y anticorrupción. Yo puedo decir: falta mucho por hacer. Dado el pasado en este país es justificable que haya dudas, aprehensiones, cuestionamientos, pero no puedo decir que está mal hecho.
¿El Presidente está realmente interesado en combatir la corrupción?
Tú me estás poniendo en un lado esta declaración de San Miguel y del otro lado yo te estoy poniendo el Diego de Holguín, Maternidad, la formación de esta comisión, la aprobación de los lineamientos en términos de transparencia y anticorrupción... Por lo menos podría decir que tengo, en términos de políticas públicas... si yo fuera ciudadano, y me preguntaran si prefiero esto o que no haya nada... yo prefiero esto y voy a estar a la expectativa de que esto siga la ruta que el Presidente ha señalado.
Tenemos más ejemplos que la declaración de San Miguel. A la Comisión se le preguntó cuál iba a ser su papel frente a actitudes del presidente que van contra la transparencia. Por ejemplo, la publicidad; por ejemplo, adquisición de vehículos nuevos… en ambos casos, la Presidencia no ha transparentado ni respondido nada.
Una de las instituciones y organizaciones beneficiaras de la compra de estos carros era SAE, porque realmente no tiene carros, todos andamos con nuestros carros. Pero dado que la pregunta no era qué carros, porque no es lo mismo un Hiunday que una nave de 40 mil dólares... Nosotros consideramos que en la actual circunstancia del país era preferible abstenerse y comunicamos que nosotros preferíamos no estar como beneficiarios o destinatarios de esta situación. Tengo entendido y podés preguntarlo, que no se ha hecho efectiva la compra de los carros. Me dices tú: ¿y eso es transparente? Bueno, es transparente porque los periodistas lo descubrieron en la prensa. ¿Es legal? Sí, es legal y no he escuchado en ningún lado que no sea legal comprar carros. ¿Es ético en este momento de crisis? Y ahí es cuestionable. Hay una política de austeridad, que también por cierto fue aprobada por el señor Presidente, y creo que los titulares y las personas con responsabilidad gubernamental deben hacerse cargo de la crisis, como se hace cargo la gente pobre, la gente que se queda sin empleo, la gente que siente que no puede sostener el presupuesto del hogar. Esa, aunque no lo diga ninguna ley, es la actitud deseable, en un conjunto de personas que están donde están porque están representando la voluntad popular.
Otro ejemplo: sale el ex ministro de Agricultura denunciando irregularidades, y el presidente en lugar de prometer investigar, sale y desacredita a quien él mismo había llamado a ser parte de su equipo. ¿Lo lógico no hubiera sido que ordenara una investigación? Y ahora, a días de cumplir un año, aparece esta comisión diciendo que se hará una auditoría. Parece sospechosamente conveniente.
Yo dije en una entrevista que desconocía con exactitud en qué consistía el programa de distribución de la semilla, porque el ministro Sevilla no se coordinó con la SAE. Conste: no estoy diciendo que está bien o mal. Tengo entendido que el presidente estaba enterado. Ahora bien, el mecanismo que él planteaba es un mecanismo de cambio que causó mucho ruido. Si te recuerdas, el año pasado hubo toma de calles, y hubo una especie de acuerdo que después el presidente no autorizó. Me he informado de que anteriormente había un mecanismo clientelar bastante depravado pero muy bien pactado. El Ministerio le daba paquetes a distintas organizaciones gremiales y ellas las distribuían. Pero estas organizaciones gremiales estaban más o menos vinculadas con distintos partidos políticos.
Y se supone que se cambió ese mecanismo clientelar.
Se creó una estructura organizativa donde entran el gobernador, los alcaldes, personas de distintas organizaciones y se empieza a trabajar sobre base de listas, y el repartidor ya no son las organizaciones, sino que los responsables son esos comités y el Ministerio. Indudablemente aparecieron listas de todos lados, y gente que está en más de una lista.
Al final de cuentas eso solo demuestra una cosa: que a lo mejor el ex ministro tenía razón cuando dijo que había irregularidades y corrupción en el mecanismo aprobado al final por el Ejecutivo.
Te lo puedo plantear de una forma que también es admisible: un decisor toma una decisión y considera que es acertada. Y se genera una reacción pública que cuestiona esa decisión. El decisor dice 'yo actué de buena fe, creo que ese mecanismo es adecuado', y se genera la situación que se generó.
Un decisor también puede equivocarse con sus declaraciones en medio del calor político. ¿Le pasó eso al presidente, al dejar a un lado los señalamientos de corrupción?
También pudo haberse equivocado el ministro saliente. También es admisible eso. Ahora, lo importante en este enredo, ¿qué es? ¿Están dispuestos a transparentar o no?
¿Lo están?
En este caso, la SAE podría hacer la investigación, y hablando con el viceministro Flores concluimos que lo más indicado es que sea una organización externa, y que vamos a definir los términos de referencia, que en mi opinión, deberían ser públicos; al igual que el resultado. Es lógico que en estos movimientos se sienta ruidos. Incluso un político más carismático te diría: 'Hubiéramos seguido con el mismo mecanismo original', y no se hubiera armado tanto lío. Pero muchas veces el lío no es negativo.
¿Prefiere que esto haya saltado a la luz pública?
Prefiero la alternativa que promete, que es no volver para atrás, y seguir avanzando de la forma más transparente posible, tratando de abrir un sistema transparente de distribución de semilla. Igual está de fondo el para qué el Estado permite subvenciones que al final terminan siendo aprovechadas con intereses muy particulares. Vos me decís: 'Y en El Salvador, las subvenciones del Estado, ¿han estado definidas en función de intereses corporativos?'. Las subvenciones para los pobres se manejaron en términos coyunturales, y otro tipo de subvenciones como impuestos creo que también han sido manejadas en forma clientelar. El secretario Hasbún planteaba anteayer algo muy cierto. Él decía que el país estuvo, durante muchísimos años, manejado desde una perspectiva en que el elemento ordenador era la represión. Y en los últimos 20 años, no fue así: el mecanismo ordenador eran las prebendas del Estado. Por eso, cuando el partido de gobierno pierde las elecciones, entra en crisis, porque lo que entra en crisis es la posibilidad de mantener este mecanismo de intercambio y prebendas. La gran pregunta es: ¿este gobierno va a mantener ese mecanismo de transacciones de prebendas o sí vamos a arriesgarnos a tratar de aproximarnos a un mecanismo más transparente y más público, en el sentido de los intereses generales de la sociedad?
¿Y qué se ha respondido usted mismo?
Creo que esta mesa es un paso más positivo en una dirección para arreglar esto en la medida de lo posible.
Vaya, esta comisión no quiso responder, en su primera conferencia, si exigiría o no a la Presidencia que abra sus arcas de publicidad, o si pediría investigaciones por las adjudicaciones ganadas por empresas cuyos dueños son amigos del presidente Funes.
Esta mesa no está formada, ni le corresponde -entre comillas- afrontar al Presidente, sino por el contrario, concretar en términos de transparencia y corrupción la política presidencial. Ahora, me puedes decir muy bien: '¿Dónde vamos a ver esto?' En lo concreto. O sea que en última instancia las políticas públicas deben pensarse en forma estratégica, en forma sistémica, en forma global, pero la prueba del ácido dicen los contadores, se ve en las cosas puntuales.
¿Como, por ejemplo, conocer cuánto están gastando en publicidad o cómo la está distribuyendo?
Como subsecretario creo que es deseable que la distribución del gasto en publicidad sea de conocimiento público. Creo que en la mayoría de los casos, la incertidumbre deben ser respondida con transparencia. Creo que si se hace público, la discusión sería si es justa o no es justa, si es correcta o no es correcta. Incluso, creo que es admisible que en determinado momento un titular diga: 'Mire, en esto me equivoqué. Corrijo'. Esa situación es muchísimo más deseable en términos de cambio de país a que la discusión se quede en '¿lo hago público o no lo hago público?'. La gran pregunta al Estado es: ¿en qué medida la respuesta y los riesgos que esta respuesta implica favorecen o desfavorecen el interés general? Y si el interés general es favorable a que algo se haga público, hay que tratar de hacerlo.
¿La Presidencia debería responder sobre la transparencia en 15 adjudicaciones ganadas en instituciones adscritas al Ejecutivo por la empresa del presidente del Centro de Ferias y Convenciones, amigo del presidente Mauricio Funes?
A ver: la Presidencia debería responder solo en tanto y cuando sea responsable de esas contrataciones. Yo tengo entendido que esas contrataciones las han hecho distintas dependencias del Ejecutivo y creo que si un medio de comunicación considera que amerita una explicación, lo correcto es que lo pregunte a los decisores que han tomado estas decisiones. Es más, ahora lo vinculo a la Ley de Acceso a la Información: creo que -y así está planteado en la propuesta, por cierto- cuando hay licitaciones, la información es reservada durante el período de evaluación y decisión, pero que una vez definida una contratación la ciudadanía puede ver no solo la oferta ganadora sino las ofertas perdedoras.
Nos parecen casi inseparables los lazos de amistad entre el Presidente y el señor Miguel Menéndez: miembro de los desparecidos Amigos de Mauricio Funes; el presidente se va los sábados a su estación de tiro, lo nombró como funcionario, ahora es miembro de los Amigos por el Cambio... ¿cómo percibe esa situación el subsecretario de Transparencia?
Que es una buena razón para preguntar y es una buena razón para responder. No puedo emitir una opinión sobre algo que no solamente desconozco, sino que no es una decisión presidencial, sino de distintos titulares. Lo que yo puedo decir es: ¿tiene sentido la pregunta? Dado lo que tú dices, tiene sentido preguntarlo. ¿Tiene sentido preguntar? En el lugar adecuado. Yo no le haría la pregunta al presidente, porque supongo que el presidente te diría 'bueno, pregúntele a los titulares que han tomado esas decisiones'.
¿Exigirá esta comisión que se transparenten los recursos –y la redistribución de los mismos- que facultan los artículos 2 y 6 de la Ley del Presupuesto?
Quiero repetir lo siguiente: las grandes ideas al final se manifiestan en acciones y cuestiones concretas y pequeñas. El organismo no está creado para cada cuestión específica, sino para concretar las grandes líneas. Pero sin duda, si yo fuera ciudadano, diría.: un esfuerzo tan loable espero que al final resulte en cambios tangibles para la ciudadanía.
Saltemos ahora a la apuesta de esta Presidencia por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Se ha armado un gran debate por las recomendaciones que hizo la Secretaría de Asuntos Estratégicos para agregar nuevos filtros para clasificar como reservada la información. Alguien podría decir que esto sirve para dilatar la ley y alguien podría decir que sirve para hacer más debate. ¿Cuál es la apuesta del Ejecutivo respecto de esta ley?
El Ejecutivo hizo 10 grandes propuestas, de las cuales, una tiene que ver con las reservas, para mí las menos importantes de las 10. Lamentablemente cometimos el error de que en todas las posiciones nos limitábamos a expresar qué agregábamos o que sacábamos. Y en esta copiamos fielmente todos los puntos plateados por la ley modelo de la OEA. Entonces, causó la impresión rápida: “¡Qué barbaros! ¡Qué cantidad de objeciones han agregado!” Ante esa respuesta, ante esa sensación, regresamos y dijimos: “Bueno, en realidad son solo dos principios más”, porque en realidad son principios. Uno tiene que ver con que en determinando momento de definición de políticas públicas debe existir un momento deliberativo que es reservado, no así una vez que se vota y se aprueba. Y dos, que en el manejo de la política financiera hay determinada información que puede generar situaciones de inestabilidad económica.
Desglosemos la primera. Al momento de pedir una reserva para la deliberación de políticas públicas, uno podría pensársela a la luz de dos ejemplos: el Ejecutivo mantuvo en secreto una política pública de dolarización, que se metió de madrugón y se aprobó en la Asamblea.
Es verdad. Y te voy a poner otro ejemplo. Dos veces llegó la Ley de Ordenamiento Territorial al pleno y dos veces fue trabada a último momento por intereses diversos. En lo personal, debo decir, tengo dudas personales sobre la conveniencia o inconveniencia de estos dos criterios de reserva. Creo que las políticas públicas, lo mejor es que se definan públicamente. De ninguna manera es cuestión de honor para el Ejecutivo esas dos reservas, no. Pensamos que vale la pena que los diputados deliberen y sopesen los pros y los contras.
En el segundo caso, ¿cuál es el objetivo?
Te voy a dar un ejemplo: en un país “x” se iba a hacer una devaluación, se filtró la información y se generó una situación de pánico, de inestabilidad económica. Entonces, habría que ver. También está un argumento en contra que dicen: “Siempre se filtra. Entonces, si se filtra es mejor que todos los agentes tengan la misma información y no solo los que tienen acceso privilegiado a esta información”. A mí me encantaría poder meterme en esos dos puntos, deliberar y te puedo asegurar que estaríamos de acuerdo con que se tome una posición pero sobre la base de una discusión. Lamentablemente en el foro no se profundizó. No hubo gente que profundizara en estos temas. Pero bueno, esas eran dos de 10 propuestas que no nos las inventamos, sino que las copiamos, así, literal, de la ley modelo que propone la Organización de Estados Americanos. Y ahí hay otras propuestas que para mí son más interesantes y apremiantes: como el de exigir que los privados también tengan su cuota de transparencia, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales...
Uno podría pensar que las propuestas del Ejecutivo son para plantear una condicionante: si con esta ley quieren que nos tiremos a la piscina...
¡Tirémonos todos! Con responsabilidades distintas. Cuando planteamos “las instituciones privadas” hasta partidos políticos... bien, ustedes no tienen que poner oficiales de información ni oficinas de información, pero sí deben procurar información oficiosa -que deben informar al Estado- y el Estado por ley está obligado a hacerla pública. ¿Quiere saber, por ejemplo, que su contribución al ISSS, realmente llegó al ISSS? Cualquier trabajador debería tener ese derecho. ¿Quién financia los partidos políticos? Hasta en Estados Unidos, toda contribución a ellos es pública. ¿Deben los partidos rendir cuentas sobre los recursos que reciben del Estado? Claro que sí. ¿Deben rendir cuentas sobre financiamientos privados? Con más razón, porque la mayoría financian sus campañas con dinero que no proviene del Estado. Incluso con todo esto de crimen organizado, los casos de Colombia, los casos a nivel municipal en Guatemala, es razón de peso para decir que los partidos políticos son la llave del Estado. Por lo tanto deben publicar determinada información que le garantice a la ciudadanía la probidad de esas instituciones. Igual las fundaciones. Deberían hacer público, por lo menos, de dónde sacan el dinero: qué proyectos tienen, de dónde sacan el dinero, durante cuánto tiempo se ejecutarán y qué gana la gente con ello. Esto ayuda a que sus beneficiarios puedan saber que no están recibiendo una dádiva, sino un proyecto que casi siempre se financia con recursos públicos. Aunque sean públicos de otro Estado. Yo lo que espero es una respuesta positiva. No creo que debería ser un punto que trabe la ley.
¿Pondría las manos al fuego por la versión de que, con estas propuestas, el Ejecutivo no quiere trabar la aprobación de la ley de Transparencia?
Las manos, la cabeza y hasta otras cosas que he dicho en otras entrevistas. Mi respaldo es mi trayectoria. Participé y dirigí un estudio sobre el financiamiento de la campaña electoral, de las últimas campañas, que justamente tratan de investigar cuánto gasta cada partido en comunicaciones electorales. Y el hallazgo es que se estaba afectando el interés de las personas, porque era tan desigual que no se respetaba al ciudadano para tomar decisiones equilibradas, ponderadas, en función de la información que recibe. Tengo una actitud combativa en este tema. Combativa pero consecuente. El ejemplo es cómo se aprobó la Ley de Ética Gubernamental: no hubo mayor discusión pública. Y los alcances obtenidos en ese campo -y que el mismo Tribunal de Ética (TEG) lo diga hoy- son que desde el principio hubo problemas en el diseño de la ley, y son una razón suficientemente poderosa como pare decir que las leyes mejor discutámoslas bien.
¿El Ejecutivo está pidiendo que desparezca el TEG tal como lo conocemos?
Lo que estamos proponiendo es que el aparato técnico administrativo del TEG se mantenga, que se cambie radicalmente la forma de elegir el gobierno de esta entidad –quien administrará la ley- y que solo sobre esa base, tendríamos un organismo con suficiente credibilidad pública como para administrar la Ley de Acceso a la Información y la Ley de Ética Gubernamental, de la que se habla muy poco pero que déjame decirte que es un diamante apagado.
Porque no tiene dientes...
... Pero que si usted le permite actuar de oficio, como el mismo TEG ha propuesto... si amplía a las prohibiciones éticas a los funcionarios... Plantear de forma más fuerte que un funcionario no se puede beneficiar personalmente ni familiarmente de su puesto, por ejemplo. Otro ejemplo poderoso, las reformas al Código Municipal y principalmente el capítulo 9, que tiene que ver con la transparencia. Y ahí, en otro artículo, dice claramente que se impide utilizar colores, tiempo, recurso, maquinaria municipal en relación con un partido político. Vaya a recorrer las alcaldías...
Casa Presidencial también plantea que sea el Ejecutivo el que elija las ternas de aspirantes a titulares del ente que regulará la ley de acceso a la información. ¿Esto no es sujeto de una posible manipulación de la institución?
Lo importante es el involucramiento de todos los actores que participan en el proceso: la sociedad propone, el poder Ejecutivo nomina (la terna), el Judicial elige y el Legislativo sanciona u objeta. ¿Puede alguno de estos actores actuar en un marco de conflicto de intereses? ¡Claro! ¿Cuáles son los mecanismos de control? Que tiene que ser un proceso absolutamente público y justificado y, al final, nadie toma una decisión definitiva.
¿Esta oferta es mejor que las que están planteadas?
Este diseño es de tercera generación. ¿Cuáles son las dos ofertas? El Tribunal de Ética dice que nombran las instancias del Estado en un proceso que nadie sabe cómo funciona. Es un marco muy opaco. ¿El proyecto único? Nombran organizaciones con nombre y apellido, y la Corte Suprema de Justicia... Con las dudas que esto desata -justificadas, mirando al pasado- el Ejecutivo no está mal parado, comparado con el Poder Judicial, en torno a la voluntad de transparencia y anticorrupción. El peligro de que mañana una institución X, que pueden ser las ONG, la Asociación de Periodistas o la ANEP, nombre por ley ternas... mañana se disolvió la Asociación de Periodistas y hay que cambiar la ley. Y una asociación que no es de las cuatro o cinco nombradas, podría decir que ha sido excluida, que no tiene derechos, porque la ley le otorga derechos exclusivos a las otras. Y cierro con el punto: la mayoría de las asociaciones nominadoras en el borrador único, son las mismas que están en el Grupo Promotor de la ley. No quiero ofender a nadie, pero es objetable que las mismas organizaciones que promueven una ley sean beneficiadas con el derecho a prácticamente determinar quiénes serán los titulares. Cuando esto sucede, creo que lo más sano es que participan pero se reservan de establecer el nombramiento.
¿Dadas las contradicciones del Presidente en el tema de la transparencia y combate a la corrupción, que el gobierno haya salido día antes de su primer cumpleaños lanzando esta mesa, este plan, y su posición respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información no es un mero acto propagandístico?
Creo que el tema de la transparencia y anticorrupción nunca ha estado tan presente en la agenda pública del país. Nunca se han abierto las puertas desde el gobierno en forma tan amplia como en la actualidad. Comprendo que hay dudas e interrogantes… pero si yo soy funcionario de este gobierno y trabajo en una secretaría presidencial, y me mantengo, es sin duda, porque creo que estamos en el rumbo correcto. Así como he dicho que la información y discusión de la publicidad deberían ser públicas, digo que el caso del Diego de Holguín, Maternidad, ya se mencionó al BMI, esta oficina, las propuestas a la ley de transparencia -más allá de que se entienda que traban o no los procesos-, no se puede decir que no tienen sentido.
