La violencia desatada en Managua por el presidente Ortega hace dos semanas generó un clima de temor y rechazo generalizado entre la sociedad nicaragüense. Partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y la Conferencia Episcopal de la iglesia católica condenaron unánimemente la violencia política y a sus responsables. Desafortunadamente, esos tres días de vandalismo concebidos desde el oficialismo como una presión para forzar una negociación política ventajosa, apenas representan una advertencia de hasta dónde está dispuesto a llegar Ortega, en su obsesión por imponer la reelección presidencial.
En efecto, lo que ocurrió se asemeja a un ensayo en miniatura del caos que podría desencadenarse en el país, si las circunstancias le resultaran adversas a Ortega. Imagínense por un momento un Consejo Supremo Electoral autónomo, que rechaza por inconstitucional la inscripción de su candidatura en el 2011, o bien un tribunal electoral imparcial que certifica su derrota en las urnas. ¿Cuánta violencia desataría Ortega para encender en llamas al país entero? La sentencia es brutal: el Comandante admite que no está dispuesto a ceder el poder por medios democráticos y nos deja sólo una alternativa, “acepten la reelección o aténganse al caos”.
Irónicamente, el recurso de la violencia es un síntoma de debilidad política extrema que coloca a Ortega como el eslabón más débil en la alianza regional del ALBA. En tres años de gobierno, no ha podido ampliar su base social de apoyo, ni siquiera derrochando la multimillonaria ayuda venezolana. No tiene mayoría parlamentaria, pero controla la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, que actúan como los nuevos poderes fácticos del orteguismo, en los que el poder de fuego de los jueces y magistrados, convertidos en operadores políticos partidarios, resulta más destructivo que un AK 47.
Desde que Ortega fracasó en su intento de lograr una reforma constitucional para despejar el camino de la reelección, nunca ha esgrimido un solo argumento jurídico creíble que justifique el ilegal atajo a través de la Corte Suprema. Todo se deriva de un imperativo político mesiánico, impuesto a la fuerza a su propio partido y justificado jurídicamente a posteriori por los pistoleros de la CSJ. Una tras otra han caído las máscaras de la autoproclamada “reconciliación”, y ante los ojos del país sólo va quedando al desnudo el camino de los morteros, la división y la violencia.
El factor Granera y el ejército
Nicaragua es un caso único en el mundo donde el jefe máximo de los paramilitares, el que ordena el vandalismo y también con un telefonazo manda a parar el caos cuando las cosas se salen de control, es también el Presidente de la República, y por lo tanto en última instancia el jefe de la Policía Nacional. Pero no se puede promover el caos y el orden al mismo tiempo. Ortega está sacrificando la credibilidad de la Policía Nacional, una de las más prestigiosas de América Latina, al imponer de forma irresponsable su agenda partidaria. Y aunque resulta comprensible la cautela de la jefatura policial en lo que respecta al uso comedido de la fuerza para mantener el orden, es injustificable que después de tres días de violencia no hubo una sola persona detenida. La policía se esmera en no darle pretextos a los que ansían un derramamiento de sangre que justifique más violencia, pero la impunidad también alienta la violencia y va minando la credibilidad policial.
Por su proyección social más allá de la Policía Nacional, a la primer comisionada Aminta Granera le podría tocar jugar un papel histórico en esta crisis. Granera conoce mejor que nadie la contradicción que está planteada entre las inclinaciones autoritarias del Presidente, y sus obligaciones legales y constitucionales, que definen su propia situación límite. Se trata de un equilibrio sumamente precario, que se torna insostenible a medida que el afán reeleccionista impone la polarización en el país. En consecuencia, a Granera le tocará decidir el momento y los alcances de sus propias decisiones, en una circunstancia que será decisiva para el futuro de la Policía Nacional. En el escenario de una explosiva crisis de orden público derivada de factores políticos, lo mínimo que el país espera de la funcionaria que goza de mayor credibilidad ante la ciudadanía, es que no sea un sujeto pasivo y se deje arrastrar por los acontecimientos, sino que mantenga su liderazgo con determinación e iniciativa. En la hora terminal, Granera tendrá que demostrar si está dispuesta o no a asumir riesgos políticos, dentro o fuera de la Policía Nacional, para ayudar a salvar la democracia.
El ejército, como institución, también será sometido a una máxima presión bajo la estrategia de Ortega. Su disyuntiva no radica entre convertirse en un árbitro político o decidir por quien tomar bando en la crisis, sino todo lo contrario. Su desafío reside en hacer valer la autonomía que mostró en el pasado, cuando se resistió a ser manipulado políticamente por los gobiernos de Alemán y Bolaños. Ahora le tocará pasar esa misma prueba, ante el Todopoderoso Daniel Ortega.
Si los 48 votos resisten, tal vez…
La semana pasada, los 48 votos de la oposición parlamentaria demostraron que son necesarios pero no suficientes para devolverle al país la esperanza de un cambio. Demasiadas traiciones, pactos y ambiciones personales, justifican el escepticismo de la ciudadanía. Los diputados ganaron un round de una pelea pactada a quince, en la que no tienen ninguna capacidad de decidir por knocaut. Ante el garrote y la zanahoria que ofrece el orteguismo, necesitarán demostrar coherencia ética y un programa mínimo de cambio democrático y lucha contra la pobreza, para recuperar la credibilidad de la población.
Es positivo, y hay que reconocerlo, que por primera vez en los últimos 10 años, el PLC está comprometido, por la vía de los hechos, a no negociar con Ortega a espaldas del resto de las fuerzas políticas. Si la oposición resiste, si no hay deserciones y se mantiene unida, es más factible que el pueblo reaccione en las calles a su favor, o que desate su propia estrategia autónoma de protesta. Por primera vez, negociar al borde del abismo tiende a operar en contra el orteguismo, pues en la medida que el tiempo pase sin que se elija a un nuevo Consejo Supremo Electoral creíble, Ortega tiene mucho más que perder que la oposición.
La presión externa demandándole a Ortega que cumpla los compromisos democráticos del Estado, a corto plazo tiene una incidencia mayor en Nicaragua que en otras naciones. A final de cuentas, somos una sociedad abierta, altamente dependiente de los condicionamentos de la ayuda externa. Pero el factor externo, la OEA, la Unión Europea, o los problemas económicos de Chávez, tampoco puede sustituir la ausencia de una oposición beligerante si ésta no logra tomarse la calles con el respaldo popular.
Tampoco le toca a la Conferencia Episcopal o a las cámaras empresariales sustituir el rol que le corresponde jugar a la oposición política. Pero junto a la sociedad civil, estos son actores imprescindibles, a los que debe rendir cuentas la oposición parlamentaria. Solamente la conjunción de todos estos factores: los 48 diputados y sus partidos, las organizaciones de la sociedad civil, la conferencia episcopal, el sector empresarial, y una estrategia de lucha popular que vincule las demandas de democracia con las carencias de empleo y bienestar social, es lo que puede producir un vuelco en la situación política del país, para desafiar al autoritarismo.
En las zonas grises del orteguismo, aún navegan con cierta incomodidad, el propio Vicepresidente de la República, los diputados de la Convergencia Nacional, algunos influyentes ministros del gabinete, los grupos económicos oportunistas, y especialmente centenares de técnicos y profesionales honestos del sector público, que esperan una señal inequívoca para tomar distancia del barco del autoritarismo. Pero únicamente cuando se constituya otro factor de poder real, empezarán a surgir abiertamente las fisuras del oficialismo.
Tres escenarios de incertidumbre
Mientras tanto, la única certeza que hoy domina en el país es la de la incertidumbre, en un futuro que se debate entre tres opciones:
a) La oposición cede y se divide ante la presión y el halago de la corruptela del orteguismo. Ortega logra imponer una correlación de fuerzas favorable en el CSE y los demás poderes del estado, con una mínima concesión de imagen política, no de sustancia, al descartar a Roberto Rivas de la presidencia del CSE. Se despeja el camino para la reelección de Ortega.
b) La oposición resiste con sus 48 votos y suma nuevos apoyos. Ortega se niega a negociar una salida democrática que le devuelva autonomía a los poderes del estado, e impone la violencia y el vandalismo. Se desata una crisis de orden público cuyo nivel de violencia e impunidad coloca en una situación límite al ejército y la policía. El desenlace es impredecible.
c) A la par de la resistencia de la oposición, se desarrolla un movimiento de protesta popular con una dinámica autónoma. La crisis obliga a Ortega a negociar una recomposición del consejo supremo electoral, que otorga garantías mínimas a la oposición para competir en la campaña electoral del 2011. Cualesquiera sea el resultado electoral, el desenlace apunta a una situación de inestabilidad. Aún derrotado en las urnas, Ortega preservaría una formidable cuota de poder para mantener el país al borde del caos.
