Videla, de 84 años, deberá responder por el asesinato de 31 presos políticos cometidos entre abril y noviembre de 1976 en la provincia de Córdoba, 713 kilómetros al norte de Buenos Aires. Junto al ex dictador también serán juzgados por el tribunal oral en lo criminal número 1 el ex general Luciano Benjamín Menéndez y otros 23 represores, entre militares retirados, ex policías y civiles.
Considerado el arquitecto del sistema represivo que llevó a la muerte a miles de personas durante la dictadura (1976-1983), Videla fue condenado a cadena perpetua en 1985 por cargos de torturas, asesinatos y otros delitos. En 1990 fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem, pero perdió el beneficio luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el indulto en 2007.
Desde entonces, de las decenas de causas acumuladas en su contra, la de Córdoba es la primera que llega a juicio.
Lo particular de este proceso respecto a otros por violaciones a los derechos humanos durante el régimen es que las víctimas habían sido detenidas antes del golpe militar y se encontraban alojados en una cárcel, a disposición de un juez. Pese a estar bajo proceso fueron ejecutados, explicó a AP Miguel Ceballos, hijo de uno los presos asesinados y abogado querellante de otros familiares.
Su padre, Miguel Angel, militaba en el movimiento izquierdista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue arrestado en 1974, en plena democracia, por violar la ley antisubversiva. Detenido en la Unidad Penitenciaria número 1 de Córdoba, fue asesinado en un supuesto intento de fuga el 11 de noviembre de 1976. Tenía 37 años.
'Fue fusilado en un barranco a pocas cuadras de la cárcel junto a otros detenidos. Cuando lo fueron a buscar al penal mi padre sabía que lo iban a matar. Se despidió de sus compañeros y les dejó una foto de nuestra familia para que nos contaran lo que había pasado', relató su hijo.
El cuerpo de Ceballos fue entregado a sus parientes poco después de su muerte.
El resto de las víctimas, que tenían entre 21 y 45 años, también militaban en agrupaciones de izquierda y murieron en circunstancias similares.
Videla llegó al poder el 24 de marzo de 1976 al frente de un golpe militar que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Junto a sus colegas de las otras fuerzas que integraron la primera junta, implementaron una feroz represión contra disidentes con el argumento de que el país corría peligro de caer bajo el yugo marxista.
'Yo sabía todo lo que pasaba, yo estaba por encima de todos', dijo Videla a los autores de la biografía 'El dictador' (2001).
Hoy anciano, requerido por jueces de Italia, España, Francia y Alemania, impedido de gozar el beneficio del arresto domiciliario que le correspondería por ser mayor de 70 años, aguarda en la celda de una cárcel común de Córdoba para ser juzgado por los cargos de imposición de tormentos seguidos de muerte; homicidio calificado y encubrimiento.
Ceballos cree imaginarse que sentirá cara a cara con el verdugo de su padre: 'será un momento difícil, una mezcla de emoción y dolor. Llevó mucho tiempo llegar al juicio, pero tiene que tener un cierre. Nunca creí en la justicia por mano propia, (Videla) tendrá el juicio que le negó a mi papá'.
Modus operandi
En 1977 Nélida de Forti fue sacada de un avión cuando intentaba escapar de Argentina a Venezuela con sus cinco hijos varones. Más de 30 años después, el mayor de ellos confirmó con dolor la muerte de su madre al leer su nombre escrito en una lista de asesinados, un documento histórico que demuestra el plan sistemático para matar de la dictadura militar.
Junto al nombre de Nélida Sosa de Forti aparecen las siglas DF, lo que en la jerga militar significaba 'disposición final', o la muerte, explicó a Associated Press su hijo Alfredo Forti. Forti supo recientemente de la existencia de este registro que un testigo protegido reveló en un juicio que se desarrolla en la norteña provincia de Tucumán sobre 22 desapariciones ocurridas en la última dictadura militar (1976-1983) y en el cual se dictará sentencia a cuatro imputados el 8 de julio.
Juan Carlos Clemente aportó está lista junto a otros documentos considerados únicos. La información contenida en 259 hojas que el testigo escondió en su casa durante más de 30 años y que ahora está en manos de un tribunal contiene nombres de agentes de inteligencia y de personas consideradas subversivas, y detalles de operativos contra la guerrilla.
También incluye nóminas de cadáveres identificados, así como datos sobre contratos comerciales suscritos por personas investigadas por los militares.
El conjunto de la información, que contiene sellos oficiales y las firmas de algunos de los represores acusados, aporta elementos novedosos sobre el estrecho seguimiento al que eran sometidos los disidentes políticos, dijo a AP Bernardo Lobo, abogado de la familia del desaparecido José Eduardo Ramos.
Es la primera vez que desde el regreso de la democracia en 1983 un tribunal argentino tiene en su poder documentación original sobre la represión confeccionada por militares y policías que además controlaban un centro ilegal de detención, puntualizó.
La información aportada es particularmente importante ya que la última junta militar que gobernó en Argentina ordenó destruir los registros en papel que probaban su accionar delictivo.
Forti, quien hoy es secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, explicó que aunque sabía que su madre era una desaparecida, nunca había visto el nombre de ella registrado de esta forma, dando fé de su asesinato. 'Obviamente fue muy doloroso para mí ver las letras DF', afirmó.
Otras personas que no sabían qué les ocurrió a sus familiares se mostraron muy impactadas al confirmar en pleno juicio la muerte de sus seres queridos en el listado que salió a la luz de manos de Clemente, un detenido en la Jefatura Policial tucumana que tras ganarse la confianza de sus secuestradores se convirtió en su colaborador.
La documentación revelada muestra, en opinión de Forti, que la guerra sucia se diseñó y organizó con una 'tremenda precisión'.
Hay manuscritos de lo que supuestamente serían apuntes tomados durante interrogatorios que tuvieron lugar en sesiones de tortura, destacó.
'Esto es una evidencia de algo mucho más grande, que fue totalmente sistematizado en los famosos archivos de la represión', señaló.
El funcionario se dedicó en los últimos 20 años a buscar el castigo por la muerte de su madre, quien trabajaba para organizaciones sociales y residía junto a su familia en Tucumán. Su caso será abordado en un segundo juicio que tendrá lugar próximamente en esa provincia.
Después de ser forzados a salir del avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto bonaerense de Ezeiza, Nélida Sosa y sus hijos --de entre 16 y 8 años-- fueron retenidos de forma ilegal durante varios días en un centro de detención de las afueras de Buenos Aires.
La madre de Forti convenció a sus secuestradores que dejaran libres a sus hijos. Los chicos fueron abandonados en plena noche, con las manos atadas, en una calle de la capital argentina, cerca de la casa de una amiga de la familia, con la promesa falsa de que su madre regresaría pocos días después.
El nombre de Nélida Sosa se suma en la lista revelada por el testigo protegido a los de 292 personas que estuvieron detenidas en la Jefatura de Policía tucumana. Según este registro original de víctimas, cuya autenticidad nadie ha puesto todavía en duda, 195 de los detenidos fueron asesinados después de pasar por ese centro policial.
Al lado del nombre de aquellos que se salvaron aparece escrita la palabra 'libertad' , mientras que otros quedaron a disposición del Poder Ejecutivo.
Según dijo a AP el fiscal Alfredo Terraf, es la primera vez que en Argentina aparece una lista original de detenidos en la que se precisa el destino de éstos al lado de sus nombres.
Clemente dijo durante su testimonio que había enterrado en su casa, en una bolsa de plástico, la documentación que robó a fines de 1977 a sus secuestradores, cuando supo que tenían planeado destruir parte de la misma.
Aseguró que la ocultó tanto tiempo porque fue amenazado por gente cercana a uno de los imputados.
Miembros de organizaciones de derechos humanos han calificado de traidor a Clemente, cuya esposa forma parte de los 13.000 desaparecidos que, según cifras oficiales, dejó la dictadura.
Él sostiene que cuando fue detenido era militante de una organización política disidente y que, durante su confinamiento en la jefatura policial, su voluntad fue reducida a cenizas.
Pero uno de los imputados asegura que colaboró con los represores entregando a militantes políticos.
La documentación que Clemente escondió tan celosamente es del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Jefatura de Policía de Tucumán que operaba en la capital de dicha provincia. Allí trabajaba en tareas administrativas.
Entre los principales acusados por delitos como tortura y privaciones de la libertad está Luciano Benjamín Menéndez, quien dirigía la lucha contra la guerrilla izquierdista en diez provincias.
Otro de los principales acusados es Antonio Domingo Bussi, ex gobernador de facto de Tucumán, quien ha sido excluido provisionalmente del juicio por problemas de salud.
Además están procesados Roberto Albornoz, ex jefe del SIC, y Carlos Esteban de Cándido y Luis Armando de Cándido, quienes se desempeñaron en la Jefatura de Policía. Alegan en su defensa que ellos obedecían órdenes superiores.
