Los partidos políticos empezaron este lunes a discutir por primera vez artículo por artículo el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTAIP), y de inmediato rechazaron la propuesta de la Presidencia de la República de que se les incluya entre las organizaciones que deben transparentar sus cuentas.
La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa acometió la discusión de los primeros 34 artículos de la LTAIP y en cuestión de segundos se deshizo de la propuesta del Ejecutivo, que la hizo llegar después de los dos meses de receso que había pedido a los diputados para analizar el proyecto.
Fue el mismo presidente de la comisión, Guillermo Ávila Qüehl, de Arena, quien orientó el debate hacia el rechazo. Leyó parte de la propuesta de la Presidencia y cuando abordó el punto de las cuentas de los partidos políticos hizo una pausa para dejar escapar un comentario: 'Pero si vamos a tocar cosas sensibles...' No terminó la oración y solo se quedó viendo a los otros miembros de la comisión, como esperando el complemento. Y no tardaron en dárselo.
Los dos partidos con mayor número de diputados, FMLN y Arena, se retorcieron en este punto. Mario Valiente, de Arena, expresó su desacuerdo con la posibilidad de que se obligue a los partidos políticos a revelar sus fuentes de financiamiento. No expresó razones, solo su desacuerdo con esa posibilidad. Y Margarita Velado, del FMLN, dijo que, si acaso, se podría dar información eventualmente al Tribunal Supremo Electoral.
Parte de las consideraciones que hizo la Presidencia consisten en ampliar las organizaciones o instituciones que estarán obligados a publicar información y a dar respuesta a solicitudes de información de parte de la ciudadanía. La Presidencia incluyó a los partidos, con el argumento de que es importante que la ciudadanía sepa quiénes costean a estas organizaciones.
En los últimos años se ha evidenciado cierta penetración de los partidos políticos por parte del crimen organizado. En Estados Unidos dos ex diputados -uno del desaparecido PAN y otro del PCN- están presos acusados de delitos vinculados con el narcotráfico. Asimismo, el PCN tuvo entre sus candidatos a diputados en la última contienda electoral, a un comerciante que según las autoridades está vinculado al narcotráfico.
El proyecto de la LTAIP incluye dentro de las instituciones obligadas a todas aquellas del sector público y a aquellas privadas que manejan fondos públicos, pero no incluye a los partidos políticos.
Ávila Qüehl recordó que, efectivamente, los partidos políticos reciben fondos públicos, por medio de la 'deuda política', que no es si no el financiamiento estatal a los partidos para que hagan publicidad en las campañas electorales. En este punto, Ávila Qüehl pareció favorecer la propuesta del Ejecutivo. 'Se pudiera preguntar a los partidos políticos, desde luego que reciben deuda política', comentó, pero después dijo que estas eran 'cosas sensibles' que convenía dejarlas fuera.
En el FMLN, Margarita Velado argumentó que los partidos políticos son entes privados que de ser necesario rendirían cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral, que se encargaría de regular la información que sería de carácter público. 'Los obligados a dar la información son las entidades públicas. Los partidos deben rendir la información al TSE para que este establezca una estructura al momento de difundirla', dijo Margarita Velado, diputada del FMLN.
El borrador que trabaja la comisión es producto de la fusión de una propuesta del FMLN y de otra elaborada conjuntamente por Fusades y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ambas llegaron a la Asamblea Legislativa en 2008, pero fue hasta hace un año cuando la comisión inició el trabajo.
La LTAIP pretende desarrollar el artículo 6 de la Constitución de la República, que garantiza la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya interpretó hace más de 10 años que la libertad de expresión incluye el derecho al acceso a la información. El Salvador, como parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a atenerse a dicha interpretación, pero hasta ahora es prácticamente el único país de América que carece de una normativa relacionada con el acceso a la información.
El diputado Mario Valiente dijo rechazar que se obligue a los partidos a revelar la identidad de sus contribuyentes. '¿Debe incluirse también mis contribuciones a un partido, aunque sean mis fondos privados?', cuestionó. 'No hay que mezclar la publicación del uso de fondos públicos y privados', pidió, aclarando que lo importante es el uso que se le dé al capital público.
Arena y FMLN coincidieron en que esta materia debe regularla una Ley de partidos políticos que no existe, a pesar de que se viene proponiendo desde 1994. El mismo Valiente aceptó que esa es una posibilidad que desafía cualquier certeza: 'Nadie aquí en la Asamblea quiere hablar de la Ley de partidos'.
El Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y de Interés General pretende garantizar la transparencia en las actuaciones de las instituciones y dependencias del Estado. Para esto se procura que las entidades gubernamentales y demás instituciones, que laboran con fondos públicos, publiquen de forma regular los diferentes usos que reciben dichos fondos. Por otra parte, el proyecto pretende brindar a la ciudadanía el derecho a solicitar la información de carácter público que estimen conveniente, sin argumentar su finalidad.
En la comisión solo hubo acuerdos para hacer cambios de forma. Los diputados coincidieron en cambiarle el nombre. A Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le quitarían los términos 'Transparencia y' debido a que consideran que la normativa regulará el acceso a la información y que la transparencia será nada más el objetivo.
