El ex presidente de la República, Alfredo Cristiani, acompañado de otros miembros de la cúpula arenera, presentó el miércoles su plan de combate a las pandillas ante el presidente de la República, Mauricio Funes.
El documento, denominado “Plan estratégico de protección a la familia, niñez y juventud: El Salvador sin pandillas”, destaca la propuesta de otorgarle titularidad a la Fuerza Armada (FAES) en el combate a este tipo de agrupaciones, tanto en la parte represiva como en la de rehabilitación.
La iniciativa contempla la creación del Comando Militar Antipandillas, que sería una especie de unidad élite del ejército, al que se le atribuirían las facultades de búsqueda y captura de cabecillas y miembros de pandillas, y la de “desmantelar la infraestructura del mercado negro de armas”, entre otras. Este comando figuraría en la estructura orgánica de la FAES y estaría conformado por las fuerzas especiales y por la Brigada Especial de Seguridad Militar (Policía Militar). Según el documento esta unidad sería apoyada por el Grupo de Reacción Policial (GRP) y por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), ambos de la Policía Nacional Civil.
Los Comandos Militares Antipandillas instalarían destacamentos en los territorios ocupados por pandillas. Se solicita también dotar a la Policía Militar de 6 mil efectivos, que serían los responsables de los patrullajes disuasivos y represivos en las zonas consideradas de alto riesgo.
En la propuesta arenera, también sería la FAES la encargada de rehabilitar a los pandilleros que se consideren “rehabilitables”, es decir, según los términos de la propuesta, aquellos que sólo hayan cometido delitos comunes, no los de crimen organizado. Esta medida contempla dos modalidades: a los pandilleros mayores de 16 años se les aplicará un régimen de servicio militar obligatorio y se les enviaría a una “granja militar productiva”, donde permanecerían durante dos años bajo régimen militar, sin acceso a uso de armas. Entre otros puntos, el documento señala que durante su estancia en estos centros, los pandilleros aprenderían oficios y habilidades laborales, se les limpiaría el cuerpo de tatuajes y que además serviría para que, “sustentado en la disciplina militar, se les inculque principios y valores humanos y morales, instrucción de patio y clases teóricas, sin armas”.
Los pandilleros entre los 13 y los 16 años también serían confinados durante el mismo período de tiempo a estas granjas, pero sin estar sometidos al régimen militar. Estos sitios estarían ubicados en el Destacamento Militar número 3, en La Unión y serían dirigidos por la Policía Militar. Según el documento, se espera recluir a 6 mil pandilleros en una primera fase, de dos años. No se detalla si quienes hagan parte del régimen militar, recibirían salario, ni el monto económico de la construcción de las granjas.
En la propuesta se menciona también que aquellos pandilleros que no se consideren rehabilitables, serán confinados a una cárcel bajo el régimen actual de máxima seguridad, indistintamente de si son menores de edad o adultos. Y los miembros de pandillas a los que se les identifique como “cabecillas y criminales de alta peligrosidad” se les enviará a la isla Martín Pérez, en el Golfo de Fonseca; la que se dispondrá para servir de isla carcelaria y vivirán en un régimen –literal- de “total aislamiento”.
El plan “El Salvador sin pandillas” propone algunas otras medidas, que facilitarían el otorgamiento de mayores facultades a los organismos de seguridad del Estado, como por ejemplo declarar a las pandillas como un asunto de seguridad del Estado –y por lo tanto ya no de seguridad pública-, y decretar la Ley de Estado Peligroso, de la que no se da mayores detalles.
Se busca también crear un supraorganismo de inteligencia que le reste titularidad al Ejecutivo en este ámbito. Este megaorganismo, operado desde la Asamblea Legislativa, controlaría incluso la actuación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), e integraría a las inteligencias de la PNC, la Fiscalía y el OIE.
Se propone además reducir los centros penales a no más de 10, ampliando la capacidad de algunos de los ya existentes; crear más medidas sustitutivas para los delitos menores, separar a las personas que ya recibieron sentencia de los no condenados y derogar la disposición que separa a los reos según la pandilla a la que pertenezcan. Esta última medida fue adoptada por Arena, como parte de los planes de “mano dura”.
Entre otras medidas figuran la vigilancia y control de los familiares de pandilleros y de deportados con delitos en Estados Unidos y el uso de tecnología para el control de ciudadanos potencialmente peligrosos, como brazaletes localizadores e instalación de cámaras de monitoreo en penales y zonas de alto riesgo.
Pese a que el proyecto contempla la creación de varias unidades nuevas, de nueva y más moderna infraestructura y de más elementos militares y policiales, no se sugieren montos ni fuentes de financiamiento.
En la reunión participaron, de parte del Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, y el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés. Al finalizar la reunión, el líder arenero, Alfredo Cristiani, declaró que encontró “buena receptividad” de parte del Ejecutivo.
