El Ministerio de Seguridad propone que la existencia de pandillas o grupos de exterminio quede prohibido en una nueva ley, de tal manera que toda aquella persona a la que se le pruebe su pertenencia a alguna de esas organizaciones pueda ser condenada por el delito de agrupaciones ilícitas que ya contempla la legislación penal.
La propuesta, que será presentada este jueves al presidente Mauricio Funes para su aprobación, pretende, además que a los integrantes de esos grupos se les cierre los espacios de operatividad, lucro o cualquier beneficio material que obtengan como producto de actividades criminales.
Esta es la respuesta de las autoridades de seguridad pública a la violencia de las pandillas, después de que estas causaron la muerte de 19 ocupantes de dos microbuses atacados el domingo 20 de junio en Mejicanos.
El Ministerio presentó esta mañana un esbozo del anteproyecto de 'Ley de proscripción de pandillas o maras y grupos de exterminio', procurando evitar los errores que tenían las dos normativas antimaras producidas durante el gobierno de Francisco Flores, en 2004, que fueron declaradas inconstitucionales.
El viceministro Henry Campos explicó cuatro de los artículos del borrador que esperan hacer llegar a la Asamblea Legislativa una vez lo avale Funes. El primero prohíbe la existencia y cualquier tipo de apoyo a asociaciones o agrupaciones como la MS13, la 18, la Mao Mao, la Sombra Negra o la XGN, de tal manera que cuando se establezca que alguien pertenece a alguna de ellas se le podría aplicar el artículo 345 del Código Penal, que establece el delito de agrupaciones ilícitas. El castigo actual por pertenecer a alguna agrupación ilícita es de entre 3 y 5 años de cárcel, pero a los jefes o cabecillas se les prescribe entre 6 y 9 años de prisión.
El borrador de la nueva normativa basará su posible éxito en que primeramente se establezca la existencia de alguna de esas organizaciones y, en segundo lugar, que se pruebe la pertenencia de alguien a ellas, y ese fue uno de los puntos de preocupación que expresaron algunos jueces que fueron invitados a la presentación.
Campos ya había adelantado a El Faro esta semana que será la Fiscalía la que correrá con el reto de presentar suficientemente sustentados sus casos para que se logre el propósito de neutralizar a las pandillas.
Sin embargo, con las pobres cifras de éxito de la Fiscalía (16% en el caso del equipo élite antihomicidios), los jueces vislumbran las mismas dificultades que han tenido hasta ahora con las leyes vigentes. 'Habrá el mismo problema de siempre: la probanza', intervino una jueza. 'Nuestra preocupación es que al final los jueces quedamos como villanos', dijo la magistrada, a cargo de uno de los tribunales de paz de San Salvador.
Campos admitió que la clave para que la ley se vuelva efectiva será la capacidad de aportar pruebas por parte de la Fiscalía. Otro juez dijo que él esperaba que en la propuesta iba a encontrar 'actos concretos' que se penalizarían, pero se llevó la sorpresa de que lo único que se está haciendo es enumerando organizaciones que pasarían a ser consideradas agrupaciones ilícitas. El viceministro le respondió que en la propuesta hay una 'reducción de la prueba' que se requerirá para condenar a alguien, puesto que bastaría con que se demuestre que alguien pertenece a una de las organizaciones.
Cuando se le preguntó cómo podría aportarse pruebas de que una persona es parte de una pandilla, respondió que la presencia de tatuajes es una posibilidad. 'Podría haber un perito que sea llamado a explicar si un tatuaje es símbolo de pertenencia a una pandilla o cualquier otro código que pueda establecerse como señal de pertenencia', dijo.
Sin embargo, la jueza subrayó las deficiencias en la Fiscalía para presentar sus casos. 'Es la Fiscalía la que debe recabar la prueba, pero se da el problema de que suelen basar sus casos en testigos criteriados. El testigo criteriado es un testigo sospechoso', dijo.
El Faro publicó en 2008 un reportaje en el que se informaba sobre numerosos casos en los que la misma Fiscalía había cometido fraude procesal, al presentar ante diversos juzgados a testigos falsos, a sabiendas que eran testigos falsos.
Aparte de la proscripción de las pandillas, el Ejecutivo también tiene previsto pedir a la Asamblea que se cierre posibles espacios de acción a los integrantes de ellas, anulando cualquier acto que realicen las agrupaciones ilícitas o sus integrantes. 'Por ejemplo, si alguien inscribe un restaurante o negocio o vehículo, se puede demandar la nulidad o anulación del permiso', ilustró Campos.
Asimismo, se cancelará la posesión de cualquier bien en manos de algún pandillero que haya sido obtenido ilícitamente.
El viceministro dijo que la normativa no permite hacer promesas de metas de reducción del crimen, y sobre las perspectivas de que obtenga respaldo de los partidos políticos, dijo que hasta ahora han expresado su disposición a colaborar.
Con el antecedente de inconstitucionalidad de las leyes antimaras de 2004, Campos se preocupó por aclarar las diferencias entre esta propuesta y las leyes anteriores. Dijo que, por ejemplo, ahora la ley no tiene dedicatoria contra personas específicas, de tal manera que se respeta el principio de igualdad. Las de 2004 estaban destinadas a aplicarse a miembros de pandillas y la Corte Suprema resolvió que eso violaba el principio de igualdad.
Asimismo, antes se criminalizaba el solo hecho de pertenecer a una pandilla, de tal manera que la Sala de lo Constitucional no encontró qué bien jurídico se amenazaba o se vulneraba solo por ese hecho. 'Anteriormente no se establecía la culpabilidad porque no se establecía la lesividad del hecho de pertenecer a una pandilla. En esta propuesta se dice que se afecta el bien jurídico de la seguridad pública', dijo.
El delito de agrupaciones ilícitas se encuentra en el área de los atentados contra la paz pública que recoge el Código Penal.
Lo que no incluye la propuesta del Ejecutivo es a los menores de edad que pertenezcan a pandillas.
La presentación de algunos de los contenidos del borrador se produjo un día después de que el partido Arena le presentara su propio plan a Mauricio Funes.
Arena pide que a los pandilleros criminales se les envíe a una isla prisión, la Martín Pérez, en el Golfo de Fonseca, y que a otros se les recluya en granjas militarizadas. Asimismo, lanza un atarrayazo para que incluso menores de edad sean sometidos a lo que llaman 'servicio militar obligatorio' pero sin armas y solo con el propósito que sean disciplinados según los cánones militares.
Campos dijo que analizarán la propuesta, en la que, en una lectura preliminar, ha encontrado algunas ideas positivas, que no detalló.
