Desconozco si, en efecto, las autoridades de seguridad pública cuentan a la fecha con una clara, viable y evaluable política criminal, que contenga líneas estratégicas, medidas técnicas, esquemas organizativos y bases presupuestarias. Su existencia es algo que no podría, a ciencia cierta, ni afirmar ni negar, como la mayoría de quienes no formamos parte del Gobierno Central, y del Gabinete de Seguridad Pública en particular. Partiendo de este entendido, sin embargo, me es posible advertir que, en la práctica, existen dificultades que merecen atención en el corto plazo, más allá de lo que pueda, o no, contener la política del sector, en caso de que esta exista. Muchos de estos problemas, ciertamente, han sido heredados y no fueron resueltos en administraciones anteriores; empero, ello no puede ser una razón válida para que el Gobierno actual no empiece a darles tratamiento.
Desde hace unos años, las funciones de seguridad pública son llevadas a cabo por más de 10 instituciones, entre las que figuran el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la Dirección General de Centros Penales, la Academia Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, etc., etc. Y por si fuera poco, la administración actual agregó a la Secretaría de Inclusión Social y a la Secretaría para Asuntos Estratégicos en esta área de política pública. De hecho, sobre todo en la línea preventiva, suelen incorporarse algunas instituciones más, entre las que están varias instancias de la llamada área social, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Vivienda, por ejemplo.
Con este telón de fondo, signado por un poblado panorama institucional, veamos unos pocos elementos de las funciones de prevención de la delincuencia y de aplicación de la ley, como dos de las más básicas que deben realizar las autoridades de seguridad pública. Debe tenerse en cuenta que, sin ninguna duda, el cumplimiento a plenitud de estas tareas implica el concurso de más actores del Estado (principalmente del Sistema de Justicia Penal), y no solamente del Ejecutivo; no obstante, solo por método, por ahora nos detendremos en este órgano.
Las actividades de prevención de la delincuencia son desarrolladas por alrededor de ocho instituciones que, de diferente forma, integran el Gabinete de Seguridad Pública. Visto así, por simple inspección, puede pensarse que en la función de prevención hay metidas demasiadas manos (“Too many cooks spoil the broth”). En un escenario como este, si no se tiene absoluta claridad de las facultades, de los ámbitos de responsabilidad y de las áreas geográficas de intervención de todo el entramado institucional, resulta muy probable que haya duplicidades de funciones, descoordinaciones y hasta contradicciones. Asimismo, con esta numerosa población institucional, no es raro que todavía no exista, con especificidad y consolidación, una política de prevención de la delincuencia, puesto que no es nada sencillo alcanzar consensos estratégicos entre tantas instancias, más aún si no se cuenta con una institución rectora, que dirija, oriente y coordine los procesos.
Dadas las condiciones actuales, el funcionamiento del subsector de prevención de la delincuencia se parece mucho a un partido de fútbol de niños de primaria, en donde todos corren tras la pelota, en masa, golpeándose y estorbándose unos a otros, con el agravante de que el director técnico no puede organizar el planteamiento, porque no está.
Si esto se ve como problema, en consecuencia, es indispensable aplicar orden en el partido, cambiar el esquema táctico, y para eso se necesitan dos cosas: una institución que tome decisiones y una estrategia a implementar. Me parece que es clave impulsar una reestructuración del organigrama institucional en materia preventiva, lo que suponga el establecimiento de un Viceministerio de Prevención de la Delincuencia, con el propósito de, por una parte, acelerar el diseño de una política de prevención de la delincuencia; y, por otra, facilitar la coordinación efectiva entre las instituciones que realizan labores de prevención, incluyendo lo que provenga de la cooperación externa. En esto, la Secretaría de Asuntos Estratégicos es la que debe tomar la iniciativa, ya que es la instancia que supuestamente ha sido asignada para coordinar el Gabinete de Seguridad Pública.
En lo relativo a la aplicación de la ley, la red institucional es mucho menos densa, al menos de parte del Ejecutivo. Por ello, no es de utilidad entrar al análisis por ese lado. Me parece que es mejor comentar algo, en específico, respecto de la Policía Nacional Civil, porque pienso que es con esta institución con la que convendría comenzar a trabajar algunos problemas en la aplicación de la ley, acompañándolo de algunas medidas de orden estrictamente legislativo.
En la PNC hay una serie de dificultades, que son básicamente de tres tipos: político, administrativo-organizacional y técnico. Los problemas de orden político se expresan en pugnas y diferencias político-ideológicas entre distintos grupos de efectivos policiales. Esto desemboca en la creación de cotos de poder por parte de algunos jefes policiales, y no únicamente entre simpatizantes de “derecha” e “izquierda”, sino incluso al interior de cada una de estas “alas”, generando fraccionamientos ideológicos complejos en la corporación. Como consecuencia, surgen con frecuencia disensos, falta de respaldos, disputas, que sirven de obstáculo para viabilizar el trabajo institucional de forma articulada.
Sumado a esto, la estructura administrativo-organizacional de la Policía está complicada, desordenada, al punto que, aunque hay un esquema básico general, cada una de las delegaciones policiales se conduce diferenciadamente, en virtud de las decisiones personales de cada jefe policial, incluso en lo concerniente al organigrama de la delegación. Y finalmente, sobre las dificultades técnicas, hay poco nuevo que decir, mucho se ha hablado de ellas y, contrario a lo que muchos podrán pensar, no creo que estén ahí las debilidades medulares o más apremiantes.
Por ello, me parece que es necesario, en primer lugar, que el director general de la PNC no se enrede en el manejo de los problemas políticos que enfrenta la Policía y ponga los medios para resolverlos, lo que requiere tomar distancias ideológicas. Estos conflictos institucionales se parecen a los pleitos de casa entre hermanos, los cuales suceden hasta por costumbre; y estos pleitos se tratan de mejor manera si los atienden los padres, y no otro hermano. Habiendo hecho esto, será imprescindible que el director general ordene la casa y establezca un novedoso y metódico esquema administrativo-organizacional, a fin de tener mayor control de la estrategia de intervención de toda la institución y del profesionalismo del personal policial, procurando que este se encuentre, además, motivado y comprometido con su trabajo. Esto último no es imposible, dada la gran cantidad de efectivos policiales honestos y capaces que tenemos.
En el plano legal es menester combatir el crimen organizado con nuevas herramientas jurídicas. No se puede pensar que se va a atacar sensiblemente a las bandas del crimen organizado solamente dándoles persecución policial y judicial. Con un planteamiento así, Sísifo tenía una tarea muy parecida a la que tienen ahora la PNC, la Fiscalía General de la República y el Sistema de Justicia. Esto, sin duda alguna, hay que hacerlo, porque es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente.
Creo que es indispensable aprovechar en gran medida las siguientes dos herramientas legales. La primera es la facultad de auditar a las empresas que sean sospechosas de lavar dinero; la segunda, la facultad de fiscalizar el peculio de los funcionarios públicos. Esto tal vez ya se hace, pero acontece que hay que hacerlo bien y sistemáticamente. Hay que decirlo claramente: el crimen organizado no puede medrar sin aliados en la vida económica y política. En otras palabras, la cúpula empresarial deshonesta y los políticos corruptos son los mejores amigos de los criminales organizados. Sin ellos, estarían ahogados. En ese sentido, hay que modificar la óptica y comprender que, además de perseguir bandidos, es preciso asfixiar empresas -ilegales- a través de sus aliados, y eso se consigue apuntando a sus bolsillos, a sus economías. En una frase, tenemos que ir adonde el crimen organizado tiene las cosas. Eso se hará escudriñando con lupa la vida económica y política del país, combatiendo el lavado de dinero y la corrupción.
Sé bien que lo dicho hasta acá no son más que unas pocas pinceladas de una amplia pintura. Para poder comprender las características y la complejidad del sector de seguridad pública hace falta decir mucho más. Por ejemplo, la Academia Nacional de Seguridad Pública tiene sus particularidades; la Fiscalía General de la República afronta problemas especiales; los jueces tienen condiciones peculiares; las prisiones son un tema aparte; la realidad de los deportados es singular; la perspectiva regional y la problemática de las pandillas complejizan el cuadro; y un largo etcétera. Apenas he dibujado algunos problemas básicos, así como perfilado tenues luces de posibles vías de solución, sin detallar demasiado, por razones de espacio. Con todo, la guerra requiere ideas, más aún si de lo que se trata es de modificar todo un sistema.
* Luis Enrique Amaya es consultor salvadoreño en el área de seguridad pública.
