Jesús Hernández Campollo tiene una empresa que se llama Copreca S.A. Hugo Linares tiene otra que se llama Linares S.A. de C.V. En 2005, la empresa de Hernández buscó a la de Linares para pactar un matrimonio temporal, llamado Copreca-Linares. Ese mismo año, Copreca-Linares ganó un contrato de 25.6 millones de dólares con el gobierno salvadoreño para construir una parte de la carretera que supuestamente estaría llamada a ser uno de los símbolos del gobierno de Antonio Saca: el Bulevar Diego de Holguín. 14 meses iba a tomar construirlo. Cinco años después, no hay la tal carretera, la Fiscalía investiga a 19 sospechosos por 14 delitos y Linares dice que quisiera romperle la cara a Hernández.
La serie de delitos está vinculada a supuestas prácticas de corrupción alrededor del proyecto Diego de Holguín. Uno es el peculado, que significa que unas personas se pusieron de acuerdo para apropiarse de dinero del erario público. Los sospechosos también son investigados por negociaciones ilícitas, que en el diccionario legal salvadoreño significa que un funcionario o empleado público se ha aprovechado de su cargo para meter su mano en un contrato público o han cobrado comisión o aceptando dádivas a cambio de beneficiar el interés privado.
El rosario de supuestos delitos sigue: lavado de dinero y de activos, falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, encubrimiento, omisión de aviso, incumplimiento de deberes, malversación, tráfico de influencias, depredación de bosques, responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, evasión de impuestos... todos juntos para resumirse en lo que parece ser una trama: corrupción.
Entre los 14 perseguidos por estos delitos están los mismos Linares y Hernández, además de dos ex ministros de Obras Públicas del gobierno de Antonio Saca, David Gutiérrez y Jorge Nieto. Gutiérrez avaló la contratación de Copreca-Linares y Nieto tuvo que haber terminado una carretera que ahora parece interminable.
El 3 de marzo de 2005, Jesús Hernández Campollo abrió una sucursal de Copreca en El Salvador con un capital de 11 mil 800 dólares. Un informe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia presume que Copreca ya sabía de la obra y por eso abrió una sucursal acá.
En Guatemala, Copreca es conocida como una experta en la construcción de puentes. “Está en las grandes ligas”, dice sentado en un bar Hugo Linares, quien quería entrar a esas ligas... “Entré, pero me salió mal, me ocuparon”, dice ahora, refiriéndose a su ex socio. Linares S.A. de C.V. tenía experiencia en caminos y el dueño asegura que por eso lo buscó Hernández.
Juntos, experto en puentes y experto en caminos, podían competir con mejores posibilidades. Compitieron y ganaron. Pero mal, con trampa, según el gobierno actual. Linares presentó un documento falso en el que el gobierno daba fe de que la sociedad estaba solvente en su pago de impuestos en El Salvador. Esa solvencia de impuestos emitida por la Dirección de Impuestos Internos que presentó Linares solo se parecía a las verdaderas en que el sello que llevaba es circular. Nada más. Una solvencia emitida por Impuestos Internos tiene un sello con el escudo de El Salvador en medio de un círculo de palabras que se leen así: Dirección General de Impuestos Internos. El sello que tiene el papel falso de Linares no tiene ese círculo.
Una solvencia de Impuestos Internos oficial, además, tiene un sello con el nombre del funcionario que la firma. La de Linares no tenía ese sello. El informe oficial presentado a la Fiscalía también agrega otra prueba: dice que la División de Control de Obligaciones Tributarias nunca extendió la solvencia que presentó Linares.
El informe que sirve como prueba es del Ministerio de Hacienda y dice literalmente: “Al verificar nuevamente en el registro de emisión de solvencias del MH, reporte generado por la Dirección General de Impuestos Internos, se confirmó que la solvencia número 2005-0431874, certificada por notario, NUNCA fue emitida por esta dirección, incurriendo en forma reiterativa en el delito de falsedad material.”
Este papel falso fue admitido en el MOP en 2005, cuando el equipo evaluador de Obras Públicas, comandado por el ex ministro David Gutiérrez, declaró ganadora del contrato millonario a Copreca-Linares. El artículo 25 de la Ley de licitaciones dice expresamente que no pueden participar ni ser contratados por el Estado los que están insolventes en sus obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social y aquellos que han incurrido en falsedad al proporcionar información.
Aún así, Copreca-Linares ganó y comenzó a cobrar anticipos para construir la supercarretera. Según el MOP, hubo mucho anticipo y poca obra. A Copreca-Linares le correspondía ejecutar el tramo entre Ciudad Merliot y la entrada a San Salvador de una 'vía express' que ayudaría a descargar el tráfico vehicular en el occidente de la capital y Santa Tecla. El otro tramo, entre Ciudad Merliot y la salida de Santa Tecla hacia occidente, está terminado.
Del trabajo de Copreca-Linares quedan excavaciones y alguno que otro monumento a la carretera que algún día iba a existir, por los pedazos de puentes que han quedado a medio construir sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y sobre la Avenida Jerusalén.
Aún así, a pesar de que hubo algunos trabajos, no hay documentos que respalden cómo se gastaron 7.6 millones de dólares en anticipos. “El uso del anticipo no fue documentado”, dice el informe oficial que está en manos de la Fiscalía. El MOP asegura que pagó anticipos por un 30% sin que estos se justificaran. En cuatro días, tras el inicio de la obra, a mediados de 2006, el MOP entregó a Copreca-Linares 7.6 millones de dólares.
Sustentado en obra realizada, el MOP reconoce a la firma trabajos por un poco más 4.5 millones de dólares. El estudio de campo determinó que no existe respaldo de obras para los restantes 3.1 millones de dólares.
La carretera interminable siguió llenándose de escombros. La construcción del tramo dos del Bulevar Diego de Holguín inició el 21 de abril de 2006. El MOP anunció que terminaría en 14 meses, es decir, junio de 2007. La promesa se oía perfecta: una vía rápida de 6 carriles, 7 puentes, 2 bóvedas, obras de drenaje, muros de retención, barreras audiovisuales, señalización e iluminación... Y, como chonga, sería ecológica. Obras Públicas prometió lámparas que serían alimentadas por energía solar, un separador con “tecnología de primera” que disminuiría las lesiones de los conductores en caso accidentes, un sistema de infiltración de aguas subterráneas que irían a parar a los 15 pozos que serían repartidos en los 9 kilómetros de carretera.
De zona segura a zona no seguraEl MOP se queja ahora de que los atrasos comenzaron porque la empresa no cumplió el contrato, que era de la modalidad conocida como 'llave en mano'. Este tipo de contratos permite usualmente un pago más caro al contratista, pero este debe correr con todos los gastos ulteriores no previstos, con los posibles incrementos del presupuesto, y de esa manera el Estado queda tranquilo esperando el cumplimiento del contrato y si la empresa no cumple le quita el trabajo y se queda con la fianza que esta haya entregado al inicio. Por eso, Copreca-Linares se iba a encargar de tramitar y conseguir los permisos de construcción, los permisos ambientales y las negociaciones con las personas afectadas que serían desplazadas de esa zona para hacer todas las compras de terrenos necesarias.
Copreca-Linares asegura que el MOP modificó el diseño de la obra y por eso empezaron los atrasos. David Gutiérrez dejó el cargo a mediados de diciembre de 2006, argumentando problemas de salud. Pero había dejado atrás demandas en su contra por un supuesto error en el trazo que llevó a botar parte del bosque en la finca El Espino que no debió haberse talado. La alcaldía de San Salvador demandó primero al MOP y luego se unió el Ministerio del Ambiente. Asimismo, para entonces, ya había reclamos de la entonces vicepresidenta Ana Vilma de Escobar contra el viceministro Óscar Joya, nombrado por Gutiérrez. Ella había trabajado con Joya en el ISSS y consideraba que no era una buena pieza. Además, en el gabinete de Antonio Saca ya habían ocurrido unos enfrentamientos en los que estaban involucrados el secretario técnico, Eduardo Zablah, y el entonces ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, quienes sospechaban que Gutiérrez no estaba teniendo una gestión transparente.
Los trabajos siguieron y las quejas y atrasos comenzaron a ser evidentes.
En enero de 2007 entra en escena Jorge Nieto. Como nuevo ministro de Obras Públicas, empieza a tirar palos públicamente al contratista, asegura que demandará a Copreca-Linares y promete terminar la obra a mediados de año. Nieto y el MOP, aparentemente, tenían todo para ganar. Su posición, en relación con el contrato, era de ganar-ganar, pues podían exigir la terminación del Diego de Holguín y si la empresa no cumplía podían reclamar el pago de la fianza y buscar a otra empresa. Recién llegado Nieto, sin embargo, Copreca-Linares logró cambiar el contrato: el MOP le extendió el plazo de entrega de la obra para el 9 octubre de 2007. Cuatro meses de gracia.
Hasta entonces, los imprevistos que podían estar surgiendo no acarreaban responsabilidad alguna para el MOP, desde luego que el contrato llave en mano descargaba todo en Copreca-Linares. Extrañamente, ese 18 de enero, MOP y Copreca-Linares firmaron otra modificación al contrato para que se introdujera una cláusula: en caso de conflicto, las partes se irían a arbitraje. El MOP, curiosamente, estaba dejando la zona de seguridad que le ofrecía el contrato para entrar a una zona en la que podía ser vencido en arbitraje. El escenario estaba montado ya y el entre el 28 de septiembre de 2007 y el 1 de enero de 2008 los trabajos fueron suspendidos. Se llegó octubre y el constructor no entregó la obra. Era el conflicto.
Los contratistas pronto aprovecharon el cambio en el contrato y pidieron un juicio en el que demandaron más dinero y tiempo a su favor. La sociedad pidió 7 millones de dólares más para terminar la obra, incluidos 2 millones por daños y perjuicios. La empresa ganó y los salvadoreños, representados por el MOP, perdieron 7 millones de dólares. Ahora, la Secretaría de Asuntos Estratégicos se hace la pregunta en su informe: “¿Es conveniente para los intereses del Estado cambiar esa cláusula del contrato? NO.'
-Ahí, en esa parte yo no participé, las negociaciones las llevó Copreca, es que me querían dar limosna -explica Hugo Linares. Este asegura que de los millones ganados por Copreca-Linares en ese juicio solo le dieron 200 mil dólares, dinero que dice que ocupó para trabajar en la carretera interminable y para pagar deudas. Su ex socio, dice, está tranquilo en Guatemala, a donde se llevó los 1.8 millones de dólares por daños y perjuicios.
El Faro llamó por teléfono a la oficina del representante legal de Copreca, Roberto Oliva. Al pedirle cita, la asistente respondió: “Él no me contesta, está fuera del país, perdón, no... él va afuera del país, pero me dice que en cuanto regrese del viaje le va a llamar.” Oliva nunca correspondió. El Faro también llamó al teléfono particular de Jorge Nieto y dejó un mensaje en su contestadora para concertar una cita con él. Hasta el cierre de esta nota no había respondido.
Linares asegura que su ex socio tiene fama de ser un ganador de litigios como el que ganó al MOP. “Es que él es fuerte en Guatemala, dicen que gana mucho dinero, sobre todo en eso de poner demandas, siempre las gana”.
Ahora, el nuevo ministro de Obras Pública, Gerson Martínez deja de lado el sueño de la supercarretera y se pregunta a qué bolsas fueron a parar los millones de dólares entregados a Copreca-Linares. Según los registros contables que debe presentar las empresas al Centro Nacional de Registros, no existen relación entre el dinero que pagaba el MOP y los ingresos que hacía constar dicha empresa y que sirven, entre otras cosas, para calcular impuestos y otras obligaciones.
El informe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos explica que los balances financieros de esas empresas en el año que estaban percibiendo millonarios ingresos del Estado son contradictorios con la realidad. Entre 2005 y 2006, ambas empresas recibieron cheques cuyo destino se desconoce.
La cuenta bancaria de Linares S.A. de C.V. para 2006 solo tenía 562 mil 325 dólares con 58 centavos. La de su socio, Copreca S.A., se supone que más grande, solo tenía 140 mil dólares. ¿Dónde estarían los fondos? Se pregunta el mismo informe.
“Existe un claro indicio de que el dinero que se le pagó a la empresa Copreca nunca estuvo reflejado en sus estados financieros”, dice la página 33 del informe que presentó el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
El informe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos también revela que los activos de Copreca apenas suman 153 mil 88 dólares con 2 centavos. Es decir, que la empresa no cuenta con respaldo para pagar o redimir cuentas con el gobierno en caso de que este inicie un proceso de embargo o juicio para tratar de recuperar el dinero. Parte de los fondos para la construcción provenían de un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo.
La sociedad recibió más de 14 millones de dólares entre anticipos y arbitrajes en cuatro años. De ese dinero, según el expediente que tiene la Fiscalía, el MOP da por desaparecidos tres cheques: Uno con fecha 21 de diciembre de 2005, por un poco más de 5 millones de dólares ($5,039,784.59), otro del 23 de diciembre de ese mismo año por 2.6 millones de dólares ($2,656,102.56) y otro del 7 de abril de 2008 por 3.7 millones de dólares ($3,764,091.33). Son 11.3 millones de dólares perdidos. Ya que 3.1 millones han sido reconocidos por el MOP como obra realizada.
El ministro asegura no saber dónde fue a parar ese dinero y dice que por eso ha pedido que la Fiscalía investigue la fecha y forma de desembolso, si hubo depósitos a distintas cuentas nacionales o extranjeras, emisiones de diversos cheques de caja, debiendo precisar nombre de personas y números de cuentas si existieran, así como firmas de los titulares de dichas cuentas.
¿Dónde está el dinero? ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas no pudo fiscalizar ni documentar el uso de esos fondos? ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas permitió participar a una empresa que presentó documentos falsos? ¿Por qué el MOP salió de un contrato seguro a uno no seguro? La Fiscalía tiene una lista de 19 sospechosos como resultado de tres investigaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Asuntos Estratégicos.
La Asamblea Legislativa acaba de aprobar un préstamo de 18 millones de dólares para restaurar lo que ahora parecen las ruinas de la segunda parte del Bulevar Diego de Holguín. El ministro dice que con este dinero la obra será terminada.
Hugo Linares asegura que su empresa nunca presentó una solvencia falsificada, como lo acusa ahora el MOP. De la sociedad temporal Copreca-Linares ya no quedan ni cenizas. Linares dice que esa relación solo le dejó una gruesa cicatriz de casi 15 centímetros de largo que le parte el pecho producto de una operación de corazón abierto. También le queda rencor y la convicción de que Hernández Campollo lo buscó solo para ganar la licitación. Dice que oír ese nombre le enoja. “Si lo tuviera enfrente le partiría la cara.”
