La Presidencia de la Repúbica, asesorada por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) llegó a la conclusión de que si se aprueba la vigencia ilimitada del saldo de las tarjetas prepago en la telefonía celular, los usuarios del sistema perderían el interés de utilizar su celular, y eso, dicen, pondría en aprietos a las operadoras. La contrapropuesta del presidente es que el saldo venza si la línea se mantiene inactiva durante tres meses.
El 10 de junio pasado, la Asamblea aprobó el decreto 379 que contiene un paquete de reformas a la Ley de Telecomunicaciones que favorecen a los usuarios de este sistema. Según la Asamblea, las reformas responden a los 13 años en los cuales las operadoras han actuado de manera irregular, en contra de sus usuarios. Por eso aprobaron que el saldo de las tarjetas prepago tuvieran vigencia ilimitada -por ahora vencen en 30 días-, que tuvieran la oportunidad de tener portabiliad númerica, así como de un cobro -por ley- al segundo exacto de los servicios de telefonía.
El martes 6 de julio, el presidente Mauricio Funes adelantó que no sancionaría este decreto, y que se reuniría con las operadoras para observarlo. Esas observaciones las dio a conocer este miércoles, por medio de la Secretaría de Comunicaciones, y en esencia atacan a la vigencia ilimitada de las tarjetas prepago.
'Al suprimir totalmente cualquier tipo de límite en el tiempo a la efectividad del saldo adquirido por el usuario, si bien con ello se propicia un ahorro importante para este sector, como efecto secundario señalado por el mismo organismo especialista, se dificultaría que el número telefónico, al caer en desuso por un periodo considerable, pueda ser reciclado por el operador asignándolo a otro usuario', argumentó Casa Presidencial.
El Ejecutivo asegura que tal y como funciona el sistema, las operadoras tienen la facultad de reasignar líneas que consideran ya no están ocupando los usuarios, para poder reasignarlas a otros usuarios. Entonces, dice Casa Presidencial, si hay usuarios con saldos ilimitados, no los gastarán, y las operadoras tendrán dificultades para reasignar esas líneas a otros usuarios, porque los primeros no usan la línea, pero tienen saldo con vigencia ilimitada.
'En tal sentido, es sugerible armonizar ambos intereses: beneficio del usuario de telefonía–óptimo aprovechamiento del espectro numérico, estableciendo la vigencia ilimitada del saldo, pero sin perjuicio de que la línea telefónica en su totalidad pueda ser cancelada por el operador cuando transcurra un lapso razonable (período susceptible de ser definido normativamente) sin que se registre un tráfico de salidas y entradas de llamadas en dichas líneas, hechos que como tal denontan en la persona de su titular la ausencia de afán en mantener la recepción del servicio , aún cuando conserve un remanente del saldo', plantea el documento que contiene las observaciones. Ese lapso, según Presidencia, debe ser de tres meses. Es decir, que si en tres meses las líneas de los usuarios no reportan actividad, podrían ser canceladas por las operadoras. O más bien: las tarjetas prepago y los saldos podrían tener vigencia de tres meses y no de 30 días, como sucede en la actualidad.
Sobre la portabilidad númerica y el cobro al segundo exacto, la Presidencia recuerda a la Asamblea que con la reforma aprobada en marzo pasado, que redefinió el cobro básico en telefonía fija, se facultó a la SIGET para que en un plazo de seis meses determine tarifas y cobros en telefonía fija y celular con base en un estudio técnico y comparaciones de mercado, y que normarlo vía decreto entorpece esa función asignada.
El martes, el presidente había argumentado en rueda de prensa que el problema de la portabilidad numérica era el gasto que eso implicaría tanto para las operadoras como para el gobierno. Las telefónicas incurrirían en un gasto de unos 20 millones de dólares y al Estado le correspondería gastar unos 4 millones. No dio detalles. Pero en sus observaciones a la Asamblea Legislativa, Funes no volvió a mencionar eso.
En el caso del cobro al segundo exacto, la Presidencia le abre las puertas a las operadoras de saltarse esta normativa, 'cuando fuere acordado entre operador y usuario una modalidad diferente a favor de este último'.
Por último, la Presidencia pide que sólo sea la Defensoría del Consumidor el ente encargado de recibir las demandas de los usuarios cuando estos sientan que las operadoras han fallado en su contra. El decreto original planteó que los usuarios podían pedir revisión de ese fallo a la DC y a la SIGET.
Los partidos FMLN y Arena reaccionaron este miércoles dando a entender que darán su apoyo a las observaciones presidenciales. La diputada efemelenista Blanca Coto dijo que tiene sentido lo que plantea el FMLN sobre el vencimiento de saldos, y el legislador arenero Roberto d´Aubuisson planteó que respaldarán todo lo que beneficie a los salvadoreños.
Cuando un decreto legislativo regresa a la Asamblea con observaciones del presidente, los diputados tienen dos posibles caminos: rechazar las observaciones con al menos 43 votos y ratificar su decisión, o aprobar las observaciones y hacerle ajustes al decreto.
