La Secretaría de Asuntos Estratégicos, a la que pertenece la Subsecretaría de Transparencia, ocupa el fondo de la tabla en la medición del nivel de transparencia con que las oficinas del Órgano Ejecutivo se manejan en la internet, según un informe elaborado con motivo del primer año de gobierno de Mauricio Funes.
Los resultados del estudio, elaborado por la Iniciativa Social para la Democracia, fueron revelados este martes en una ceremonia en la que participó el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien dijo que el gobierno tiene cuatro años para tratar de salir mejor parado en próximas evaluaciones. 'Yo a este estudio lo considero bastante negativo', dijo.
La investigación se basó en un monitoreo que abarcó cinco áreas que según la ISD permiten perfilar el nivel de transparencia de un gobierno. Esas áreas son 'reglas claras', 'acceso a información', 'participación ciudadana', 'rendición de cuentas' y 'promoción de valores éticos y democráticos'.
En términos generales, la investigación determinó que en algunos casos se ha puesto los cimientos para mejorar las prácticas en el gobierno, aunque en general la evaluación deja claros los pocos logros que pueden evidenciarse en la práctica. Destaca, por ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Transparencia. Pero también subraya que aunque hay algunos esfuerzos incipientes en algunas de las áreas, estos dependen más de voluntades personales y no de esfuerzos institucionales o de gobierno. Los casos positivos aparecen consignados como excepciones destacables, pues la norma es el rezago o la escasez de avances.
En el área de reglas claras, por ejemplo, que tiene que ver con marco legal e institucionalidad, el estudio dice que se ha identificado 'acciones iniciales' para cumplir algunos de los compromisos asumidos por Funes cuando aún era candidato presidencial y firmó un documento ante Transparencia Internacional y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). Enumera hechos como la apertura de la primera oficina de información y respuestas (OIR), la consulta sobre la ley de acceso a la información y la rendición de cuentas que han iniciado una treintena de oficinas del Ejecutivo. Sin embargo, también dice que siguen pendientes compromisos relacionados con áreas como la creación de mecanismos de contraloría social en las licitaciones públicas y la prevención y castigo de los conflictos de interés y el tráfico de influencias.
Este último punto parece recogido cuando el informe alude a dos publicaciones de El Faro sobre conflicto de intereses en el gobierno. Una reveló que el gobierno contrató a la empresa Polistepeque para que maneje toda la publicidad del Ejecutivo. La compañía es propiedad de Joao Santana, alguien a quien el mismo presidente Funes ha calificado como su amigo. El otro reportaje revelaba que una de las empresas de Miguel Menéndez logró con el gobierno contratos por unos 2.5 millones de dólares en este primer año. Menéndez fue uno de los forjadores de la candidatura presidencial de Funes y fue nombrado por el presidente como la cabeza del Centro Internacional de Ferias y Convenciones.
El informe de la ISD comenta que hay un conflicto de intereses que permite preguntarse si Menéndez participa en el gobierno como funcionario, como amigo de Funes o como contratista del gobierno. 'Es evidente que el cargo que ocupa Mecafe como presidente de una autónoma, y por los vínculos de amistad personal y su cercanía con el presidente y los ministros y presidentes de autónomas lo coloca en una situación de ventaja del resto de empresas que licitan los mismos servicios', sentencia el documento.
En el informe se consigna entrevistas con tres personas que trabajan en el área de la transparencia desde dos ongs. Jaime López y Raúl Torres, del capítulo El Salvador de Transparencia Internacional, y Abraham Ábrego, de Fespad. Los tres coinciden en que tanto en el caso de Polistepeque como en el de la contratación de los servicios de seguridad privada de la empresa de Menéndez está claro el conflicto de intereses, aunque no hay claridad sobre la posible ilegalidad. En la parte de conclusiones, el documento establece que con casos como estos 'ha quedado al descubierto que lo legal no necesariamente es ético'.
El estudio repasó cada una de las cinco áreas de monitoreo, pero solo en una pudo hacer una medición precisa. En el área de 'acceso a información' pudo determinar los niveles de transparencia de 23 oficinas del Órgano Ejecutivo en la internet. Los obtuvo mediante la información de 35 indicadores agrupados en cinco categorías. La nota máxima que podía obtener cada oficina era de 10 puntos, y solo 12 instituciones obtuvieron una nota de 5 puntos o más. El promedio fue de 4.11 puntos.
El Ministerio de Gobernación encabeza el ránking, con 7.64 puntos, seguido de cerca por la Lotería Nacional de Beneficencia, con 7.11. Les siguen el Fondo Social para la Vivienda (6.85), el Ministerio del Ambiente (6.59), los de Agricultura y Hacienda (5.93), el de Educación (5.80) y el Banco Central de Reserva (5.66). Gobernación y la Lotería tienen disponibles en la web 27 de los 35 indicadores que según la ISD responden a lo que se entiende que son las mejores prácticas internacionales de transparencia.
Entre las instituciones que no están adscritas a la Presidencia, la peor calificada es el Ministerio de Trabajo, con 3.56 puntos. Y de las seis oficinas de la Presidencia evaluadas, la Secretaría de Cultura es la única que se diferencia favorablemente respecto de las otras, pues tiene disponibles 4 indicadores de 35 deseables. Eso le dio un puntaje de apenas 1.05. Todas las demás, Casa Presidencial, Secretaría de Asuntos Jurídicos, la de Inclusión Social, la Técnica y la de Asuntos Estratégicos, solo tienen un indicador de 35. Su nota fue de 0.26. La explicación que da el informe es esta: 'Se debe a que en las páginas webs de estas instituciones solamente encontramos fotos y discursos de los eventos en los que participan los funcionarios de estas dependencias'.
En esta área, el informe sí destaca el intento por crear las oficinas de información y respuesta, concebidas para que a ellas puedan abocarse los ciudadanos o personas jurídicas a pedir información. Hasta el cierre del informe de ISD solo existía la OIR en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local.
Más adelante, la ISD se refiere a otro mecanismo de acceso a la información, que es el de las peticiones dirigidas a las instituciones públicas para solicitar información precisa. El estudio hace referencia a las reiteradas cartas enviadas por El Faro a diversidad de instituciones, incluida la Presidencia de la República, para pedir datos diversos o explicaciones relacionadas con algunos de los reportajes publicados por este periódico.
Uno de esos casos fue el de la contratación de Luis Verdi para el área de comunicaciones de Casa Presidencial. El Faro pidió repetidas veces datos como el cargo y la paga que recibe el comunicador de origen argentino y nunca obtuvo respuesta. La ISD preguntó a Rodríguez sobre esta situación y el subsecretario de Transparencia respondió que el silencio no fue lo más apropiado. 'Lo más apropiado hubiera sido responderle a El Faro', dice Marcos Rodríguez, citado en el informe de monitoreo.
En este punto, sin embargo, Rodríguez asegura que aunque hubiera sido más apropiado dar respuesta a las solicitudes de información, los funcionarios interpelados no están obligados a dar respuesta. 'El punto es que el presidente no está obligado a responder', añade en la entrevista con ISD. El informe hace referencia a un recurso de amparo resuelto el 25 de febrero de 2000 por la Corte Suprema de Justicia, en el cual declara que el derecho a pedir información que establece el artículo 18 de la Constitución 'conlleva una correlativa obligación: la de los funcionarios estatales a responder o contestar las solicitudes que se les eleven'. Pero Rodríguez insiste en que la ley da al ciudadano libertad de recibir información, pero no obliga al funcionario a darla. 'Si la Constitución dijera que está obligado, no necesitaríamos una Ley de acceso a información, justo la necesitamos porque no hay un marco legal que obligue a responder'.
Según el ISD, incluso la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa permite proceder en contra del funcionario que deniegue una petición.
En 'participación ciudadana' el informe menciona la creación de diversos consejos en diversidad de áreas, que abren las posibilidades de que diversos sectores del país puedan expresarse, independientemente de si sus opiniones son vinculantes para el gobierno o no. Sin embargo, el hecho de que sus opiniones o conclusiones no sean vinculantes para el gobierno puede hacer dudar de las intenciones que el Ejecutivo tenga para convocar a estas instancias, como el Consejo Económico y Social. Raúl Torres, de Transparencia Internacional señala que el reto está, precisamente, en encontrar la forma en que lo que salga de estos organismos tenga carácter vinculante para que la participación ciudadana no consista solo en expresarse sin ninguna mínima garantía de que le escucharán. 'Si eso no lo han planteado en el gobierno, puede oler a demagogia', comenta Torres al ISD.
Aparte de eso, la ciudadanía debería tener posibilidades de contrastar promesas o planes con ejecuciones, y esa área es deficitaria. 'No se han producido avances significativos' para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a la gestión del gobierno, dice el informe.
En el cuarto punto, el de rendición de cuentas, la investigación dice que los informes de labores a los que obliga la Constitución de la República no constituyen verdadera rendición de cuentas porque son reportes a menudo cargados de 'expresiones de optimismo, de argumentaciones sobre el retraso o el obstáculo a la implementación de las políticas públicas, con limitado o ausente sentido de autocrítica'.
Un informe de rendición de cuentas debería recoger información, por ejemplo, de la prestación de servicios públicos y sus impactos o de cómo se ejecuta el presupuesto. El informe del primer año del presidente Funes cayó dentro de la norma 'n particular adolece de cifrsa relativas a la ejecución presupuestaria'.
Otro aspecto en la rendición de cuentas es el de la declaración de patrimonio de los gobernantes, pero no es posible verificar prácticamente nada de eso porque no es algo que esté disponible para la ciudadanía. También está el mecanismo de la rendición de cuentas 'vertical', que ya no es entre instituciones del Estado, sino de funcionarios a la ciudadanía. La Subsecretaría de Transparencia ha impulsado un proceso por el cual pasaron ya 39 instituciones del Ejecutivo, que ha consistido en exponer su labor a grupos o sectores vinculados con procesos administrativos como contratistas o proveedores de servicios o bienes de distinta índole.
En esta área la ISD dice que la transparencia también tiene que ver con la investigación y combate a la corrupción, y por eso hace falta que este gobierno explique cómo encontró el erario público y los hallazgos de corrupción que pudo encontrar. Hasta ahora, agrega, salvo un caso como el del bulevar Diego de Holguín, no se ve señales claras de avances en la investigación del desempeño de las administraciones anteriores. Eso, a pesar del discurso de toma de posesión de Funes, cuando generó muchas expectativas en este punto.
Jaime López, de Transparencia Internacional, concuerda en la distancia entre dicho y hecho. 'El presidente ha hablado más de la cuenta. Los discursos del presidente quedan muy grandes comparados con la realidad', dice, citado por la ISD, en referencia a la creación de una comisión para investigar las gestiones anteriores.
En la quinta área de evaluación, la de promoción de valores éticos y democráticos, queda claro el déficit. El informe retoma el discurso de Funes durante la toma de posesión, y recuerda que prometió meritocracia, un equipo de gobierno en el que se privilegie los méritos. Pero lejos de eso, lo que se ha producido es 'amigocracia' y 'partidocracia', dice la ISD.
Jaime López asegura que la meritocracia es una práctica inexistente en este gobierno. 'Las palabras del presidente están muy lejos de la realidad. Lo primero en un sistema de meritocracia es establecer los criterios y los procedimientos, y eso no existe en ningún lugar', señala.
