Muy bien han hecho nuestros periodistas en llamar 'cárcavas' al conjunto de deslizamientos de tierra que están copando titulares en la prensa local, en efecto, la primera y la segunda acepción de esta palabra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española definen cárcava como una 'hoya, zanja o foso grande que suelen hacer las avenidas de agua', y es un hecho que ha sido el agua la causante de estos desastres; y la tercera acepción habla de consecuencias: 'hoyo en la tierra para enterrar un cadáver' y tal parece que se trata de cadáveres humanos, arquitectónicos y, peor aún, históricos.
En 1995, la Asamblea Legislativa aprobó el 'Reglamento a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Área Metropolitana de San Salvador', enmarcado dentro de la Ley que lleva su mismo nombre. El reglamento consta de varios artículos que describen los procedimientos, requerimientos técnicos, estándares de diseño y la clasificación local en cuanto a uso de suelo, jerarquías viales y tipologías urbanísticas y arquitectónicas. La Ley fue aprobada en 1993, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, frente a un panorama optimista de desarrollo político, social y económico que ofrecía las condiciones más favorables para implementar, por fin, parámetros de ordenamiento del territorio, algo que jamás se había hecho en el país. Lo más importante, para el caso, es que dicho reglamento contempla los aspectos técnicos y burocráticos para conseguir la aprobación de urbanizaciones y uso de los suelos del territorio; esto abarca todos los rincones del país, con las condiciones geológicas que sean.
Los proyectos de parcelación y construcción son aprobados por entidades del gobierno central y gobierno local, llámense Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y oficinas regionales de planificación (OPAMSS sus similares en cada región del territorio). Todas estas entidades son las encargadas de asegurar el cumplimiento de la ley en estos procesos de desarrollo urbano. Las empresas desarrolladores de proyectos son las responsables de 'crear' estas urbanizaciones y construcciones, las cuales deben cumplir las condiciones mínimas de seguridad, funcionalidad y salubridad que exige la ley (ni nos atrevamos a pedir condiciones estéticas mínimas), por lo tanto, son los responsables de las obras de infraestructura que se realizan en este tipo de proyectos.
En proyectos de estas magnitudes, donde intervienen diferentes campos profesionales, no es extraño que un estudio básico de suelos revele que las condiciones físicas del momento no son favorables para la construcción, sin embargo, la ingeniería ofrece varias soluciones de restitución, corrección, manejo o mitigación de los riesgos que implica la infraestructura en suelos inestables, éstas pueden ir desde la colocación de piedra hasta el radical cambio de material en el suelo. La ingeniería puede resolver, no obstante, cada solución tiene un costo y eso significa que también se trata de un problema de finanzas y rentabilidad.
En la elaboración de proyectos inmobiliarios de carácter comercial, tales como centros comerciales, centros corporativos de oficinas, centros de servicios profesionales, hoteles, hostales y otros, el modelo financiero diluye la inversión total del proyecto en un período establecido. Es decir, el costo de la obra, el gasto de operación, los intereses cobrados por las instituciones financieras y las utilidades son distribuidos en el número de cuotas de los diversos arrendatarios, clientes y usuarios de los proyectos, calculadas en función de un periodo determinado. Cuando existen costos adicionales en una obra de construcción, lo que se hace es extender el período de pago, obteniendo las ganancias netas del proyecto en un mayor tiempo. Fácil.
Pero en la elaboración de proyectos inmobiliarios de carácter habitacional, tales como edificios de apartamentos, casas, casas de campo o casas de playa, tener costos adicionales, como los necesarios para reducir certeramente los riesgos de una obra, implica un aumento directo en el precio de una unidad habitacional. Pero si se trata de un proyecto de interés social, es decir, viviendas en los más bajos rangos de precio, es absolutamente absurdo tomar ese camino, pero es aún más absurdo pretender construir responsablemente viviendas de precio bajo en un suelo con malas condiciones sin realizar las obras de ingeniería necesarias aduciendo que realizar estas obras no es viable en términos financieros.
Es una verdadera irresponsabilidad pretender desarrollar proyectos que técnica y financieramente no son viables, pero es un verdadero crimen omitir las obras de infraestructura necesarias para la seguridad de los usuarios con el fin de obtener la máxima rentabilidad, para que luego, cuando ocurran desastres como los de Ida, Agatha o Alex, 'Papá Gobierno' (nuestros impuestos) cargue con el costo de estas irresponsabilidades.
Es necesario que exista una capacitación técnica y tecnológica en las instituciones estatales para que revisen a conciencia los proyectos urbanos que aprueban, con conocimiento de la realidad del país y sobre todo con un amplio criterio que permita la innovación en las soluciones ingenieriles; también es necesario que las empresas tomen conciencia de que los proyectos son habitados por seres humanos y por lo tanto no se pueden ver únicamente desde el punto de vista utilitario. No se puede omitir la urgencia de combatir la corrupciónen estas esferas. El ciudadano, por su parte, debe ser un consumidor responsable, debe de conocer, de asesorarse y de cuestionar los productos que nos ofrecen estas empresas, ya que son los albergues bajo los cuales pretendemos preservar nuestras vidas.
* El autor es arquitecto y catedrático de diseño arquitectónico en la Universidad José Matías Delgado.
