La presidenta en funciones de la Corte, magistrada Alba Luz Ramos, afirmó que se procedió así 'por la bienandanza de la administración de justicia y con ello el sagrado principio de la tutela judicial efectiva'.
'No se puede hacer esperar a la ciudadanía que demanda justicia, de los vaivenes y componendas a que está sometida la Asamblea Nacional', dijo Ramos.
Hace 10 meses, el presidente Daniel Ortega emitió un decreto para prorrogar el período de funciones de varios magistrados a quienes se les venció su periodo en el cargo y cuyos sustitutos no fueron designados porque los grupos legislativos de liberales y sandinistas no encontraron consenso para hacerlo.
Como protesta al decreto presidencial, los magistrados liberales rehusaron a integrar la Corte.
Ramos explicó que el grupo de conjueces 'estudiaran las sentencias por materia, además de lo penal, materia civil, materia constitucional y pasarla a corte plena para homologarlo... queremos sacar la mayor cantidad de sentencias en el menor tiempo posible'.
Sin embargo, el ex presidente saliente de la Corte, el liberal Manuel Martínez dijo que toda sentencia que surja de esos conjueces 'será inconstitucional e ilegal'.
El Consejo Superior de la Empresas Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham) manifestaron en un comunicado conjunto que el procedimiento empleado 'llevará a una mayor crisis en el Poder Judicial, lo cual atentaría flagrantemente contra nuestro sistema democrático'.
El opositor Partido Liberal Constitucionalista alega que el artículo 163 de la Constitución manda que los magistrados deben ser electos por el legislativo y que sólo pueden ser sustituidos por conjueces en los casos de 'implicancia, recusación o ausencia', pero ninguna de esas circunstancias se está dando'.
