La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dio luz verde a las candidaturas independientes para Asamblea Legislativa y que proscribe las listas de candidatos a diputados en las que el ciudadano solo puede votar por toda la planilla, provocó que los partidos propongan en el parlamento el extremo de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Desde la medianoche del miércoles los legisladores se pusieron en pie de guerra e impulsaron una reforma constitucional que contradice abiertamente lo que argumentaron los magistrados. Según la Sala, el sistema actual viola el artículo 78 de la Constitución, que establece que el voto es directo. Esa característica se pierde porque por ahora, en la práctica, son las cúpulas de los partidos las que asignan en posiciones ganadoras a sus candidatos a diputados favoritos. Para los magistrados, eso es una especie de elección que le quita al ciudadano el derecho a elegir porque ya solo le queda el recurso de votar por una bandera en la que las cartas ganadoras están cantadas.
La reforma se aprobó a la 1 de la mañana sin el concurso del partido Gana, que aclaró que están de acuerdo con la enmienda, pero que no les gustó que se hiciera todo apresuradamente. En ella, los partidos decidieron agregar al artículo 126 que un requisito para candidatos a diputados será ser postulados por un partido político. Además, le agregaron que serán elegidos según el orden de precedencia en que se presenten las listas, que es precisamente el punto que objetó la Corte al determinar que eso en la práctica constituye una elección de los partidos y no del ciudadano.
Los diputados también reformaron el artículo 202, que establece los requerimientos para ser candidato a concejo municipal, y en él incluyeron que los candidatos deberán ser postulados por un partido político.
La ofensiva legislativa continuó esta mañana, incluso antes de que hubiera notificación oficial de la resolución. Una delegación integrada por representantes de todos los partidos acudió a la Corte Suprema de Justicia, donde intercambiaron opiniones con los magistrados de lo Constitucional.
Según revelaron algunos de los diputados que participaron en las reuniones, al menos un legislador dio a entender al presidente de la Corte y presidente de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, que considerarían la posibilidad de sustituirlo en el cargo, en una reacción clara de represalia por la resolución.
La Asamblea Legislativa había dejado abierta la sesión plenaria que empezó ayer por la tarde y la Comisión Política, que integran directivos y jefes de bancada, estuvo sesionando hasta cerca de las 10 de la noche intentando redactar una reacción adicional a las reformas constitucionales que aprobaron durante la madrugada.
Los diputados le han dado vuelta a la posible reforma al Código Electoral para tratar de bloquear las candidaturas independientes de diputados que a partir de hoy quedan habilitadas para las elecciones de 2012. Pero, de nuevo y tal como ocurrió en la mañana, en esta reunión hubo voces que se pronunciaron en favor de considerar la destitución de los magistrados Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González, que integran la Sala de lo Constitucional. Por Constitución, la presidencia de la Corte Suprema la ocupa el presidente de la Sala de lo Constitucional.
De acuerdo con legisladores que participaron en estos debates, fueron representantes del PCN y de Arena los que expresaron propuestas de iniciar antejuicio contra los magistrados. Sin embargo, al terminar la reunión de la Comisión Política, no obtuvieron apoyo suficiente para hacerlo. Otra posibilidad que han discutido es la de cambiar de sala a los cuatro magistrados que avalaron las candidaturas independientes, con la esperanza de que unos nuevos funcionarios eventualmente resuelvan en contrario alguna otra demanda que les pudieran hacer llegar.
'Han dicho que los acusarían de atentar contra el sistema democrático', explicó una de las fuentes, en referencia al argumento con que intentarían hacer antejuicio a los máximos jueces del país.
Cerca de las 10 de la noche, dos legisladores admitieron que han considerado el posible recurso de la destitución. Rodolfo Párker, del PDC, y Guillermo Gallegos, de Gana, dijeron que la decisión de la Comisión Política fue 'analizar bien la sentencia' y a partir de eso tomar una decisión. 'El artículo 244 de la Constitución dice que no se puede alterar o infringir las disposiciones constitucionales', recordó Párker. Si determinaran que los magistrados incumplieron algún punto de la Constitución, podrían promover la destitución de los funcionarios.
Sentidos opuestos
Salvo los diputados de Gana, todas las representaciones legislativas acordaron reformar la Constitución de la República, a fin de dar validez constitucional a los procedimientos legislativos que los magistrados prohibieron con su sentencia: pretenden que ningún ciudadano pueda ser candidato a diputado sin estar afiliado a un partido y que sean estos quienes decidan el orden de las planillas.
Los diputados trabajaron hasta altas horas luego de conocer, de forma extra oficial, el contenido de la sentencia de la CSJ. A la una de la madrugada del jueves 29 de julio, y por el mecanismo legislativo que permite aprobar leyes sin mayor discusión –la dispensa de trámites-, pusieron los cimientos para desandar lo andado por el órgano judicial.
En un solo párrafo, el Órgano Legislativo vuelve a poner las cosas en su lugar, contrariando una sentencia de 37 cuartillas aprobada por el Órgano Judicial, que, como mínimo, permitiría a los electores elegir a los diputados con nombre y fotografía, lo que minaría el control que las cúpulas partidarias tienen sobre las bancadas legislativas.
La reforma constitucional modifica el artículo 126 de la Constitución, que establece los requisitos que deben cumplir los candidatos a diputados. A los requisitos actuales, como por ejemplo el de “honradez e instrucción notorias”, agrega: “… y ser postulado por un partido político o coalición legalmente inscritos y en el orden de precedencia que el partido o coalición establezca”. Para que tenga validez esta reforma tiene que ser ratificada en la siguiente legislatura por al menos 56 diputados, de forma que sólo podría tener validez en los comicios de 2014.
El Faro consultó a algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional pero estos prefirieron no dar opinión sobre lo actuado por los diputados.
