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Sentencia de Corte impacta el poder de cúpulas partidarias
La última sentencia de la Corte les quita un poder y control que no están dispuestos a perder ni a repartir a otros que no sean de su trinchera partidaria. Antes de conocer la sentencia, los diputados intentaron convencer los magistrados de no firmar el documento que les ordena abrir espacios y les quita la posibilidad de elegir quiénes serán diputados cada tres años.

Fecha inválida
Sergio Arauz y Carlos Martínez

El jueves pasado, el mensajero de la Corte Suprema de Justicia recibe en la mañana la orden de esperar para llevar a las partes una sentencia que declara inconstitucional las listas cerradas de candidatos a diputados y que abre la puerta a las candidaturas independientes para diputados. En esa espera se encontraba cuando llegó una comitiva de legisladores que se trasladó directamente a la quinta planta del edificio, donde están las oficinas de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Su intención era una: hacer lo posible por persuadir a los magistrados de que no firmaran la sentencia.

El día anterior, los diputados se habían enterado de la inminente sentencia que quitaría a las dirigencias de los partidos el poder de poner y quitar diputados más allá de la voluntad de los ciudadanos. El sistema electoral construido en el Código Electoral establece que el candidato de un partido que ocupa la primera posición en cada una de las 14 circunscripciones electorales, recibe los primeros votos en búsqueda del caudal suficiente para obtener una diputación. Si sobran sufragios, quien ocupa el puesto número dos comienza a llenar su canasta, y así sucesivamente, hasta cuando los votos se acaban.

El jueves por la mañana, cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional firmaron la sentencia y ya solo faltaba el paso de enviarla a la Asamblea Legislativa y a los tres abogados demandantes. Eran diputados de los partidos FMLN y Arena quienes integraban la delegación que visitó a los magistrados. Se reunieron con ellos por separado. Les pidieron que les explicaran por qué resolvían de esa manera y trataron de convencerlos de que no emitieran la sentencia. Acto seguido, uno de ellos llegó a decirles que si concretaban su decisión, había algunos legisladores que iban a pedir que se descabezara a la Corte.

Dirigentes del FMLN y Arena llegaron a entrevistarse con los cinco magistrados por separado. Llegaron a pedir que no firmaran la sentencia, que les explicarán por qué lo hacían y, sobre todo, que había un posibilidad de que algunos diputados pensaran en destituirlos. Era poco menos que una amenaza de represalia. Al final del mediodía habían sido escuchados, pero su empresa no tuvo éxito. A inicios de la tarde, el mensajero llevó el paquete al edificio de enfrente, el palacio legislativo.

El paquete llevaba una sentencia que, entre otras cosas, decía entre sus más de 30 páginas: 'Las papeletas de votación deberán diseñarse de tal forma que permitan a los electores identificar claramente a los candidatos de cada partido político y a los candidatos independientes, y les posibiliten manifestar su preferencia o rechazo por uno o varios de los candidatos'.

¿Por qué los legisladores -representantes de los partidos políticos- buscaron con tanto ahínco frenar la sentencia? Por esa última parte de la disposición anterior, ya que por ahora la gente solo puede votar por bandera de partido, no por personas. La selección de las personas es privativa de las cúpulas partidarias. He ahí su poder y ahí fue donde los magistradoso pusieron esta especie de carga explosiva.

Esto es un hecho que se observa con cada elección y la sentencia, de inmediato, pone a celebrar a algunos, como el alcalde migueleño Wil Salgado, que ven la oportunidad de buscar un cargo público sin necesidad de tener que atarse junto a las decisiones de los dirigentes de los partidos.

La sentencia explica que con el sistema de lista cerrada y bloqueada actual, “los candidatos se vuelven más dependientes de sus partidos, pero se alejan de los electores”. También aclara que en un sistema de lista cerrada, pero desbloqueda, es decir que no haya privilegios para los candidatos más afines a las cúpulas, los candidatos dependen menos de sus partidos, ya que cuentan con el respaldo directo de los electores y pueden tener una relación más cercana.

Esto tiene que ver, según la Sala, con lo que garantiza el artículo 78 de la Constitución respecto del voto: el voto será libre, directo, igualitario y secreto, dice la carta magna. El sistema vigente impide, según los magistrados, el voto libre, pues el ciudadano está forzado a elegir preferentemente a las personas que ocupan los puestos preferentes de las listas.

Cero competencia interna

El mecanismo actual impide la competencia interna en los partidos, porque es candidato a diputado con posibilidades de ganar aquella persona que más simpatía tenga entre la cúpula, no necesariamente la favorita de la gente.

Un ejemplo clásico del control férreo de las cúpulas partidarias sobre quién debe ser elegido diputado es el del Partido de Conciliación Nacional (PCN). Desde hace 20 años se vienen repitiendo los mismos nombres en los puestos de privilegio en las listas de candidatos a diputados. Cuando se han visto en la necesidad de dejar una lista, se autoubican en otra en la que tengan la seguridad de que resultarán elegidos.

Cuando en 1989, la Asamblea Legislativa destituyó como presidente de la Corte de Cuentas a Ciro Cruz Zepeda, este se quedó solamente con el cargo de secretario general pecenista. Pronto, sin embargo, recuperó un cargo de funcionario cuando al siguiente año agarró una candidatura a legislador. Zepeda fue candidato a diputado por la ahora extinta circunscripción nacional para el período 1991-1994. Esa planilla tenía la ventaja de que era la que más probabilidades daba al candidato de salir elegido, porque los escaños se repartían a partir de todos los votos obtenidos por el partido a nivel nacional.

Zepeda llegó así al parlamento. En 1997 volvió a salir elegido, de nuevo por la plancha nacional y tres años más tarde se aventuró a buscar una diputación por Cabañas, el departamento de origen de Zepeda. En ambos casos ocupaba la casilla número 1 de cada circunscripción, y eso le permitió obtener una curul, pero la de Cabañas la obtuvo solo después de una reñida disputa con los candidatos de los partidos rivales, que estuvieron cerca de dejarlo fuera.

Zepeda aprendió la lección y en 2003 volvió a postularse como candidato número 1 de la circunscripción nacional.

En 2006, sin embargo, en una maniobra que sorprendió a algunos, el secretario general pecenista se lanzó de nuevo por su departamento natal. La verdad es que Zepeda se vio forzado a dejar la circunscripción nacional porque fue abolida. Entonces el pecenista tenía que buscar dónde ubicarse y optó por Cabañas. Lo que parecía era un salto sumamente arriesgado en realidad era un riesgo bien calculado por Zepeda: en aquella ocasión instruyó una movilización de votantes desde otros puntos del país para que fueran a darle el voto a su departamento.

El Faro publicó en febrero de 2006 una nota en la que reveló que el personal de la Corte de Cuentas, un feudo pecenista desde hace más de 25 años, recibió órdenes de cambiar su lugar de votación para ejercer el sufragio en Cabañas. Pero Zepeda se llevó una mala sorpresa: los electores le dieron la espalda y quedó fuera de la Asamblea.

Afortunadamente para él, sí fue elegido diputado al Parlacen, porque como acostumbra hacer un hombre prevenido, desde los años 90s, Zepeda se inscribe para competir por la Asamblea salvadoreña y por la centroamericana. Si no logra un cargo, queda en el otro. Como le sucedió en 1994, cuando se convirtió en diputado centroamericano por primera vez.

De nuevo, Zepeda pareció aprender la lección cuando en 2009 decidió participar por otra circunscripción: la de San Salvador, el departamento que mayor número de escaños ofrece en todo el país: 25 de las 84 curules. Lo logró por escaso margen, pero así retornó a la Asamblea.

En la cúpula pecenista, llamada Consejo Ejecutivo Nacional, al nombre de Zepeda se agregan los de otros políticos que coinciden casi de manera plena con los nombres de los diputados que el PCN ha tenido en los últimos 20 años. Escasos nombres han cambiado en los últimos lustros. Uno de los nuevos es el de Francisco Merino López, ex vicepresidente de la República por el partido Arena, que en 1997 se cambió de camiseta para unirse a la organización de Zepeda.

Merino López había sido diputado constitucionalista por Arena entre 1982 y 1983. Sin embargo, su recorrido ilustra cómo los que dirigen los partidos pueden darse el lujo de andar saltando de departamento en departamento del país para lograr la elección como diputados. Cuando fue diputado arenero, Merino compitió por la circunscripción del departamento de San Miguel. Fue hasta el año 2000 cuando asumió como parlamentario pecenista, en representación del departamento de San Vicente. Tres años más tarde saltó a la posición número 2 de la plancha nacional, por detrás de Ciro Zepeda. Desaparecida la plancha nacional, tuvo que buscar su nueva ubicación y eligió Santa Ana, departamento al que representó en el trienio 2006-2009. Repitió por ese departamento en la elección del año pasado.

En la víspera de las elecciones legislativas de 2003, Merino explicaba cómo la cúpula partidaria estaba haciendo el malabarismo para repartirse las candidaturas en posiciones ganadoras y dejaba claro cómo los partidos imponen a quién deben elegir los ciudadanos: 'Nadie puede pedir por cuál zona quiere participar. Es el directorio el que decide', explicaba a los periodistas, refiriéndose a él, a Zepeda y al resto de miembros del Consejo Ejecutivo. 'En la asamblea próxima se debe definir qué lugar debo representar', dijo en enero de ese año.

El alcalde Wil Salgado, de San Miguel, uno los póliticos que amenazó en algún momento el poder acumulado de Zepeda Peña, habla de los alcances y afectados por la sentencia: 'El PCN pone 25 candidatos en San Salvador, pero sabe que solo entra uno y tal vez, por alguna chiripa, ponen a alguien de confianza en el segundo puesto, pero en los otros 23 ponen a la doméstica, a un ordenanza, a un mendigo', explica, sobre el juego fácil que tienen ahora las cúpulas de los partidos. 'Pero ahora ya no podrán hacerlo, porque todos tienen opción. Los dinosaurios de los partidos que son malacates van a tener que ser menos malacates, si no, la gente no va a votar por ellos', es su sentencia.

Salgado explica la oferta que la gente podría encontrar en una papeleta según la receta que está dando la Sala de lo Constitucional. Lo ilustra hablando de su último partido, el PDC, que lo expulsó en junio pasado, dice: 'Los que han de estar afligidos han de ser la gente como Rodolfo Párker (secretario general): si ven su cara y lo malacate que es quién sabe si votan por él.  Esto va a evitar que los partidos pongan gente de relleno en las listas.'

Otros ejemplos de la selección de los favoritos para los puestos con mayores probabilidades de ganar una curul lo aportan los partidos Arena y FMLN. En el caso de Arena, un ejemplo claro lo puso la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, quien en 2003 fue candidata a diputada por el departamento de San Salvador después de su paso por la dirección del ISSS. Su nombre iba octavo en la lista de candidatos a diputados por dicho departamentos, a sabiendas de que el partido Arena lograba obtener entre 6 o 7 diputados en este departamento, y que sería una misión imposible lograr el octavo escaño. Ella misma comentó esa vez, en ese tono, el reto que le habían puesto; 'Sí, pero me pusieron ahí para que no quede', dijo.

En el FMLN, las apuestas de las cúpulas están tan claras que de antemano ya saben incluso cómo estructurar sus próximas bancadas legislativas. El coordinador general del FMLN, Medardo González, fue el primero en la lista de candidatos por San Salvador en las elecciones pasadas. Un puesto seguro, a tal punto que antes se ser elegido diputado ya lo habían designado jefe de fracción.

Según magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el sistema actual, los dirigentes tienen el control total.

El sistema funciona así: hasta ahora, las cúpulas partidarias deciden el orden de los candidatos y éstos van obteniendo un escaño a medida que el partido suma votos, según ese mismo orden. Esto significa que el elector no puede votar por los candidatos individualmente considerados, sino que debe hacerlo “en bloque” por un partido político.

El demandante que pidió a la Corte abrir la posibilidad de votar por candidatos con nombre y apellido en lugar de marcar una mandera fue el ex magistrado de la Tribunal Suprema Electoral, Félix Ulloa. En su demanda, Ulloa considera que el sistema de lista cerrada y bloqueada impide a los electores marcar preferencias entre los candidatos y por tanto viola el carácter “libre” que el derecho al sufragio activo debe tener.

La respuesta de los diputados a la sentencia de la Corte aún es incierta, pero por su cabeza ronda desde el mismo jueves la posibilidad de destitución. El jueves, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa estudo debatiendo cómo responder. Diputados de Gana, PDC, Arena y PCN manifestaron en algún momento la posibilidad de descabezar la Corte Suprema, pero no lograron ponerse de acuerdo. 'Hasta después de vacaciones vamos a ver qué dicen', comenta un magistrado.

Seis posibles escenarios

Los escenarios están abiertos y son variados, porque a partir de ahora tanco Corte Suprema como Asamblea podrían intentar varios caminos en esta lucha.

El Faro consultó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a diputados y a abogados constitucionalistas sobre los posibles escenarios que se abren ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Estos son algunos posibles desenlaces de esta novela que enfrenta a los partidos políticos y al parlamento contra el poder judicial.

Por omisión. Como ha ocurrido anteriormente con leyes a las que nunca se les crea un cuerpo operativo o reglamento, uno de los escenarios posibles es que los diputados no aprueben nunca los procedimientos a través de los cuales los candidatos sin partido puedan inscribirse. O que no creen el marco normativo que regule las nuevas planillas en las que los votantes puedan elegir al diputado de su elección. Aunque la resolución de la CSJ abre ambas posibilidades, estas estarían bloqueadas de facto si no hay mecanismos a través de las cuales ponerlas en práctica.

Misión imposible. Los partidos políticos han hecho explícito su rechazo a la resolución de la Corte y algunos legisladores, como Guillermo Gallegos, de Gana, han adelantado –medio en broma medio en serio- que podrían hacer tan difícil la inscripción de candidatos independientes, que en la práctica resulte casi imposible competir sin partido. Gallegos sugirió, por ejemplo, pedir “un millón de firmas” para inscribirlos.

En los dos casos anteriores, los ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos, por obra, o por omisión de los legisladores, pueden acudir a la Sala de lo Constitucional (que es la sala que aprobó la resolución) y solicitar un amparo. El artículo 247 de la Constitución establece que “toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ por violación de los derechos que otorga la presente Constitución”. A la sala pudieran acudir personas también a pedir la inconstitucionalidad del reglamento que apruebe la Asamblea para ambos casos, argumentando que los mismos violan el espíritu de la Constitución, tal como la han interpretado los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Los magistrados de la Sala podrían también actuar de oficio en este caso.

“Me pueden elegir a mí o a mí”. Otra medida para evadir la resolución de la Corte podría consistir en que los partidos limiten sus listas al mínimo. Por ejemplo, el departamento de San Salvador tiene asignados 25 diputados. Los partidos minoritarios como el PCN, tienen, como mucho, la opción de ganar uno o dos legisladores, de forma que en lugar de presentar una lista de 25 candidatos, podrían presentar solo a uno o a dos propuestas a fin de aumentar las posibilidades de ser elegidos a determinados miembros del partido. En este caso, la Corte no tiene las facultades para intervenir, en la medida en que los partidos tienen la libertad de decidir sus actuaciones.

Golpe de palacio. La Asamblea Legislativa tiene la potestad de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante un antejuicio en el que se demuestre mal uso de sus facultades. Para ello se requiere el concurso de 56 diputados, lo que implica conseguir un acuerdo al menos entre las tres fuerzas mayoritarias del parlamento: FMLN, Arena, y Gana. Si la intención es revertir la sentencia, los diputados deberían nombrar a otros magistrados e interponer una demanda de inconstitucionalidad en contra de la sentencia de la Sala anterior.

El clásico madrugón. En la madrugada del jueves 29, los diputados aprobaron una reforma a la Constitución para que el máximo texto legal del país diga de forma explícita que en el país sólo se puede llegar al poder a través de los partidos políticos y que es potestad de estos decidir el orden en que los candidatos deberán ser elegidos. Esta reforma aún no tiene efectos, aunque gozó del respaldo de todas las bancadas, salvo Gana. Para que el nuevo texto forme parte de la Constitución se necesita que la siguiente legislatura ratifique la reforma por mayoría calificada. Sin embargo, algunos constitucionalistas opinan que la reforma hecha podría ser inconstitucional debido a que no se discutió en el pleno ni en ninguna comisión, sino que se aprobó a través del mecanismo llamado “dispensa de trámites”, que sirve para aprobar leyes urgentes, sin que se discutan o que pasen por ninguna comisión. El artículo 135 de la Constitución establece que para que un proyecto de ley se convierta en norma de la República, antes debe ser “discutido” por el parlamento. Los ciudadanos podrían alegar vicios de inconstitucionalidad en la medida que la reforma nunca se discutió.

Fin del juego. Si en la siguiente legislatura los partidos consiguen ponerse de acuerdo y ratifican la reforma constitucional, esta pasa a ser parte del único cuerpo legal que no puede ser contradicho por ninguna ley con validez en El Salvador. De ser así, la reforma restringiría el margen que los magistrados tienen para interpretar la Constitución en lo concerniente a candidaturas independientes y a listas abiertas para diputados. La doctrina jurídica y las reglas de interpretación constitucional obligan a entender que el texto constitucional es uno y que no puede haber contradicción interna en él. Salvo una nueva reforma, en El Salvador no podrían haber candidatos independientes y los votantes solo podrán optar por banderas y no por candidatos particulares.

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