Una ex fiscal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aseguró que en el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su motorista en febrero de 2007 que ella investigó hay implicados personajes del poder político y empresarial guatemalteco cuyos nombres no han salido a la luz por una decisión de carácter político del anterior presidente del organismo antimafias, el español Carlos Castresana.
'No le voy a decir los nombres de esas personas, porque tengo fe en que la CICIG ahora haga lo que le corresponde. Hay partícipes, y lo único que le voy a decir es que hay gente importante, hay gente con poder político, económico, hay gente de la PNC que está actualmente ahí y que participaron en esos hechos. Hasta ahí le voy a llegar', dijo la ex fiscal Gisele Rivera al periódico Siglo Veintiuno al referirse a las investigaciones que realizó la comisión y que apuntan a que hay estructuras paralelas dentro del gobierno de Guatemala, del Ministerio Público y de la Policía.
Rivera dejó la CICIG el 15 de diciembre del año pasado, según dice porque no compartía la forma en que se manejaba el organismo antimafias de la ONU, ya que investigaba, hacía hallazgos, pero Castresana argumentaba que había que buscar el momento político adecuado para hacer públicas las investigaciones, y esa actitud la hartó.
En la entrevista, la investigadora vincula a los autores del asesinato de los salvadoreños a una estructura que también estuvo a cargo de ejecuciones sumarias en dos centros penitenciarios de Guatemala, incluida la matanza en Pavón, donde estaban recluidos los cuatro policías guatemaltecos acusados de la muerte de los diputados al Parlacen. A esas muertes se suman las de otras tres personas dentro de la misma cárcel, presuntamente ordenada por capos del narcotráfico.
'Nada más le voy a decir que se identificó a una estructura paralela. ¿Qué significa eso? Hay gente del gobierno, hay gente del Ministerio Público, hay gente de la Policía, también particulares que colaboraban y trabajaron con esa estructura', dice Rivera. Ante la pregunta directa de si hubo ejecuciones sumarias en Pavón, Rivera respondió afirmativamente.
Para esos días, el director de Penales de Guatemala era Alejandro Giammattei, quien fue candidato presidencial en 2008 y que ya pidió refugio al gobierno de Honduras, alegando persecución política contra él y que su vida y la de su familia está en peligro. Seis testigos declararon el jueves 5 de agosto sobre el caso de los siete muertos en el penal de Pavón, y ese mismo día el ex funcionario llegó a la representación diplomática hondureña.
La matanza supuestamente fue ejecutada por las fuerzas de seguridad, aunque la versión oficial hasta ahora ha sido que un comando extraño ingresó a la penitenciaría a cometer los crímenes el 25 de septiembre de 2006, siete meses después del asesinato de los diputados centroamericanos, pertenecientes al partido Arena.
Unos 3 mil policías y soldados irrumpieron en la Granja de Rehabilitación Pavón que era controlada por reos acusados de narcotráfico, quienes tenían ahí pequeñas mansiones con televisión por satélite y hasta jacuzzi.
El caso lo investigan las autoridades guatemaltecas en conjunto con la CICIG, aunque esta no confirmó si Giammattei es objeto de las pesquisas.
'No crea nadie que la búsqueda de este refugio diplomático tiene otro objeto que no sea demostrar la persecución política, la cual ustedes verán cómo se sentirá con toda la fuerza para tratar de amedrentarme adelantando las campañas negras', dijo el viernes 6 de agosto Giammattei en un mensaje de seis minutos de duración colocado en el sitio de hospedaje de vídeos YouTube.
En Tegucigalpa, el gobierno del presidente Porfirio Lobo aseguró que analiza la petición de Giammattei y que verifica los extremos de su solicitud.
La solicitud del político guatemalteco 'es objeto de un análisis jurídico exhaustivo al tenor de las normas nacionales e internacionales aplicables con el fin de determinar la procedencia o improcedencia de la misma', informó la cancillería en un comunicado. La cancillería hondureña añadió 'en su oportunidad, el gobierno de Honduras adoptará la decisión fundada que el caso amerita'.
La misión diplomática, en un comunicado de prensa, dijo que la 'jefatura de la embajada recibió una petición de protección diplomática' por parte de 'un ciudadano guatemalteco'. No identificó si se trata de Giammattei y no confirmó si el político aún permanece en dicha sede diplomática. La solicitud 'está siendo verificada y es objeto de análisis exhaustivo... el gobierno de la República Hondureña tomará en su oportunidad la decisión', indicó el comunicado.
Giammattei insistió en que se trata de una persecución política y aunque no aludió la investigación sobre el asesinato de siete reos, mencionó la posibilidad que dicha persecución podría conllevar su captura.
'Soy culpable de ser un funcionario responsable. Si es delito rebajar las extorsiones telefónicas, asaltos, secuestros, robo de vehículos entonces soy responsable del delito de cumplimiento de mis obligaciones', mencionó en otro mensaje colocado el 31 de julio.
En El Salvador, la Fiscalía dio por cerrado el caso hace años, aunque nunca dio cuentas de las llamadas telefónicas que presuntos involucrados sostuvieron entre ambos países para planificar los asesinatos. Tampoco reveló nunca la identidad de un personaje llamado 'Montaña 3', supuestamente uno de los conspiradores en el crimen que participó desde El Salvador.
El año pasado, la Fiscalía guatemalteca acusó al ex diputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira de haber ordenado el asesinato. Silva Pereira guarda prisión por indocumentado en Estados Unidos, donde ha pedido asilo. Las autoridades guatemaltecas alegan que en el asesinato de los legisladores el móvil fue el narcotráfico, aunque no explican los vínculos precisos de víctimas ni victimarios. En el partido Arena, sus dirigentes siempre han alegado que sus legisladores fueron víctimas de una confusión cuando viajaban hacia Guatemala y fueron interceptados por policías cerca de la capital del vecino país.
El 15 de abril de 2009, El Faro reveló unas negociaciones que intentaba hacer el ex dirigente arenero Adolfo Tórrez con Silva Pereira, a quien pedía medio millón de dólares a cambio de que en El Salvador se le desvaneciera los cargos de lavado de dinero que pesan sobre él y que motivaron su fuga.
Tórrez murió de un balazo el 2 de junio del año pasado y tras cuatro días la Fiscalía dio por cerrado el caso dictaminando que el ex director de Arena en San Salvador se suicidó.
