La aprobación de una Ley antipandillas, impulsada con carácter de urgencia por el Ejecutivo, sufrió la mañana de este martes un revés en la Asamblea Legislativa, donde los diputados de la Comisión de Seguridad Pública decidieron incluso no reunirse para discutir el tema, apenas un día después de haberse comprometido a acelerar su aprobación.
La razón de esta marcha atrás, de acuerdo con el presidente de la comisión, el pecenista Antonio Almendáriz, es que terminaron por estimar que el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, estaba presionando mucho para imponer su criterio.
El lunes por la tarde, según Almendáriz, los diputados atendieron una convocatoria de Casa Presidencial, en la que no estuvo el presidente Mauricio Funes, sino su secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, quien es el coordinador del gabinete de seguridad. Además participaron los titulares de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, el ministro Manuel Melgar y el viceministro Campos.
En el encuentro, cuenta Almendáriz, Campos planteó que lo que esperaban de los diputados era la aprobación del proyecto de ley original que llegó a la Asamblea Legislativa, sin atender las observaciones que surgieron de la ronda de consultas que la comisión legislativa realizó sobre el texto en las últimas semanas con oficinas como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y los jueces.
El documento original ha sufrido algunos cuestionamientos por parte de estas instituciones que estarían involucradas en su aplicación, desde aspectos como el nombre mismo de la ley hasta el contenido de algunos de sus artículos y su redundancia con cuerpos de ley ya existentes. Es al seguir algunas de sus recomendaciones que, según el pecenista, “hay diferencias en cuanto al nombre de la ley; en el artículo 1, que habla del objeto de la ley, en el 3 y 4, que hablan de la extensión de dominio, y también sobre la aplicación de la ley a los menores”.
El artículo 1 es el que enumera las organizaciones a las que se aplicaría la ley, y menciona como ejemplos a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. A juicio de algunos jueces, este contenido corre en contra de la ley porque, por un lado, está recetando una ley para un sector poblacional específico y se supone que las leyes deben ser de aplicación general. Por el otro, será inconveniente reducir las organizaciones ilícitas a un puñado enumeradas por su nombre, porque las pandillas pueden mutar su denominación y fácilmente quedarían así fuera de los alcances de la normativa.
Aunque los diputados salieron del encuentro aún con diferencias con Campos, estos también salieron de Casa Presidencial con el compromiso de discutir este martes el borrador de la ley, incluso con el objetivo de emitir un dictamen para su aprobación en la plenaria legislativa de esta semana. La promesa de acelerar su aprobación, sin embargo, se frenó a último momento.
Según Almendáriz, fue hasta hoy por la mañana, antes de la hora en que se reuniría la comisión, que algunos diputados sostuvieron conversaciones bilaterales en las que compartieron que no podían seguir dándole curso a la ley si el mismo Campos había adelantado que no estaba de acuerdo con su posición. Los partidos que no asistieron fueron PCN, Gana y PDC. El problema, insiste Almendáriz, es que “él (Henry Campos) quiere simplemente que se apruebe el de él, por eso es que hoy ya no hubo reunión de la comisión. Él estaba como descalificando las consultas que nosotros habíamos hecho. Si él hasta nos dijo que si no aprobábamos ese (el original), que ahí viéramos entonces si lo que hacíamos era mejor otro proyecto. A mí no me gustó esa actitud de él”.
El Faro llamó repetidas veces al número de Campos, pero este no respondió.
El FMLN, aunque, al igual Arena, sí se presentó a la comisión y se retiró por la falta de quórum, comparte con Almendáriz la necesidad de incorporar las recomendaciones derivadas de las consultas. 'Esas observaciones hay que tomarlas en cuenta. Son observaciones que vienen de las personas que van a estar aplicando la ley, entonces hay que considerarlas porque de nada sirve que nosotros aprobemos una ley si después no va a poder funcionar', plantea el diputado efemelenista Arístides Valencia, quien además matiza las críticas a Henry Campos argumentando que 'él no es que esté presionando, sino que él lo que hace es defender su propuesta'.
Ahora los diputados buscan hablar directamente con el presidente Mauricio Funes y Almendáriz afirma que son entonces los secretarios generales de los partidos los que están gestionando un encuentro con Funes. “Están en eso Ciro Cruz Zepeda, (Alfredo) Cristiani, (Andrés) Rovira y Rodolfo Párker. Nosotros queremos que la reunión sea mejor con el señor presidente, queremos explicarle por qué consideramos importante incorporar lo de las consultas. Si pudiéramos reunirnos pronto con el presidente y nos dice que va a respetar eso, pues mañana mismo podríamos convocar nuevamente para ver si aprobamos el dictamen. Hoy depende de lo que digan el presidente y nuestros líderes”, dice.
Almendáriz insiste además en que los partidos políticos no están cuestionando la necesidad de aprobar una ley especial para el combate a las pandillas, pero que sí creen necesario incorporar algunas de las recomendaciones recogidas. “Así como hay leyes especiales contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, yo creo que es importante enviar un mensaje a las pandillas de que hay algo que se le está dedicando exclusivamente a combatirlas”, dice.
