Los diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa dieron este martes luz verde a la Ley de proscripción de pandillas que propuso el Ejecutivo, y aunque le quitaron un par de contenidos, el Ministerio de Seguridad Pública se dio por satisfecho con el anuncio de la inminente aprobación.
La comisión acordó por unanimidad emitir dictamen favorable a una normativa que receta hasta 10 años de cárcel a quienes participen en, apoyen o den financiamiento a pandillas o a grupos criminales como la Sombra Negra. El techo de una década en prisión es para los cabecillas de las organizaciones, mientras que los que no tengan esa característica y solo participen recibirán un castigo de hasta seis años.
La propuesta original del Ejecutivo incluía en el primer artículo una enumeración de pandillas y de 'grupos de exterminio como la Sombra Negra y Ex GN', que a jueces y a algunos diputados les pareció inconveniente, porque era una lista cerrada que implicaba la dificultad de probar que una mara se llama de determinada manera. Además, el presidente de la comisión, el pecenista Antonio Almendáriz, objetó que se incluyera el supuesto grupo 'Ex GN', del que nunca había oído hablar y que por cierto le recordaba a la extinta Guardia Nacional.
Finalmente la comisión eliminó lo de los grupos de exterminio. Otro punto de intenso debate durante las cuatro semanas de discusión de la normativa fue el de cómo probar que alguien efectivamente pertenece a uno de los grupos criminales prohibidos. La Presidencia pedía que eso se resolviera encargando a la comisión del Sector Justicia que elaborara las 'reglas de evidencia'.
Los jueces, en las jornadas de consulta que hizo la comisión, coincidieron en que la prueba de una acusación contra alguien ya está en la legislación penal. El viceministro de Seguridad, Henry Campos, insistió en que se emitiera reglas de evidencia ad hoc para esta normativa, pero la comisión resolvió que la ley vigente ya recoge cómo trabajar los elementos probatorios. Aun así, para evitar las acusaciones de inconstitucionalidad que tuvo la vieja ley antipandillas de 2004, los diputados decidieron no incluir como delito la sola pertenencia a las mismas, sino castigar el apoyo y el financiamiento hacia ellas.
A la sesión de la comisión de este martes se presentó el ministro de Seguridad, Manuel Melgar. La reunión fue a puerta cerrada, pero al final de ella, el ministro dijo estar satisfecho de la decisión de todos los partidos de apoyar de inmediato la promulgación de la ley.
El FMLN, que también apoyaba que se incluyera a los grupos de exterminio, insistió en que hubiera preferido que se quedaran de manera explícita en la ley, pero que la apoyarían de cualquier forma para no seguir retrasando su aprobación.
La ley penalizará entonces la existencia de las pandillas, y también castigará a quienes -personas naturales o jurídicas- colaboren de alguna manera con ellas.
Junto con la ley los diputados aprobarán también dos reformas al Código Penal. Una es al artículo 345, referente a las agrupaciones ilícitas, para establecer las penas mencionadas y para que el Código remita a la nueva ley en los casos relacionados con pandillas; y la otra será un añadido al artículo 347, en el que se contemplarán sanciones para aquellos que provean de armas a estas agrupaciones.
La Presidencia de la República anunció la presentación de una ley antipandillas el 23 de junio, tres días después de que un grupo de pandilleros asesinaran a una veintena de pasajeros que se conducían en dos microbuses en Mejicanos. Tres de las víctimas murieron baleadas por el ataque a uno de los vehículos, y el resto murieron quemadas cuando los miembros de la mara 18 prendieron fuego a la unidad de transporte.
El propósito de los diputados de la comisión es que la ley se apruebe en la sesión plenaria de este miércoles.
