La organización no gubernamental Cofamide y el grupo de forenses argentino que participaron en la investigación de la matanza de El Mozote en 1992, están creando un banco de datos de migrantes salvadoreños que eventualmente permitiría cotejar la información de ADN de hasta 250 salvadoreños.
El propósito es que el banco de información genética permita hacer identificaciones de personas fallecidas cuando se cruce los datos con morgues en otros países como México y Estados Unidos. Inicialmente, el intercambio de información se hará con una morgue de Arizona, en el sur de Estados Unidos.
La ejecución del proyecto se desarrolla en el momento en que El Salvador procesa la matanza de un grupo de indocumentados salvadoreños en el norte de México a manos del cártel de Los Zetas. Hasta el martes, las autoridades habían identificado a 46 de las 72 víctimas asesinadas una semana antes, y de ellas 13 son salvadoreñas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que hará pruebas de ADN para compararlas con los de los 26 cadáveres pendientes de reconocer en el Estado de Tamaulipas. Las muestras se tomarán a las familias de migrantes salvadoreños que, como hicieron ya 138 de ellas, teman que sus parientes hayan desaparecido o fallecido en su camino hacia Estados Unidos.
El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) puso en marcha un convenio con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PPDH), con Cancillería y con el Equipo Argentino de Arqueología Forense (EAAF) que permitirá recolectar muestras de ADN de los familiares de migrantes salvadoreños para compararlas con las de cadáveres de migrantes que se encuentran en la morgue del condado de Pima, en Arizona.
Las entidades que participan en esta fase piloto han integrado una comisión con un representante de cada organización. Esta se encargará de darle seguimiento a la búsqueda y la recolección de información para cada caso.
El EAAF es una organización no gubernamental de carácter científico y sin fines de lucro, que cobró relevancia en El Salvador cuando al terminar la guerra el mundo conoció en su verdadera dimensión la matanza de El Mozote, ocurrida en 1981 a manos del ejército. El trabajo de exhumaciones que el EAAF hacía en 1992 en esta zona del norte de Morazán se interrumpió cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, ordenó la cancelación de las labores, argumentando que ya suficiente información se había obtenido y que no era necesario seguir buscando cadáveres.
La antropóloga argentina Mercedes Doretti, encargada de la investigación forense, habla de más de 500 cadáveres de migrantes que están en la morgue del condado de Pima aún sin ser identificados y mucho menos reclamados por persona o entidad alguna. Esta morgue alberga migrantes que en su mayoría han muerto en su intento por cruzar el desierto de Arizona.
Doretti cree que la iniciativa le permitirá al gobierno llevar un control del paradero de las personas desaparecidas. Además,de fomentar una relación entre las morgues estadounidenses y mexicanas que permita intercambiar información cuantitativa valiosa.
Parte del trabajo de Cofamide y Cancillería ha sido fusionar las bases de datos de cada entidad para formar un nuevo informe con datos corroborados de personas desaparecidas. No obstante, para obtener una lista final se tuvo que contactar a más de 200 familias que habían reportado familiares desaparecidos en Cancillería y en Cofamide, y confirmar uno a uno cuáles eran los casos vigentes, obteniendo un resultado aproximado de 100 expedientes de migrantes desaparecidos.
Cofamide es una ONG nacional que nació en 2006, a raíz del descontento de familiares de migrantes salvadoreños que nunca obtuvieron respuesta de Cancillería y de ninguna entidad gubernamental respecto a los casos reportados. La organización que trabaja al 100% con voluntariado con el tiempo ha establecido contacto con alrededor de 250 entidades, entre oficinas de investigación y albergues mexicanos para indocumentados, con los cuales intercambia información por medio del sitio web del Servicio Jesuita para Migrantes.
Lucy Acevedo, directora de la organización, asegura que el plan podría contribuir a conocer las cifras de migrantes desaparecidos. “Yo no tengo una cifra de cuántos desaparecidos hay. Creo que ni Cancillería sabe cuántos son. Son miles”, dijo.
Otra de las organizaciones involucradas en la iniciativa es Save the Children El Salvador, entidad que está apoyando financieramente el proyecto, y que tiene una capacidad para financiar un banco de datos correspondiente a 250 personas. “Había una desatención total a las familias que llegaban a reportar a sus familiares desaparecidos”, comenta Lissette Campos, especialista en derechos humanos y encargada del programa de Cofamide por parte de Save the Children El Salvador.
Según Campos, en gran medida el avance en el tema se debe al esfuerzo de Cofamide y a la colaboración del actual director de Derechos Humanos en Cancillería, David Morales, quien previamente trabajó con el EAAF en la investigación de la matanza del E Mozote y que ahora se encuentra en Tamaulipas, México, con motivo de la matanza de migrantes.
Uno de los principales retos que presenta el convenio, de acuerdo con Campos, es la divulgación, ya que no hay fondos para darlo a conocer, y por eso se explica que aún haya 150 expedientes vacantes de los 250 posibles.
En este momento, los forenses argentinos ya están tomando las muestras de ADN a los familiares que han reportado que alguno de sus parientes emigró con la intención de llegar a Estados Unidos. Asimismo, están recabando información que refleje los antecedentes de cada migrante como fechas de inicio de la travesía, fechas de último contacto telefónico, muestras dentales, registro de fracturas o distintivos físicos. El objetivo es crear un expediente para cada familia o persona que reúna toda la información genética y contextual de cada migrante para que esta se contraste con los hallazgos que se obtengan al analizar los cadáveres en Arizona.
Se estima que el proceso de la toma de las primeras muestras será finalizado dentro de dos semanas, luego se trasladarán hacia Arizona, para su respectiva comparación. Doretti visualiza este primer paso como la prueba piloto de todo el proyecto. Una vez obtenidos los resultados de los primeros análisis la responsabilidad de continuar con el proceso estará a cargo de Medicinal Legal, que deberá entablar relaciones con otras morgues en México y la frontera con Estados Unidos.
Se espera que la base de datos forenses que se obtenga contribuya en un futuro a resolver casos como el de las 72 víctimas en San Fernando, México. Doretti no descarta que el EAAF pueda ser parte de esta investigación, aunque aclaró que es necesario que el gobierno solicite su participación.
Cancillería reveló el martes una lista de los salvadoreños identificados víctimas de la matanza: José Ángel Flores Bolaños, de 33 años; Josué Gilberto Flores García, 20; Wílmer Antonio Velásquez Martínez, 16; Armando Pérez Nieto, 24; Sabas Napoleón López Sánchez, 20; José Francisco García Hernández, 34; Adolfo Armando Fraile Vega, 30; Henri Francisco Serrano Cuéllar, 24; Pedro Antonio Franco Peña, 55; María Magdalena Alonso Rivera, 28; Yeimi Victoria Castro, 15; Glenda Yaneira Medrano Solórzano, 23; y Karen Yanneth Escobar Luna, 28. La información preliminar indica que estas personas son originarias de los departamentos de Usulután, La Paz, La Unión, La Libertad, Sonsonate, San Salvador, San Vicente y Cuscatlán.
Dado que aún hay cupo para registrar a 150 personas que emigran en el banco que construyen Cofamide y el EAAF, el Comité habilitó el número telefónico 2542-3778 y el correo electrónico [email protected], donde se puede pedir información sobre cómo integrarse al banco de ADN.
