Las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre los partidos políticos y la partida secreta de la Presidencia son muy importantes por su contenido y sus implicaciones. Ambos fallos refuerzan la transparencia, la democracia, el régimen constitucional y la independencia de los poderes del estado. Ellos podrían también ser pasos importantes para un nuevo mapa en la política partidista.
La resolución que permite la inscripción de candidatos independientes y el no tener que votar por listas cerradas, o sea el poder votar por personas de varias listas y no solo por un partido, tanto para diputados como para elecciones municipales, amplia el espectro político, obliga a los partidos a seleccionar mejor sus candidatos y le permite al ciudadano mayor libertad en su voto. Las grandes figuras dentro de un partido podrían resultar no electas si no son populares y los candidatos a alcaldes no serán electos solo por lograr la candidatura de su partido. Se refuerza el poder ciudadano sobre el poder del partido. En un futuro todo ello puede llevar a reforzar las alternativas a los dos partidos grandes tradicionales, especialmente al nivel local.
Ese fallo de la Corte ha llevado a varias instancias políticas a pronunciarse por una revisión todavía más amplia del sistema electoral, señalando que esas reformas son buenas pero que faltan otras también claves como son el voto de los salvadoreños en el extranjero, los consejos municipales pluripartidistas y un reglamento que regule la transparencia de los paridos políticos, especialmente sus fuentes de financiamiento. El poder tener concejales de varios partidos en el concejo municipal es la mejor garantía de transparencia y refuerza el debate democrático a ese nivel. El permitir votar a una cuarta parte de la población que vive fuera y que aporta casi una quinta parte del producto nacional es solo de justicia.
El abolir la partida secreta de la Presidencia ha sido promesa de todas las campañas presidenciales desde que esa disposición se creó, según parece en tiempos del Presidente Flores. Ningún candidato ha cumplido su promesa al llegar a la Presidencia. Las razones para no cumplir lo prometido pueden variar desde el uso indebido de esos fondos, hasta la simple necesidad de que el estado pueda funcionar eficientemente dentro del presupuesto aprobado. El permitir que lo no utilizado del presupuesto sea utilizado a discreción por la Presidencia es una práctica nada transparente, que induce al mal manejo de fondos, como ya fue el caso en por lo menos una presidencia anterior.
Lo anterior no quiere decir que la Presidencia no tenga necesidad de fondos que pueda manejar con mayor discreción por diferentes razones, por ejemplo, razones de seguridad nacional, de política de estado y de emergencias. Para ello podría existir una partida específica, con un monto determinado, y sobre la cual la Presidencia debe rendir cuentas, aunque de manera diferente. Eliminar esa partida secreta va implicar debatir abiertamente aquellas partidas que no funcionan dentro del presupuesto, pero que por razones políticas no se han discutido abiertamente, como son por ejemplo, los salarios de algunos funcionarios públicos incluyendo el gabinete y la publicidad del estado. Esa discusión debería llevar a un acuerdo de revisar esos rubros, asignarles montos razonables y hacerlos explícitos y sujetos a los procesos normales de rendición de cuentas.
La nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha demostrado su profesionalismo y capacidad al enfrentar dos asuntos críticos en el quehacer nacional y proceder a reformarlos de acuerdo a las necesidades nacionales, dando ejemplo de lo que cambio realmente quiere decir. Al así hacerlo ha fortalecido la tan necesaria independencia entre los poderes del estado; ambos el Ejecutivo y Legislativo se opusieron a los respectivos fallos de la Corte, ella tomo en cuenta esas opiniones pero actuó de acuerdo a lo que considero los intereses nacionales. Esto sienta un precedente importante para el país y para la tan necesaria separación de poderes.
La Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción debería abanderar y apoyar estos procesos reconociendo que los mismos ayudan a sus objetivos generales. Los partidos políticos que deberían haber liderado esos procesos, deben ahora tomarlos como suyos y fortalecerlos presentando propuestas de reformas al proceso y ley electoral y sobre todo, no entorpecer su aprobación. Los diputados deben hacer lo mismo. Las organizaciones de la sociedad civil, desde ONG hasta organizaciones ciudadanas, tienen ahora una oportunidad y responsabilidad para garantizar y avanzar estos procesos por los cuales muchas de ellas han estado abogando por mucho tiempo.
