Si uno ve un mapa de las tierras de El Espino, el último pulmón del Área Metropolitana de San Salvador, se encuentra con un rompecabezas de propiedades. Lo que en 1999 eran 15 lotes delimitados, con una extensión de 681.34 manzanas y que fueron otorgados en diferentes momentos por el Estado salvadoreño a favor de la Cooperativa de El Espino, se ha convertido en un mar de parcelas de diferente tamaño. Solo el 38% del terreno original está en poder de los cooperativistas. El resto, 420 manzanas, en propiedad de particulares, como iglesias y hasta lotificadoras...
Declarado zona de protección de suelo en enero de 1993, El Espino es la reserva forestal más grande del área metropolitana, y está ubicada en medio de una zona de alta plusvalía. Según diferentes asociaciones ecológicas, el bosque de El Espino permite infiltrar 2 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para llenar 105 millones de garrafas grandes de agua embotellada. Asimismo, filtra 57 mil toneladas de carbono cada año. De ahí la importancia ecológica de la zona y las docenas de planes públicos y privados que se han proyectado para su protección.
Los planes, los primeros de ellos fechados en 1999, nunca se echaron a andar. El más reciente, la propuesta del ex presidente Antonio Saca de comprar todas las tierras con fondos estatales y convertir toda la zona en un área natural protegida, nunca pasó de ser un proyecto en estudio en las oficinas de la Secretaría Técnica de Casa Presidencial.
“Nosotros siempre hemos vinculado la protección de El Espino, de todo El Espino, con el tema de la supervivencia del Área Metropolitana de San Salvador en temas de medio ambiente. Esto nunca fue visto así”, reclama Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES). Mientras los planes de rescate quedaron engavetados, la cooperativa fue perdiendo tierras de la zona forestal año con año.
397.74 manzanas de los terrenos en manos de terceros se encuentran dentro de la reserva forestal de El Espino, protegida por el decreto legislativo 432 del 14 de enero de 1993, que declaró esas tierras como zona protectora de suelo y prohíbe cualquier tipo de construcción en ellas. En su artículo 3, se especifica que “solamente podrán efectuarse aprovechamientos del bosque en forma técnica y científica, que asegure la conservación de los recursos, y para fines de experimentación agrícola”.
Sin embargo, el decreto 432 no impedía que las tierras en poder de la cooperativa El Espino fueran vendidas. Pablo Alcides Ochoa, presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), dice que esta posibilidad es contemplada en la ley del régimen especial de la tierra en propiedad de las asociaciones cooperativas, comunales y comunitarias campesinas y beneficiarias de la reforma agraria. En ella se especifica que la cooperativa permitía donar o vender tierras para vivienda, no mayores de 715.4 varas cuadradas, o para lotes agrícolas, de no más de 10 manzanas, a sus socios.
“Que la cooperativa le venda a sus asociados es algo legal. Lo único es que tiene que tener la autorización del ISTA”, dice Pablo Alcides Ochoa, presidente de la institución. En el caso de El Espino, el departamento legal del ISTA tiene registro de cuatro autorizaciones de su junta directiva para vender o donar un total de 182.14 manzanas a sus cooperativistas, incluyendo en ellas casi 13 manzanas para lotificaciones de vivienda.
Sin embargo, la ley del régimen especial no limitaba a que los terrenos donados o vendidos a los cooperativistas fueran vendidos a terceros. Este vacío permitió que 30 terrenos, que totalizan 137.84 manzanas, terminaran en manos de terceros el mismo día o un día después que obtuvieron sus contratos de compraventa. La primera vez que lo hicieron fue el 12 de julio de 2002, cuando presidía la cooperativa Pablo Antonio Ramos Perdomo.
Ese viernes, a las 11 de la mañana, Ramos Perdomo vendió 10 manzanas a José Luis Elías, socio de la cooperativa. Media hora después, hizo lo mismo con otros terrenos a favor de Salvador Cubías, Carlos Nelson Alfaro González, Juan René López, Mario Ramírez Cañas y Óscar Armando Solís Girón. Según el acuerdo tomado por la junta directiva del ISTA, los seis socios mantendrían los lotes como parcelas agrícolas propias. Todo se rompió solo tres horas después: los seis firmaron contratos de compra-venta dejando 55.53 manzanas de El Espino a favor del Club Campestre Cuscatlán.
Óscar Armando Solís Girón, quien asumió la presidencia de la cooperativa en 2003, continuó con la misma práctica. En un lapso de dos años y medio, 20 lotes de El Espino pasaron a manos de 12 socios y de ellas a 10 empresas o personas naturales. En ese proceso, por ejemplo, la lotificadora Inversiones y Desarrollo Díaz Bustamante obtuvo 18 de las 39 manzanas de tierras protegidas en El Espino que posee en la actualidad.
“La cooperativa tenía potestad para hacer las ventas o donaciones a sus asociados”, repite Pablo Alcides Ochoa, presidente del ISTA. “El asunto es que después que ya son dueños legales, pueden hacer lo que quieran con esas tierras. ¿Es esto una debilidad de la ley, de alguna manera, para revertir la reforma agraria? Pues uno lo puede intuir de esa manera.”
¿Cómo se vendió el resto? Un poco menos de 13 manzanas obtuvieron permisos del ISTA para hacer tres lotificaciones: 204 terrenos de entre 150 y 350 varas cuadradas para los cooperativistas. El resto, según explica las autoridades del instituto, tuvo que haber sometido a subasta pública los inmuebles, mismos que tuvieron que ser valuados previamente por un técnico del ISTA para fijar su precio base. Esto nunca se hizo.
Al contrario, la junta directiva de la cooperativa encontró un nuevo hueco en la ley: Préstamos con garantía hipotecarias. Esto les permitió vender 240 manzanas de la zona forestal de El Espino en 10.9 millones de dólares sin tener que pedir permiso al ISTA ni tener que someter el precio de las mismas al criterio de los técnicos de la institución.
Entre septiembre de 2006 y noviembre de 2009, Óscar Armando Solís Girón, adquirió a nombre de la cooperativa 10 préstamos y puso como garantías 25 lotes de la zona forestal de El Espino. Empresas como Natural Corporation, Provensal, Desarrollo e Inversiones Díaz Bustamante, Farmavida y Grupo La Sociedad prestaron fuertes cantidades de dinero libres de intereses y a plazos de pago risibles. Al final, tras un proceso de embargo judicial y subasta pública en la que nunca aparecieron posibles compradores, se quedaban con los terrenos hipotecados.
Por ejemplo, a las 3 de la tarde del 13 de junio de 2006, Solís Girón firmó una hipoteca por 1 millón 853 mil 444 dólares con Natural Corporation. En el contrato, la cooperativa se comprometía a pagar la totalidad de lo adeudado 27 días después, el 10 de julio de 2006 y como garantía puso tres terrenos de El Espino. Cuando se venció el plazo de pago, la empresa inició un proceso de embargo en noviembre de ese mismo año. El 18 de diciembre, después que no llegó ningún comprador a la subasta pública, el juzgado de lo laboral de Santa Tecla otorgó los terrenos en pago.
Un plazo similar fue impuesto por la empresa Provensal: la cooperativa adquirió el 13 de febrero de 2006 un préstamo hipotecario por 691 mil 76 dólares sin intereses. El plazo de pago: 25 días. El 28 de abril, el juzgado de lo laboral de Santa Tecla emitió la orden de embargo. El 31 de agosto, se realizó la subasta pública. No hubo compradores y 13.82 manzanas de terreno fueron cedidos en forma de pago.
Solís Girón, como representante de la cooperativa, adquirió la última hipoteca a las 3 de la tarde del 30 de mayo de 2009. Entonces, el presidente firmó un contrato de préstamo por 1 millón 120 mil dólares. Como garantía, la cooperativa puso 12.26 metros cuadrados las último cinco porciones de tierra que el ISTA tenía en la zona y que les vendió 10 días atrás por 14 mil dólares.
De esas dos formas, en 68 movimientos de tierra, Pablo Antonio Ramos Perdomo, presidente de la cooperativa hasta 2002, y Óscar Armando Solís Girón, quien tuvo el cargo entre 2002 y 2010, vendieron 420 manzanas de El Espino. El Faro intentó comunicarse con Ramos y Solís, sin que respondieran hasta el cierre de esta nota.
“Desde finales de los años 90 apuntábamos que El Espino sería víctima de la especulación inmobiliaria... desde entonces, venimos diciendo que se debía prohibir la venta de terrenos”, dice Ángel Ibarra. Para Ibarra, la declaración de zona forestal y la veda de construcción sirvió nada más de cortina de humo mientras se permitió vender y dividir el terreno, haciendo más difícil un verdadero control sobre el mismo.
Según el catastro del CNR, 10 empresas, seis personas naturales, dos iglesias y el mismo estado salvadoreño poseen inscritas legalmente tierras que en un inicio eran de la cooperativa El Espino. En total, la transferencia de lotes de El Espino, realizados entre 2002 y 2009, significó un negocio de cerca de los 27 millones de dólares.
La situación no es ajena al Ejecutivo. El catastro del CNR presentó hizo un estudio de los movimientos de tierra en el área forestal a petición del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El informe final fue presentado el 31 de octubre de 2009 y las conclusiones del mismo se han manejado con extrema reserva, mientras la cooperativa todavía tiene pendientes de pago o con orden de embargo ocho porciones de terreno, que suman 18.40 manzanas, por una deuda conjunta que alcanza los 1.8 millones de dólares con DNA Pharmaceuticals, Portal Asociados y Vidal Chicas Parada.
“El Espino podría ser un negocio más rentable por la presión urbanística que existe en la zona. La vara cuadrada en esta zona varía entre los 175 y los 300 dólares, por la apertura de nueva vías de acceso o la exclusividad de la zona”, dice Ricardo Samayoa, consultor de proyectos y permisos de construcción.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha asegurado que con el decreto 432 vigente no se pueden dar permisos de construcción en la zona forestal. Sin el decreto, todo cambiaría y ha habido intentos de borrar el decreto. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedentes tres solicitudes de inconstitucionalidad de la zona forestal, uno de ellos del mismo Solís Girón, entonces presidente de la cooperativa El Espino.
“Poniéndonos conservadores, si no hubieran restricciones de construcción en la zona que tenía la cooperativa, hablaríamos de entre 800 y mil millones de dólares”, dice Ricardo Samayoa. Para muestra, este consultor cita los precios en la zona sur de El Espino, que cuenta con permisos ambientales y de construcción, donde los precios en lotes de vivienda de varían entre los 200 y 225 dólares por vara cuadrada. Podría ser un poco más o un poco menos si la zona es declarada habitacional o comercial.
De ahí que algunas organizaciones medioambientalistas ya han propuesto que, independientemente del régimen de propiedad en la zona, se declarara a las tierras de El Espino zona de protección ambiental bajo la figura de un Área Natural Protegida. “Esto evitaría la compra venta de tierras y estar a merced de un decreto que puede ser derogado en cualquier momento”, analiza Ángel Ibarra, presidente de la UNES.
Esa es una de las tantas posibilidades que ha estudiado el Ejecutivo, según lo expuesto en marzo de este año por Lina Pohl, viceministra de medio ambiente, quien aseguró a El Faro que se había conformado una comisión de alto nivel con diferentes instituciones para analizar la situación catastral y jurídica de El Espino. La comisión estaría integrada por el ISTA, el CNR, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el mismo Ministerio del Ambiente, y coordinada por Franzi Hasbún, secretario de Asuntos estratégicos de Casa Presidencial.
Cinco meses después de la entrevista con Pohl, los resultados de la investigación de la comisión todavía no son públicos y parece que no hay mucho avance. Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia de casa presidencial, explicó que será hasta esta semana que se inicié la comparación de información obtenida en las diferentes dependencias de gobierno que están involucradas en el tema. Mientras tanto, El Espino seguirá esperando.
