A la 1 de la madrugada del jueves 17 de diciembre de 2009, la decisión estaba clara: poner un impuesto del 10% al valor de las bebidas alcohólicas, e incrementar el que ya pagaban en función del contenido de alcohol. A las 2:30 a.m., a la hora de votar, lo que escuchó el pleno legislativo fue esto: el impuesto al valor sería de solo el 5% y la cerveza no sufriría un incremento en el tributo que pagaba por contenido alcohólico. Y mientras los legisladores presionaban el botón para emitir su voto, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, veía cómo su plan de recaudar 30 millones en un año se desmoronaba.
La sesión plenaria había iniciado el día anterior, el miércolesl 16. La mañana de ese miércoles, después de días de intensas negociaciones y consultas en la Comisión de Hacienda, habían acordado aprobar una reforma a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas. Había sido sin duda la reforma que más tensión había provocado en la comisión de todas las del paquete que el Ejecutivo esperaba inicialmente que reportaran unos 250 millones de dólares en ingresos adicionales. Esa mañana el acuerdo fue que se aplicaría un impuesto ad valorem del 10% tanto a licores como a la cerveza, y que se aumentaría los impuestos específicos por graduación alcohólica –llamados alicuotas– para todas estas bebidas.
Así, licores como el vodka y el aguardiente pagarían al menos tres centavos más de impuesto específico, mientras que la cerveza, cuya alicuota en ese momento era de 0.0825 dólares, subiría menos de un centavo, pasando a 0.09000. Con estos números, Hacienda calculaba que mensualmente podría recaudar un poco más de 30 millones de dólares mensuales, siendo unos 18 provenientes del sector licorero y el resto del cervecero.
A las 2:30a.m. del jueves, sin embargo, cuando en el salón azul se leyó el dictamen y se votó para su aprobación, ese acuerdo que por la mañana había sido alcanzado en la comisión de Hacienda ya no era el mismo. El pecenista Mario Ponce pidió entonces la palabra: “He visto con mucha preocupación el cómo se están moviendo algunas cuestiones que no son correctas, pareciera que se ven como ciertos movimientos que al final van en detrimento de una reforma tributaria que busca fortalecer las finanzas públicas (...) Siento que de lo que habíamos pactado en la mañana eso era lo que iba a prevalecer, pero se han ido modificando las cosas”.
“Esto no fue lo que yo firmé”, dice Ponce haber reclamado al mismo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que se encontraba a un costado del salón azul. “No puedo hacer más, porque no tenemos la correlación y necesitamos aprobar la reforma”, le respondió el funcionario.
El cambio que el diputado había observado, y que fue aprobado por la Asamblea esa madrugada, fue una reducción del 10 al 5% en el impuesto ad valorem. Pero además, en el caso de la cerveza, el impuesto específico quedaba intacto. “Esta medida nos iba a permitir tener una recaudación alrededor de 30 millones, con esta modificación se dejan de percibir ocho millones”, siguió Ponce en el pleno, recalcando además que de los 12 millones que habían calculado de recaudación del sector cervecero, ahora estos aportarían apenas cuatro millones.
“La voluntad de casi todos los que estamos aquí ha sido buscar una manera equitativa de cómo poder distribuir esta nueva carga de impuestos a la industria del licor”, le respondió luego el diputado Guillermo Gallegos, del partido Gana, justificando el resultado final de la reforma.
Hoy, a ocho meses de aquella madrugada en que 61 diputados avalaron la reforma con esos cambios de última hora, la discusión en la comisión de Hacienda vuelve a ser la misma de aquel momento. Es que la reforma, ha planteado el Ministerio de Hacienda, no ha dado los resultados de recaudación esperados y debe hacerse además un ajuste para que la tributación sea más equitativa entre el sector licorero y el cervecero.
Aunque la comisión en
El Ministerio propone ahora nuevamente subir el impuesto ad valorem del 5 al 10%, fijar el impuesto específico de la cerveza en 0.0900 centavos por graduación de alcohol, como se planteó originalmente, y bajar las alicuotas del vodka, aguardiente y ron en tres, uno y dos centavos, respectivamente. Esto último, según Ponce, porque con el encarecimiento de estos licores populares a partir de la reforma de diciembre se ha percibido una disminución en su consumo, de modo que bajando su impuesto específico se espera que el consumo vuelva a subir, generando ingresos para el Estado.
La pugna en el espejo legislativo
Con la reintroducción de la propuesta de Hacienda en la Asamblea, la televisión nacional, una vez más, se ha llenado también de comerciales firmados por empleados de Industrias La Constancia, la empresa cervecera subsidiaria de SabMiller, la multinacional del sector que opera en El Salvador. “¿Por qué se introduce una contrarreforma a la ley de bebidas alcohólicas? (...) No entiendo, ¿o es que se quiere aumentar el consumo de aguardiente en el país?”, dice uno de los spots de la campaña actual.
Pareciera, efectivamente, que las palabras de Ponce dan una respuesta afirmativa a esa interrogante. Pero la campaña ha caído mal en algunos legisladores. El hecho de llamarla “contrarreforma” es precisamente el que ha causado molestia en algunos diputados de la comisión de Hacienda, que lo que ven en la propuesta no es una “contrarreforma”, sino una rectificación de lo hecho en diciembre. “Nosotros hemos reconsiderado esta reforma porque nos parece que se están adecuando a las propuestas originales. Rechazamos rotundamente que esta sea una contrarreforma”, dice Ponce. Es una “corrección a la plana”, le llamó la diputada arenera Milena Calderón.
“El término contrarreforma no es aplicable. En diciembre por un tema de correlación fue que no se hizo, pero además es parte de la responsabilidad social de las empresas pagar lo que les corresponde por los daños que causan a la salud pública”, les reclamó también la efemelenista Norma Guevara, el pasado lunes 30, a los directivos de Industrias La Constancia que llegaron a la Asamblea Legislativa a exponer su posición.
Esa falta de correlación de la que habla la efemelenista es la que otros dos diputados de la comisión, que piden mantener en reserva su nombre, identifican en realidad como una complicidad de algunos de sus compañeros con las industrias en cuestión. Los cambios de último minuto a favor de la industria cervecera en diciembre, dicen ambos, fueron propiciados por los diputados Guillermo Gallegos (Gana) y Francisco Merino (PCN), mientras que el también pecenista Mario Ponce es el señalado de haber actuado respondiendo a los intereses de la industria licorera.
Por ahora, los diputados de la comisión evitan fijar desde ya la posición que adoptarán sus partidos frente al regreso de la propuesta de Hacienda, pero por sus participaciones en las discusiones de la comisión legislativa lo que parece haber es finalmente un mea culpa por la “mala plana” hecha en diciembre.
El partido Arena, que el año pasado no apoyó con sus votos la reforma, es el único que, aunque dice estudiará más la propuesta, se mantiene en una posición en contra del aumento de impuestos porque esto podría tener efectos negativos sobre la economía.
“Nosotros en diciembre dijimos que no era el momento de aumentar impuestos porque eso iba a venir a desacelerar la economía. Lo que deberían haber hecho es aplicar unos planes anticrisis para combatir la crisis generando empleo, pero no castigando al que ya estaba produciendo. Lo dijimos en aquel momento y lo sostenemos”, dice la diputada Milena Calderón, quien cuestiona también al gobierno por no haber hecho en su momento las observaciones pertinentes: “Ellos mismos habían presentado la reforma de otra manera y resultó, por una negociación oscura, de otra forma. Por no haberlo observado, ahora están pidiendo que se corrija ese problema por la falta de recaudación fiscal que hay. El presidente de la república, así como ha observado otras leyes, debió haber observado esta en su momento”.
La comisión de Hacienda de
