La comisión de legislación de la Asamblea Legislativa acordó este jueves extender el plazo, por última vez, hasta el primero de enero de 2011, para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Para entonces, dicen los diputados, la Corte Suprema y la Fiscalía deben estar preparados y equipados para ejecutar el nuevo código.
La Asamblea respondió así a la solicitud de la Fiscalía General de la República, que argumenta necesitar $19,2 millones para iniciar la aplicación del Código. El plazo para que dicho código entrara en vigencia vencía el próximo primero de octubre, aunque se trataba de una prórroga. El proyecto original estipulaba que el Código debía entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero la Fiscalía alega falta de recursos para ello.
Guillermo Ávila Quehl, diputado de ARENA, comentó que de no ser aprobada la prórroga el sistema judicial se vería afectado dado que la Fiscalía, institución a la que le corresponde ejecutar el nuevo código, aún no cuenta con el personal, el equipo y las instalaciones necesarias para realizar dicha labor. Sin embargo, aclaró que la nueva normativa penal difiere, únicamente, en un 20% del código que hasta esta fecha se ha utilizado.
En agosto de 2009, el ex Fiscal General, Astor Escalante, declaró a El Faro que la Fiscalía necesitaba 30 millones de dólares para aumentar las plazas de fiscales para homicidios, extorsiones y para implementar en enero de 2010 en nuevo Código Procesal Penal. No obstante, el siguiente año el presupuesto de la Fiscalía aumentó, únicamente, 200 mil dólares.
Para el 2009 la institución contó con un monto anual de 34.1 millones de dólares (34,081,950 dólares). En el 2010 la suma aumentó a 34.3 millones (34,375,455 dólares). Sin embargo, el presupuesto 2010 contaba con una plana de 500 mil dólares que servirían para aumentar la cantidad de fiscales, aunque nunca se dio a conocer cuántas nuevas plazas serían.
Sobre la nueva solicitud de refuerzo presupuestario, Benito Lara, diputado del FMLN, respondió que la fiscalía había tenido dos años para gestionar la ejecución del nuevo código. “19 millones, creemos que es algo completamente exagerado y de última hora”, dijo.
Arena también mostró su descontento. El diputado Mario Valiente consideró que la cantidad de dinero requerida era excesiva “Es la mitad del presupuesto total que se le asigna a la Fiscalía”.
De acuerdo con la solicitud del fiscal general, Romeo Barahona, de los 19.2 millones que la Fiscalía solicita, 4.2 millones serán utilizados para crear unidades de solución temprana a juicios rápidos de casos, unidades receptoras de denuncias a nivel nacional, unidades de análisis de información, unidades de atención a víctimas, depósitos para evidencias, unidades criminalísticas y ciencias forenses, y unidades especiales sobre responsabilidad médica. El resto se ocupará para cubrir la nómina de fiscales que se requieren para ejecutarla acción penal.
