Francisco Dall’Anese tiene ahora más guardaespaldas que cuando era fiscal general en Costa Rica, pero dice que se levanta cada mañana sin miedo y que ningún fiscal puede hacer su trabajo si tiene miedo. Cuesta pensar que los fiscales guatemaltecos que encaran casos de crimen organizado en un país donde los últimos tres directores de la Policía están en la cárcel por robo de droga, donde agentes de la PNC asesinan a diputados centroamericanos, donde el último fiscal general fue destituido por sospechas de corrupción a los pocos días de ser nombrado, se levanten sin miedo. Y tal vez por eso está Dall’Anese ahí, porque Guatemala y su sistema de justicia necesitaban no ya una muleta, sino respiración asistida. Ahora, la pregunta que ronda los despachos presidenciales de El Salvador y Honduras y las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York, es si el resto de Centroamérica puede aún valerse por sí misma en la lucha contra el narcotráfico, la gran corrupción, el crimen de guante blanco, o si necesita también una intervención externa.
El comisionado de Naciones Unidas Contra la Impunidad en Guatemala asegura que en Guatemala esa intervención está funcionando, pero advierte que no se pueden replicar modelos de forma automática. Costarricense, de hablar pausado -y menos propenso a dar grandes titulares que su antecesor en el cargo, el español Carlos Castresana-, Dall’Anese visitó El Salvador hace unos días para participar en un foro regional sobre transparencia. Advierte que lo que la región tiene que perseguir, por encima incluso de la droga, es al dinero de los narcocarteles y su poder corruptor: “El error que hemos cometido es contar los triunfos por kilos de coca decomisados y no por redes desarticuladas. La única manera de quebrarles es quitándoles el dinero”.
Ahora que algunos países, como El Salvador, comienzan a barajar esa posibilidad, ¿usted qué piensa de replicar el modelo de la CICIG en otros países o en la región?
Hay varias cosas que habría que pensar. No todos los países tienen las mismas necesidades en el combate contra el crimen. El modelo está hecho para Guatemala. Si se piensa una comisión para El Salvador o para Honduras -que entiendo que es lo que se ha sugerido- tendría que verse bien cuál es su marco de competencias. No es tan sencillo como “vamos a traer a la CICIG”. Primero hay que suscribir un convenio con Naciones Unidas, y luego esto tiene que pasar a ratificación del congreso. Y además, no se puede pagar a los funcionarios internacionales de la comisión si no hay donantes, y esta es la parte más complicada, porque el país anfitrión tendría que conseguir ese financiamiento.
Más allá de las particularidades de Guatemala, ¿encuentra rasgos comunes en los problemas de seguridad del triángulo norte centroamericano que justifiquen tener agencias como la CICIG en Honduras y El Salvador?
Puede que haya impunidad en cada uno de los países que responda a una característica general, pero para resolver esto debe haber características muy particulares. No hay enfermos sino enfermedades. En el caso de Guatemala hay una falla muy grande ―además de otra serie de aspectos― en la policía: hay una policía únicamente preventiva y la policía de investigaciones no es capaz de generar una investigación científica. Esto se ha notado con los casos que presenta la CICIG: con policías especializados en criminalística, que han venido de Chile, España, Suecia... de 24 naciones distintas. Esto ha marcado la diferencia. ¿Por qué la CICIG no ha perdido un solo caso en tribunales? Porque hay un contraste cuando se presentan evidencias científicas bien documentadas: es incontestable y el juez ve el apoyo probatorio para una condena. Esto no lo genera la policía de Guatemala. Tienen un instituto de ciencias forenses de reciente creación y me contó la directora que estuvieron unos meses sin poder trabajar, porque solo tenían presupuesto para salario y no para reactivos y otras cosas. Estas son debilidades institucionales que tienen que irse resolviendo. Yo no sé si esta será la misma realidad de El Salvador. Puede que los presidentes estén calculando el efecto del piso fumigado.
¿El piso fumigado?
Sabe que cuando se fumiga un solo piso de un edificio, las cucarachas y las ratas se van a los otros pisos. Eso le está pasando a Centroamérica. Hay una gran acción contra el crimen organizado en Colombia y México y se están viniendo a la parte más vulnerable del continente. El cálculo que estarán haciendo es que si en Guatemala comienza a surtir efecto el tema de desarticulación de redes, puede que estas redes se trasladen a El Salvador y Honduras. Puede que los presidentes se quieran vacunar en contra de esto.
¿La presencia de la CICIG es la mejor muestra de que Guatemala estaba derrotada frente al crimen organizado? ¿Hace falta estar derrotado para invocar a una agencia como CICIG?
No. A ver, ayuda internacional se pide para muchas cosas, no porque un país esté derrotado. Como ya señalé, puede que las necesidades de El Salvador y de Honduras sean muy distintas a las de Guatemala.
Utilizando su comparación: cuando un país como El Salvador pide ayuda internacional, por una guerra, o un terremoto, lo hace sobre la base del siguiente discurso: “Yo no puedo, no tengo recursos, ni la capacidad técnica ni jurídica y mi personal no sabe hacerlo”. En la base de tener una CICIG está este reconocimiento.
Puede ser. Un caso: el Ministerio Público de Guatemala esta semana que pasó reventó dos casos importantes. Detuvo a funcionarios de la Contraloría General de Cuentas por presunta implicación en un caso de corrupción. Y detuvo a 19 personas y desarticuló una red de aparente narcolavado. Si Guatemala hubiera dicho “no tenemos gente ni capacidad” esto no se hubiera podido hacer. Si hubiéramos partido de cero, esto no se hubiera conseguido sólo con los tres años que tiene CICIG. Guatemala tiene la capacidad en recurso humano; lo que no tenía es la experiencia ni la escuela para hacer estas cosas. No es lo mismo investigar un hurto simple que desarticular una red.
Tampoco es lo mismo si el policía que investiga es el que cometió ese hurto simple.
Bueno, pero lo que quería decir es que el Ministerio Público, sin la CICIG, logró la detención y que los jueces se pronunciaran alrededor de un caso de red de narcolavado. No digo que no hay corrupción, pero lo que se está demostrando es que al trabajar hombro a hombro con la CICIG ya planearon solos un caso, definieron objetivos, la táctica y utilizaron los recursos técnicos que tienen. Ya despegaron.
¿Esa no es prueba de que no se necesitaba una CICIG, o al menos no una que resolviera casos sino más bien un grupo de capacitadores, evaluadores y contralores del sistema judicial guatemalteco y no gente que hiciera su trabajo?
Tampoco podemos afirmar eso. Simplemente, la realidad cambió. El trabajo de la CICIG durante tres años con varias fiscalías va dejando una escuela. Cuando usted es fiscal y lo que tiene son policías con poca instrucción, que no saben recabar evidencia física y que además son... desgraciadamente es una policía que en casi todos los casos emblemáticos aparece implicada su estructura... esa es una policía que no le da los insumos al Ministerio Público para poder trabajar. A mí me queda muy claro que hay que construir una policía judicial, especializada en investigación, con un estatus muy claro, con agentes que no puedan ser removidos, que hagan carrera ahí y que hagan un trabajo científico. Lo que está haciendo ahora el Ministerio Público no quiere decir que antes lo pudiera hacer. Aquí ha pasado algo: la CICIG llegó, hizo un remezón, la gente empezó a demandar servicios de justicia de excelencia y eso es lo que ha empezado a agarrar ahora al Ministerio Público. A lo mejor sin ese terremoto, el Ministerio Público no hubiera despegado.
El temor es que la CICIG acabe siendo una excusa para que las instituciones nacionales bajen los brazos, que sustituya lo que deberían hacer las instituciones locales.
Hay un riesgo, que hay que contemplar y cuidar: en la teoría del poder, cuando un poder no se ejerce, siempre hay alguien que ocupa ese espacio. El riesgo es político: que la población quite legitimidad a las instituciones públicas y la traslade a un ente exógeno como la CICIG. Por eso a partir de esta nueva administración (tras la salida de Carlos Castresana), la CICIG no está dando declaraciones a la prensa sobre los casos, porque eso le corresponde al fiscal general, porque quienes tienen que dar la cara son los titulares de los centros de responsabilidad de las instituciones guatemaltecas y eso hay que tenerlo muy claro.
¿Tienen algo parecido a un plan de salida?
Claro. Ya tenemos el borrador del plan de trabajo para los próximos 11 meses, y ahí se está planificando la transición y la transferencia de conocimientos y experiencias de la CICIG a las instituciones gubernamentales.
¿Hay plazos?
No podemos poner plazos, porque hay en esto un juego de situaciones controladas VS variables externas, y la mayoría son variables externas. Estamos jugando con transferir conocimiento a un Ministerio Público en el que no hay fiscal general titular y no sabemos cuándo se va a nombrar, por ejemplo. Y el fiscal general, una vez sea elegido, puede que nos diga “quiero que me transfieran todo o solo estas partes o a este ritmo”. Si yo le marco un cronograma a la institución, estoy ocupando un espacio de poder que ella debe de ocupar.
¿Es el narcotráfico el monstruo de la impunidad en Guatemala y en la región?
No hay en ningún país un diagnóstico claro de hasta dónde llegan las estructuras criminales, el crimen organizado, porque son organizaciones o estructuras de tanto poder que logran infiltrarse, meterse en todas las instituciones. En el caso de Guatemala, el problema que enfrentamos son estructuras de poder paralelas que se construyeron para penetrar las instituciones del Estado y garantizar la impunidad a quienes cometieron los peores delitos en la época de la guerra. Estas estructuras nacen con esa finalidad y luego se “corrompen” y empiezan a lucrarse de las instituciones estatales. Por eso cuando llega el crimen organizado simplemente tiene que capturarlas. No es como en otros países, que tendría que entrar a apoderarse de las instituciones de otra manera.
En Guatemala bastó con hacer una buena oferta.
Sí, capturan esa estructura y ya están metidos en la institucionalidad. Esto no es lo que está pasando en otros países. Por eso digo que cada país tiene fenómenos distintos. Hay un gran monstruo que es el narcotráfico, pero me parece que el tema más grande, sin que podamos dar un diagnóstico definitivo porque no está la plataforma de información que nos permitiría diagnosticar con mayor precisión el fenómeno... me parece que el mayor problema en Centroamérica es el lavado de activos. ¿Por qué la crisis económica mundial no se ha sentido tanto en Centroamérica como en otras latitudes?
¿Acaso está insinuando que no es por nuestro maravilloso desempeño productivo?
Je, je... exactamente. No es por nuestro buen desempeño productivo. Durante la crisis que se desató en 2008, la única área que creció económicamente es América Latina, que creció en un 3%, pero aumentó la pobreza. Eso quiere decir que la actividad lícita no resolvió absolutamente nada, sino que fue el dinero informal el que equilibró las cosas, y eso creo yo que es lo que está sucediendo en Centroamérica. Hay una gran cantidad de capitales emergentes, gente que ha cambiado su nivel de vida, su casa, ha empezado a viajar, ha cambiado sus vehículos, de barrio, de la noche a la mañana; y las fortunas no se hacen de la noche a la mañana. Sí hay más consumo de drogas, porque al cerrar el perímetro de seguridad en Estados Unidos, a partir del ataque a las torres gemelas, sí ha sido muy claro que las drogas se dejan en México y es lo que ha desatado la guerra de cárteles en el norte de México, para mantener el monopolio de la droga. Cambió totalmente el modelo de tráfico: ya no son los colombianos los que llevan la droga hasta México, sino los mexicanos los que bajan a Colombia para que la droga no se la entreguen al cártel de la competencia. Luego, los colombianos cuando llevaban la droga hacia el norte, la subían en las lanchas rápidas y pagaban, por ejemplo, a un amplio sector de pescadores artesanales centroamericanos para ser reabastecidos de gasolina en alta mar. Los pescadores salían con gasolina que no necesitaban y en lugar de volver con peces volvían con dólares. Ahora los mexicanos cambiaron el modelo: al cerrarse la puerta en Estados Unidos se produce un excedente de drogas que hay que colocar en alguna parte, y el reabastecimiento de gasolina lo están pagando con cocaína. Esta cocaína vuelve a tierra y se han desarrollando baby cárteles en nuestro territorio que lo que hacen es incrementar el consumo de drogas. Esto responde también a un principio aceptado que es que a mayor disponibilidad de drogas en el mercado, más consumo y más consumidores, y eso es lo que ha pasado en todo Centroamérica.
¿Esas pequeñas entidades funcionan de manera autónoma?
No. Son brazos. El que está supliendo de gasolina no va a dejar de suplir de gasolina y no va a dejar de ser parte de una organización, y está en un nicho muy específico y no está enterado de lo que pasa en junta directiva o lo que pasa en el mercado del menudeo en Estados Unidos, simplemente participa de una parte. Se le paga con producto y él tiene que vender el producto en su país para quedarse la ganancia y poder recuperar el dinero. Pero siguen siendo parte de esos que les suplen la droga.
¿Qué tan permeados estamos en Centroamérica por los grandes consorcios del negocio: cártel del Golfo, de Sinaloa... que marcan hoy por hoy en el mundo la tónica de la distribución de droga?
Lo que pasa es que en el momento en que cárteles mexicanos tuvieron en la cúpula una gran cantidad de dinero acumulado, lo han venido trasladando a Centroamérica, y lo trasladan exactamente como se trasladan las drogas: en los compartimentos secretos de los camiones; porque a partir de lo de las torres gemelas, cualquier transacción bancaria superior a los 10 mil dólares es reportada a las unidades de análisis financiero de todos los países. En México, por ejemplo, desde hace algunos meses nadie puede hacer un cambio de más de 7 mil dólares personalmente en un banco mexicano. ¿Eso qué implica? Que para poder legitimar dólares masivamente tendrán que trasladarse a países en que no existan restricciones, como este. Donde uno puede llevar a un banco y hacer una nacionalización de la moneda por más de 7 mil dólares de una sola vez. Se están trasladando esas cantidades de efectivo a Centroamérica. En todos los países se han decomisado furgones, caletas en casas con grandes cantidades de efectivo en dólares, porque aquí se puede cambiar a moneda local con mayor facilidad.
El Salvador está dolarizado. ¿Deberíamos estar temblando?
Aquí ni siquiera tendrían que hacer el cambio, solo soltar el dinero en el mercado. A mí me parece que es la operación de lavado lo que está tentando más. Porque la venta de drogas en realidad es más tentadora en los Estados Unidos, donde se paga más caro que en los países centroamericanos.
¿Por qué deberían gobierno y poderes económicos, si es dinero al fin y al cabo lo que entra, tratar de evitarlo? Evidentemente no hablo desde el punto de vista de los principios...
... No es un asunto de principios, es un asunto económico: el que pueda meter en el mercado dinero y retirar ese dinero cuando quiera, está en realidad manejando la economía, y puede controlar la economía en contra de las políticas estatales. Además, el otro problema es la capacidad de corrupción que se tiene, y esto deteriora los servicios públicos y genera más criminalidad.
Está hablando de megaempresas transnacionales. Si arresto o mato al gerente de una transnacional no acabo con la empresa, simplemente genero la sustitución del puesto. Visto así, no me sirve de nada arrestar gerentes locales: mientras haya plata habrá gerentes.
No estoy hablando de tomar a los gerentes. El error que hemos cometido es contar los triunfos por kilos de coca decomisados y no por redes desarticuladas. La única manera de quebrarles ese giro es quitándoles el dinero. De lo que se trata es de apoderarse del dinero de los cárteles y poner ese dinero al servicio de la lucha contra el crimen organizado.
¿Esto pasa por llevar el debate de la transparencia más allá de la transparencia de las finanzas públicas? Porque estamos hablando de capitales privados.
Sí, por supuesto. Hay dos medidas que se han adoptado en distintos países: la primera es por la vía penal; la ley de extinción del dominio en Colombia y una ley muy similar que está proyectada en Guatemala buscan una condena por las actividades ilícitas de la red y quitarle todo el patrimonio que haya acumulado por eso. Otras son por la vía de lo contencioso administrativo, como la que se adoptó en Costa Rica, que saca de lo penal el tema de lavado ―porque es muy caro el juicio, es muy peligroso y la protección de testigos es muy complicada―. Lo que se ha hecho es que la Fiscalía, o la Contraloría, o el Ministerio de Hacienda, va a ir al juez contencioso y le va a decir: este señor, esta empresa, este partido político, esta asociación, esta entidad, tiene un incremento de capital que no tiene justificación; entonces, como no es un proceso penal, la carga de la prueba no la tiene el Estado, sino el ciudadano. O sea que el Estado le va a decir al ciudadano, o a la empresa: tiene 20 días hábiles para demostrar el origen lícito del capital y si no lo muestra se lo quito. Hay distintos sistemas, pero lo que hay que atacar es el combustible de las organizaciones, que es la plata.
Nosotros nos asustamos mutuamente con el cuco de Guatemala y México: “Si no hacemos tal cosa, llegaremos a ser como Guatemala…” ¿Este miedo está justificado? ¿La infraestructura nacional, la capacidad de consumo, el mercado local, ofrecen realmente los atractivos suficientes a estas empresas como para encontrar en la región nichos apetecibles?
El problema no es el consumo... bueno, bueno, sí es problema que haya más consumidores, ¡es un problema!, porque eso le genera dinero a cartelitos locales. Pero el mayor problema es el traslado de efectivo para hacer inversiones y blanquear capitales en Centroamérica, porque eso es lo que van a defender a capa y espada y es lo que les da la capacidad para comprar políticos, para financiar campañas, para comprar jueces, para comprar fiscales, para comprar policías, para comprar lo que quieran. Ese es el verdadero problema. El otro no es menos importante, pero no es, digamos, lo que nos va a terminar volcando, sino toda esa plata circulando por nuestros territorios.
Usted describe una actividad que seguramente encontrará tierra fértil en países que no tienen una ley de partidos políticos, donde las instituciones contraloras son muy débiles, donde las intervenciones bancarias a los funcionarios son muy, muy complicadas. Eso significa que mientas no se consiga un andamiaje legal podría haber una CICIG en cada país y esto no tendrá ningún impacto.
Es que nosotros no solo hacemos investigaciones sino que además proponemos leyes. Lo visible de la CICIG son los juicios pero tiene una gran actividad de carácter técnico, e incluso de carácter político en la proposición de políticas públicas. Y no solo se ocupa de narcotráfico, sino además del tema de trata de personas. Se está terminando de hacer un estudio temático que dio lugar a una investigación que involucra a una estructura de trata de niños, con muchísimos casos. También un informe sobre el tráfico de armas en Guatemala y a partir de ahí hay una serie de recomendaciones cuyo seguimiento puede traducirse en una política pública de restricción de armas de fuego. Lo que le digo es que si otro país dijera: “Bueno, ayúdennos sólo con apoyo técnico-policial”, eso lo decide el anfitrión. O: “Nada más queremos que nos sirvan como soporte técnico para políticas públicas”. No se puede ver a CICIG como un producto hecho en serie, sino como un traje de sastre.
Partiendo de que la corrupción ha infectado gran parte de la institucionalidad guatemalteca, ¿está seguro de que la CICIG va a dejar a Guatemala funcionando con sus propios órganos de justicia?
Estoy seguro de que es posible. Si la CICIG se va hoy todavía no hay transferencia de conocimiento, no se ha trasladado la experiencia, no se ha formado. De hecho, con la comisionada para la reforma de la policía hemos hablado de formar a cien policías judiciales nuevos, con estudios ojalá universitarios, muy bien pagados, con el estatus correspondiente a un policía profesional. Serían la semilla para iniciar una policía judicial profesional con su propia carrera, sin influencia política... Pero igual, nosotros lo podemos hacer, y si luego cambian las cosas y desintegran ese cuerpo... ese es un tema que debe resolver Guatemala al final de cuentas.
Lo que dice es que quien esté esperando en El Salvador que una CICIG le solucione los problemas está equivocado.
Una oficina como esta en ninguna parte es la panacea para resolver todos lo problemas judiciales del país, pero sí puede ser un apoyo para remozar cosas. Lo importante es que la CICIG pueda ser una medicina que no cause adicción, si es lo que a usted le preocupa.
En el fondo esa es la gran pregunta: ¿cómo no hacerte adicto a una droga que te resuelve problemas, que te agiliza procesos de la noche a la mañana?
Vuelvo al caso anterior, el de la red de narcolavado que desarticuló la semana pasada el Ministerio Público: hace unos 15 días vinieron a la CICIG a decirnos que querían que nosotros asumiéramos el caso. Les dijimos que no, que nosotros no lo íbamos a asumir; no sabemos si nos vamos en un año, el presupuesto se nos está agotando, apenas se nos está dando para la carga que ya tenemos y es un caso muy grande. Ellos hicieron la investigación y cuando ya la tenían hecha nos vinieron a pedir que les ayudáramos a culminarla. “No. Ustedes hicieron todo, sigan”. Esa investigación es “made in Guatemala” totalmente, sin apoyo exterior, creo que eso es importante.
La Fiscalía guatemalteca pide a CICIG ayuda con esa red y la respuesta fue: “podés sola”. El presidente Mauricio Funes menciona en Naciones Unidas la posibilidad de tener una oficina como esta. ¿Es aún momento de decirle a El Salvador: “tranquilo, aún podés solo”?
No me atrevo a descalificar al presidente Funes, porque no conozco la realidad de El Salvador y él sí. Además, puede ser que esté pensando en una oficina con una misión más limitada, o sólo para políticas públicas en materia de persecución penal. No sé qué está pidiendo, cuál es la realidad que está contemplando, ni estoy en sus zapatos para saber hasta dónde le aprieta la soga.
