Los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral acordaron este jueves presionar a la Asamblea Legislativa para que defina cómo el organismo deberá hacer efectiva para las elecciones de 2012 la sentencia con la que la Corte Suprema de Justicia habilitó las candidaturas independientes para diputados.
“Estoy enviando este mismo día o a más tardar mañana por la mañana una correspondencia en el sentido de urgir a la Asamblea Legislativa, con el respeto del caso, para que a la mayor brevedad contemos con la normativa de ley secundaria suficiente para materializar la sentencia”, reveló Eugenio Chicas, presidente del Tribunal.
El apretón de tuercas llega luego de cuatro meses de una sentencia que golpeó el centro del poder que manejan los partidos políticos: la 'preelección' de diputados gracias a un mecanismo que les permite calcular con precisión quiénes saldrán elegidos en las votaciones. Asimismo, declaró inconstitucional que a un ciudadano se le obligue a postularse en nombre de un partido político para buscar un escaño legislativo.
Una vez se produjo la sentencia, los diputados olvidaron cualquier prisa por adecuar el Código Electoral a las nuevas reglas de juego, aunque una noche antes del fallo sí habían hecho una apresurada reforma constitucional para que la carta magna obligue a postularse por un partido a cualquier persona interesada en ser legisladora.
La Asamblea formó una comisión cuya misión fue analizar las implicaciones de la sentencia, pero hasta ahora no ha dado fruto alguno. El informe de esa comisión ad hoc aún debería pasar a análisis de la Comisión de Reformas Electorales.
La sentencia de la Sala dejó allanado el camino para que en los comicios legislativos de 2012 pueda haber candidaturas sin partidos. Pero eso requiere que se regule de inmediato, tomando en cuenta que el TSE debe preparar su plan de trabajo y solicitar el presupuesto necesario para poner en punto un nuevo proceso eleccionario.
Sin esos cambios a la normativa, había advertido desde agosto Eugenio Chicas, el Tribunal se vería en la dificultad de elaborar su plan general electoral y el presupuesto para los comicios de 2012. Esto se deriva de que no estarían definidos en el Código los requisitos para la inscripción de las candidaturas independientes, los plazos para la revisión de esos requisitos, ni el diseño de las papeletas de votación, que a partir de 2012 serán además con listas abiertas de candidatos y no con banderas partidarias.
“Es necesario esclarecer cómo va a ser la papeleta, si va a llevar fotografía o si va a ser solo con los nombres. Solo en el caso de San Salvador, si se cuentan los cuatro partidos existentes y los tres en proceso de inscripción, se necesitaría una papeleta de 175 fotografías, y a eso súmele las independientes. Eso obligaría a una papeleta como de 27 por 9 pulgadas. Y eso hay que verlo con la imprenta, porque las imprentas que trabajan usualmente temas electorales actualmente no tienen la tecnología necesaria”, ilustra Chicas al evaluar las dificultades de planificación presupuestaria que acarrearía la definición tardía de estos aspectos.
Como máximo, según los cálculos del TSE, toda la normativa debería estar lista a finales de noviembre para alcanzar a resolver a tiempo todos estos puntos administrativos.
“Estamos exactamente en tiempo todavía (...) el plan general electoral lo estamos desarrollando, pero debería estar a más tardar a final del próximo mes, a final de noviembre. El presupuesto debemos presentarlo en diciembre a la Asamblea Legislativa, pero yo necesito un respaldo respecto a las reformas que debe hacer la Asamblea para saber a qué atenerme”, plantea Chicas.
La prisa que el TSE ve como necesaria, sin embargo, sigue sin ser compartida por la Asamblea Legislativa. El diputado de Arena Guillermo Ávila Qüehl, integrante de la comisión ad hoc que estudió las implicaciones de la sentencia, criticó al Tribunal por intentar apurar los procesos legislativos y aseguró que será la próxima semana cuando emitan el informe final de la comisión.
Aun así, dijo, es “una locura” pensar que la normativa pueda definirse en tan poco tiempo. “El presidente del Tribunal no tiene por qué estarle poniendo plazos a la Asamblea. Cada quien manda en su casa, él que se preocupe de su Tribunal”, le increpó.
El pecenista Mario Ponce, de la comisión de Reformas Electorales, tampoco da garantías de que el pedido del TSE pueda cumplirse y valoró que Chicas veía conflictos donde no los había. Los cambios, calcula, podrían estar listos para diciembre o enero, pero no es algo que deberían apresurar porque son varios artículos del Código Electoral los que deberían reformarse.
La efemelenista Jackeline Rivera, de la misma comisión, asegura que el FMLN ya está trabajando una propuesta para legislar, pero tampoco se anima a hablar de plazos. Estos, dice, dependerán de la posición que adopten los demás grupos parlamentarios.
Si la Asamblea no atiende a la brevedad el llamado del Tribunal, este, según su presidente, al menos estará libre de culpa. “Mi obligación, para cubrirme a futuro ante la Corte de Cuentas, es decir ‘miren, yo estoy pidiendo que regulen’”, dice Chicas, quien insiste además en que un mes sí es un plazo prudente para que los diputados definan la normativa: “Una semana sería incluso suficiente si hay voluntad”.
