El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, acusó este viernes a anteriores administraciones de mantener privilegios en favor de grandes contribuyentes a quienes ni se les fiscalizaba sus rentas ni se les cobraba impuestos.
Cáceres hizo la revelación al reaccionar al decreto emitido la noche del jueves por la Asamblea Legislativa, con el que derogó una medida de vigilancia establecida en el Código Tributario desde un año atrás, que pretendía ser un mecanismo de alerta ante posibles adquisiciones de bienes injustificados y ante la posible evasión o elusión de impuestos.
Los diputados quitaron del Código la obligación de declarar el patrimonio para los contribuyentes que perciban ingresos superiores a los 75 mil dólares. Esta disposición se aprobó apenas en octubre del año pasado como parte de los ajustes en legislación fiscal que impulsó el Ejecutivo.
Los partidos de derecha -Arena, PCN, PDC y Gana- argumentaron razones de inseguridad pública para eliminar la declaración y uno de los diputados pecenistas, Mario Ponce, llegó incluso a decir que no confiaba en entregar ese tipo de información al Ministerio de Hacienda, por el temor a que esté infiltrado por bandas de delincuentes.
El ministro salió en defensa de sus empleados, lamentó la decisión de los partidos de oposición y pidió al presidente Mauricio Funes que vete el decreto. Asimismo, hizo la revelación sobre la supuesta ilegalidad cometida por gobiernos precedentes de eximir arbitrariamente del pago de impuestos a algunos contribuyentes escogidos.
“Como ministro de Hacienda quisiera lamentar la triste decisión que hiciera la Asamblea Legislativa el día de ayer (jueves), en el sentido de eliminar del programa de reformas fiscales la declaración patrimonial para personas naturales que tienen rentas altas y que tienen bienes de alto valor”, dijo Cáceres, en rueda de prensa en Casa Presidencial.
Cáceres adelantó que solicitará a la presidencia de la República vetar la reforma al artículo 91 del Código Tributario.
El ministro de Hacienda reaccionó airado a la justificación de los partidos y dijo que la misma significaba decir que los empleados de su Ministerio eran presuntos delincuentes. “No veo justo que se trate así a nobles funcionarios públicos que hoy día han visto el esfuerzo de su trabajo respetado', señaló. Luego hizo la acusación de corrupción en los gobiernos anteriores, a los que no identificó: 'A diferencia de administraciones anteriores, en donde habían privilegios establecidos, listas de contribuyentes a quienes no se les cobraba impuestos, a quienes no se les fiscalizaba”, acusó Cáceres.
El ministro no detalló ni cuáles impuestos quedaban perdonados ni cuáles contribuyentes eran los beneficiados. Sí dijo que el mecanismo de complicidad con la evasión de impuestos era de alcance tan grande que algunos empleados eran despedidos si emitían un dictamen desfavorable a los grandes contribuyentes cuando había litigio por algún cobro.
En su gestión, dijo, se ha vuelto a contratar a jueces de los tribunales de apelaciones que sufrieron estas medidas de gobiernos anteriores. En todos estos casos, el ministro de Hacienda no entró en detalles puntuales.
Hace dos años, en septiembre de 2008, El Faro reveló que en uno de los casos que resolvió el tribunal de apelaciones del Ministerio de Hacienda, dos de los principales bancos del país, el Cuscatlán y el Agrícola, habían sido eximidos de pagar unos 14 millones de dólares en impuesto a la renta, después de una intensa discusión entre los miembros del tribunal. La decisión última de dispensar el pago prácticamente coincidió con la salida del cargo del entonces ministro de Hacienda Guillermo López Suárez.
Carlos Cáceres dijo que la reforma aprobada por los legisladores y que aún debe recibir el visto bueno del presidente -o el rechazo- antes de convertirse en ley es “atentatoria al proceso de reforma fiscal y a la dignidad del empleado del ministerio de Hacienda”, y que podría echar al traste la reforma y el intento de recaudar más recursos por parte del Estado.
El jueves, el diputado Rodolfo Párker, del Partido Demócrata Cristiano, pidió sorpresivamente que se eliminara la obligatoriedad de la declaración de patrimonio. La propuesta no aparecía en la agenda de la sesión plenaria, por lo que hubo que hacer el cambio. Pero, además, la Asamblea dispensó los trámites del análisis y consulta que mandan la Constitución y el reglamento interior del parlamento, y aprobó de una vez la reforma.
Según el titular de Hacienda, la reforma ni siquiera beneficiaría a una proporción significativa de la población del país, si el propósito de la enmienda era contribuir a la seguridad pública. Solo 9 mil personas naturales estaban obligadas a presentar esa declaración, aseguró Cáceres. “Hay sectores de la población, los de más altos ingresos y los más favorecidos económicamente, que ven variados sus activos en los balances patrimoniales y que, con una declaración como la que teníamos, tienen que justificar de dónde han sacado (los fondos) para poder comprar esos bienes”, ejemplificó.
“No es un problema de disminuir los ingresos, es un problema de combate a la elusión y evasión de impuestos”, dijo Cáceres, y acusó a los diputados que intentan quitar la declaración patrimonial de que serían cómplices de que se continúe eludiendo y evadiendo en el país, sobre todo entre las 9 mil personas que tiene la obligación de presentar este documento.
El ministro no dio espacio para repreguntas ni informó si ha presentado denuncia alguna ante la Fiscalía o si tiene planes de presentarla.
Antes, el Ministerio de Obras Públicas y el de Gobernación han acudido a la Fiscalía a denunciar presuntos actos de corrupción en esas carteras durante las administraciones del partido Arena.
