Varias gremiales empresariales han emprendido los últimos días una nueva confrontación discursiva con el FMLN. A partir de las quejas del partido de gobierno sobre la falta de inversión en el país y el alineamiento de las voces empresariales con ARENA, ANEP respondió pidiendo respeto y exigiendo seguridad jurídica para invertir.
El FMLN actuó irresponsablemente al generalizar en su crítica contra la empresa privada: ni todos los empresarios son abusivos ni están contra el actual gobierno. De hecho, ni siquiera parece ser una gran cantidad de empresarios los que están intentando obstaculizar el trabajo gubernamental.
Pero ANEP debe reconocer que algunos de sus agremiados han hecho históricamente un uso discrecional de los recursos del Estado, y a partir de ahí exigir a sus propios agremiados a que cumplan con sus responsabilidades. ANEP tiene derecho a pedir respeto, y debería exigirlo primero a sus miembros, que con sus acciones manchan la credibilidad y el prestigio de la comunidad empresarial en su conjunto.
El Salvador nunca ha tenido seguridad jurídica para las inversiones, entre otras cosas porque algunos empresarios han abusado también de su posición de poder para imponer legislaciones y acuerdos que favorecen sus propios intereses, en detrimento de la mayoría de la población.
Cuando es necesario legitimar el discurso, las gremiales empresariales creen que basta con recordar que sus agremiados son generadores de empleo y que por ello su actividad es estratégica para el país. Y ciertamente lo es. La empresa privada es no solo necesaria sino además crucial para el desarrollo nacional.
Lamentablemente, algunos empresarios parecen ser los peores representantes de ese gremio, al no honrar sus compromisos con el Estado, con sus trabajadores, con sus clientes. En un discurso pronunciado la semana pasada en la inauguración del Congreso Industrial 2010, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales dijo: “No permitamos tampoco que ningun empresario evada sus obligaciones laborales y sociales, sus obligaciones tributarias, y su responsabilidad social”.
Esta declaración no solo es bienvenida, sino que debería ser acompañada de una profunda autocrítica de las demás gremiales empresariales y de un reconocimiento de los errores cometidos en el pasado. Apenas hace dos años el entonces presidente de la ANEP se lanzó como precandidato presidencial por ARENA, el presidente de la Cámara de Comercio daba declaraciones dignas de un militante arenero contra la posibilidad de un triunfo del FMLN y varios grandes empresarios se unieron al coro de advertencias contra la “llegada de los comunistas” que iban a destruir el país. Lo que temían, en realidad, era el fin de un Estado puesto a su servicio desde el nacimiento de la República, en el que, salvo pequeños periodos que parecen más accidentales, todas las políticas económicas han sido tradicionalmente dictadas por una pequeña camarilla que no ha logrado resolver, en 200 años, la enorme desigualdad de la sociedad salvadoreña. Y no la ha resuelto porque nunca ha sido su interés.
Reconocemos el invaluable aporte de la empresa privada en general, y el tremendo esfuerzo de la mayoría de los empresarios salvadoreños para cumplir sus responsabilidades. Es para ellos para quienes urge seguridad jurídica, entendida como reglas claras que serán respetadas y aplicadas a todos. Que todos aportarán al Estado y que los derechos laborales son respetados. Seguridad jurídica, al fin y al cabo, es garantizar que a ningún empresario se le dará trato preferencial en detrimento de otros. Seguridad jurídica es, en realidad, la garantía para un pequeño o mediano empresario de que su negocio no será aplastado por el poder y la capacidad de manipular las instituciones de otros más grandes a los que no les gusta la competencia. Por ello es necesaria la consolidación institucional, porque solo el Estado puede defender a los más pequeños.
En eso estamos de acuerdo:Necesitamos más seguridad jurídica para los empresarios. Para todos.
