El embajador de Estados Unidos en España, Alan D. Solomont, afirmó que no podía confirmar si estos informes son documentos del Departamento de Estado y subrayó en rueda de prensa que las filtraciones 'no dañarán las excelentes relaciones' entre los dos países.
Según los documentos, la embajada de Estados Unidos en Madrid expresó a Washington su preocupación por el clima existente en España contra la guerra de Irak. Y, como ejemplo, subrayó que el juez Baltasar Garzón estudiaba 'si se debe imputar responsabilidad criminal a (el presidente español José María) Aznar, al primer ministro (británico Tony) Blair y al presidente (estadounidense George W.) Bush'. Así lo reflejan dos informes sucesivos con fecha 21 y 23 de marzo de 2007 divulgados por el diario El País.
La guerra de Irak enfrió las relaciones entre España y Estados Unidos durante la administración de Bush. Sobre todo a partir de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero asumió la presidencia de España y como primera decisión ordenó la retirada de las tropas españolas desplegadas en Irak.
En el segundo documento, la embajada aseguró que Zapatero se había comprometido a moderar su mensaje y 'no echar más leña al fuego' en relación con Irak.
En otro de los informes de 2007 sobre las relaciones entre España y Estados Unidos, se analiza el proceso contra varios militares estadounidense por su presunta implicación en la muerte del camarógrafo español José Couso, fallecido en Bagdad en el año 2003 tras recibir varios disparos en el hotel donde se alojaba. En ese sentido, la embajada señaló que había hablado con los fiscales y el juez de la causa y que todo indicaba que sería archivada.
La Audiencia Nacional archivó el caso de Couso, pero el pasado julio el Tribunal Supremo revocó esta decisión al apreciar indicios claros de delito y devolvió el sumario al magistrado de la Audiencia Santiago Pedraz, quien sigue adelante con la investigación.
Según el periódico El País, 'Estados Unidos desplegó importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, en crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA'.
Los vuelos secretos de la CIA fueron parte de un operativo estadounidense para secuestrar a sospechosos de colaborar con Al Qaeda en diversos países del mundo. Esas aeronaves, que llevaban a presuntos terroristas desde puntos tan diversos como Afganistán o Egipto, pasaron por varios países europeos en ruta hacia Guantánamo, entre ellos España, de manera no oficial, aunque con el consentimiento de los gobiernos aliados de Washington.
La publicación dice que de los cables se puede colegir que en sus presiones hacia el Estado español, Estados Unidos contó con la colaboración de importantes contactos en España, como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional.
'El embajador Eduardo Aguirre (nombrado por la administración Bush) y varios de sus colaboradores intentaron que las investigaciones judiciales naufragaran', dice El País.
El periódico cita una de las expresiones de Aguirre, consignada en uno de los cables, referente al clima político hostil que se produjo en España hacia la guerra en Irak, después de la derrota del Partido Popular: 'Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre Estados Unidos'.
En respuesta a esta información, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que asegura que atiende con frecuencia a funcionarios estadounidenses y de otros países, 'limitándose a trasladar la posición jurídica que el Ministerio Público mantiene' en cada procedimiento.
En 2009, y ya con Barack Obama en la presidencia estadounidense, la embajada tilda de 'irritantes' los intentos de algunos magistrados de invocar la 'justicia universal' para investigar posibles torturas en la prisión de Guantánamo.
A pesar de sus intentos por disponer de más información sobre las causas judiciales españolas que pudieran afectar a Estados Unidos, un informe reconoce que no es sencillo.
'El poder judicial español guarda con celo su bien ganada independencia y eso significa que no tienen miedo a elaborar resoluciones judiciales que puedan afectar al gobierno español o al estadounidense', se puede leer en una de las comunicaciones.
Solomont, por su parte, defendió la labor de la diplomacia estadounidense y señaló que trabaja habitualmente con líderes españoles a través de una relación basada en el respeto.
