Diputados de Arena y y uno del PDC recibieron este miércoles al fiscal general, Romeo Barahona, para revisar los expedientes de 18 oficiales investigados por la Inspectoría General de la PNC. Los legisladores, que crearon una comisión para averiguar por qué la inspectora Zaira Navas está investigando a estos oficiales, decidieron que la información que surgiera de la reunión de este día se mantendrá en secreto.
La “Comisión especial investigadora sobre posibles abusos de la inspectoría general de la PNC contra miembros de esta institución” fue creada por un grupo de diputados de Arena, Gana, PCN y PDC, después de que salieran a la luz una serie de casos de oficiales presuntamente involucrados en irregularidades y hasta delitos.
Los diputados decidieron tomar acción justo después de que El Diario de Hoy publicó que el oficial Douglas Omar García Funes fue señalado por una fuente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como responsable de brindar custodia a los alijos de droga que transitaban por el territorio salvadoreño.
Al conocer esa denuncia, la inspectora Navas decidió investigar y pidió ayuda al Organismo de Inteligencia del Estado.
Este miércoles, los diputados se encerraron en un salón y ni siquiera fue posible ver a los participantes en la cita y advirtieron que la información que vaya surgiendo estará reservada para el uso de los legisladores.
'Es uno de los acuerdos que hemos tomado, estamos facultados para hacerlo. Es que queremos hacer un trabajo serio, no hacer show”, respondió el arenero Ernesto Angulo.
La norma en la Asamblea es que las comisiones, incluso las especiales, sesionan en público, en salas a la vista del público y con equipo de sonido. Las sesiones incluso son transmitidas por televisión en vivo.
El fiscal Barahona llevó a los diputados los expedientes completos que tiene la Fiscalía sobre posibles ilícitos en los que han participado agentes u oficiales de la PNC. El motivo de su visita era comparar dichos expedientes con los archivos de los 18 oficiales policiales que investiga la Inspectoría General de la PNC.
Los documentos de la Fiscalía quedaron guardados en algún lugar de la Asamblea. 'Es que no pudimos avanzar, habíamos pedido los 18 expedientes a la Inspectoría General, pero solo mandó dos cajas, por eso es que decidimos volver a pedirle el resto a la inspectora, para seguir luego”, dijo Angulo.
A la cita llegaron los diputados arenero Angulo, César Dheming y Guillermo Ávila Qüehl, y el pedecista Santos Guevara. Guillermo Gallegos, de Gana, integra la comisión, pero no llegó a la cita. Igual sucedió con el pecenista Antonio Almendáriz, quien es de los legisladores que teme que detrás del trabajo de la inspectora pueda haber un afán revanchista contra oficiales que alguna vez estuvieron en las filas de la Fuerza Armada.
Una de las investigaciones de la Inspectoría recoge indicios brindados por un informante de la DEA, que asegura que un grupo de policías uniformados prestaba servicios de seguridad de frontera a frontera a cargamentos de droga. El informe es oficial y salpica al ex director de la Policía Ricardo Menesses y al jefe del Centro Antipandillas, Douglas Omar García Funes. Junto a ellos podrían estar implicados 16 oficiales más.
En la investigación, Menesses –que dirigió la corporación entre 2003 y 2005- es vinculado por testigos protegidos por la Fiscalía con un supuesto narcotraficante. En la misma investigación disciplinaria, la Inspectoría reveló indicios de otros posibles ilícitos ejecutados por otros cinco jefes policiales, entre los que figuran el ex subdirector de Áreas Especializadas, hoy jefe del Centro Antipandillas, García Funes.
Algunos de los jefes o ex jefes policiales investigados han dicho que no hay fundamento alguno para que los investiguen y han demandado a la inspectora ante la Fiscalía.
También sobresale la investigación en contra del comisionado Godofredo Miranda, a quien se le investiga por supuesto peculado. Según confirmó Navas, una investigación contra Miranda cobró fuerzas después de que el senador estadounidense, James McGovern, pidiera en una carta dirigida al presidente Mauricio Funes, una investigación en contra de Miranda por su participación en el caso de la banca de crimen organizado conocida como Los Perrones, que operaba en el oriente de El Salvador.
Los diputados que promovieron la creación de la comisión especial creen que es un asunto de persecución política porque varios de los investigados provienen de los desaparecidos cuerpos de seguridad o del ejército. Su teoría es que ahora, con un gobierno del FMLN, la ex guerrilla está buscando una especie de venganza. Para desvirtuar esas sospechas, Navas ha dicho a los diputados que no todos los oficiales investigados pertencieron al ejército.
McGovern ha intervenido en el caso, diciendo que Navas debería ser apoyada en su trabajo en lugar de entorpecérselo. El senador estadounidense llamó 'fuerzas intransigentes' a los partidos políticos que salieron en defensa de los oficiales policiales sospechosos.
Angulo rechazó los comentarios de McGovern: “Me tiene sin cuidado lo que comente aquí un congresista norteamericano. Esta no es finca de Estados Unidos, nosotros somos un país soberano, no importa el tamaño”.
