Nadie sabe precisar cuándo, pero de que la medida se aplicaba en la institución, no cabe duda. “Nos dimos cuenta hace poco, hace un par de meses”, dice Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) desde el 1 de junio de 2009. Fue hasta luego de un año al frente del banco cuando, por una casualidad, se enteró de que parte de la memoria histórica de la entidad había sido borrada. Y no se había eliminado por accidente, sino por decisión de autoridades de años previos. Memorandos que recogieran análisis, debates y criterios para tomar decisiones -como por ejemplo la dolarización- fueron destruidos porque alguien dispuso que había que hacerlo.
“Esto surgió a raíz de la inquietud de una persona que vino acá, que sabía de documentos que se habían discutido en algún momento y quería consultarlos, entonces pregunté (por esos documentos) y así me enteré de que existía esa política”, cuenta Acevedo.
La política, detalla Acevedo, era la de destrucción de los memorandos técnicos de la institución que fueran cumpliendo cinco años de antigüedad. Se trata de documentos que pueden reflejar investigación o análisis internos que, en teoría, contenían argumentos que el banco tomaba en consideración para adoptar decisiones de política económica y monetaria en el país, o para evaluar las políticas ya en marcha.
“No sabemos con exactitud todos los documentos que se han perdido, pero memorandos técnicos que podría haber sido interesante guardar, de hace 10 años o más, no hay, a no ser que alguien haya guardado copia en sus archivos personales”, cuenta el presidente del banco.
Esos documentos por los que llegó a consultar la persona que comenta Acevedo parecen no tener salvación; y con ellos, por ejemplo, desaparecieron análisis de finales de los 90s, cuando se discutía sobre el tipo de cambio fijo del colón frente al dólar en aquel momento, clave para entender la situación previa a la dolarización de la economía salvadoreña.
Con la práctica en marcha durante toda la década pasada, la memoria del banco también tiene que haberse atrofiado en otras discusiones de los últimos 15 años, algunas tan relevantes para la historia económica nacional, como la de la privatización de los bancos impulsada en los 90s, la promoción de la ley de la Superintendencia del Sistema Financiero y la de la nueva ley orgánica del mismo BCR. Esta ley, dice el propio sitio web del banco, trajo cambios “radicales” porque se estableció “la prohibición de financiar directa o indirectamente al Estado (Art. 74); y la eliminación de la facultad para fijar el tipo de cambio y las tasas de interés, que desde entonces quedaron sujetas a las fuerzas del mercado”.
Cuánto criterio técnico, cuánto criterio político o cuánta profundidad fundamentaba ese tipo de decisiones es algo que no se podrá saber, al menos por documentos.
Sobre la dolarización, que llegó a la Asamblea a finales de noviembre de 2000 y se aprobó en cuestión de días sin ningún debate, Acevedo piensa que de todas formas tal vez no hubiera demasiados documentos en el BCR. “La verdad, no creo que haya pasado a nivel técnico por el banco. Esa más bien parece haber sido una decisión impulsada y tomada desde más arriba, desde la presidencia (de la República)”.
Un país amnésico
La pérdida de patrimonio documental no es un asunto nuevo en El Salvador. Cualquier historiador recuerda con pena cómo cientos de documentos fueron perdidos en los archivos de alcaldías quemadas durante la guerra civil, o cómo parte del mismo Archivo General de la Nación, que recogía documentos desde la época colonial, fue consumido por el incendio del Palacio Nacional en 1889. “Para nosotros, en el caso de la historia, cualquier documento, cualquier fuente del pasado que se pierde es una desgracia, casi una tragedia. Buena parte del trabajo que nosotros hacemos es justamente con esas fuentes que nos quedan del pasado. Si no conservamos los documentos, estamos prácticamente mutilando una parte de la historia”, dice Carlos Gregorio López, investigador y catedrático de la licenciatura en historia de la Universidad de El Salvador.
Pero la pérdida de la que ahora se han enterado en el Banco Central de Reserva nada tiene que ver con accidentes o eventos como los de los dos siglos pasados, sino que, como confirma Acevedo, es producto de una política institucional que algún consejo directivo del BCR tuvo que haber ordenado en un momento.
“Con documentos como memorandos técnicos la política era destruirlos. Si esta política viene de hace unos 15 años o 20 años no lo sé, no sé si hubo acuerdo escrito en algún momento o si empezó como una orden de palabra”, dice Acevedo, quien admite que aún no ha hurgado en el archivo de las actas de consejos directivos para poder dar con quiénes y cuándo tomaron esa decisión.
Hace 15 años, en 1995, el presidente del BCR era Roberto Orellana Milla. Hace 20 años, en 1990, también era Orellana Milla. Estuvo dirigendo la institución del 1 de junio de 1989 al 31 de mayo de 1998. Pero Acevedo dice no saber de cuándo data la política de destruir documentos. Antes de Orellana Milla, en el gobierno de Napoleón Duarte, el presidente del Banco era Maurice Choussy, quien asegura que durante su administración no se destruía memorandos y no se decidió destruirlos.
Su sucesor, Orellana Milla, dijo a El Faro que no recordaba que hubiera dicha política. Tampoco hablaron los dos siguientes presidentes, Gino Bettaglio (1 de junio de 1998 al 31 de mayo de 1999), y Rafael Barraza (1 de junio de 1999 al 31 de julio de 2002). Quien sí accedió a comentar fue Luz María de Portillo (1 de agosto de 2002 al 31 de mayo de 2009), y ella dice que en su administración ya existía esa política.
El BCR apenas está tratando de reaccionar a la decisión de destruir documentos. “Lo que sí hemos hecho, sin embargo, es dar ya la orden para revertir esa política. Ya hay una decisión del actual consejo para que esos documentos no se sigan destruyendo. Ciertamente, aunque solo sea por curiosidad histórica, es importante tener constancia de las discusiones técnicas que se tuvieron en determinados momentos sobre determinadas medidas”, sostiene Acevedo.
Orellana Milla dice no tener conocimiento de que se haya decidido destruir los documentos. “No sé nada de que exista o haya existido esa práctica, por lo menos en el tiempo en que estuve ahí, nueve años, no me di cuenta de que hubiera una política de esa naturaleza (...) A menos que yo no lo haya sabido, pero en nueve años que estuve ahí lo hubiera sabido”, respondió. Él, como presidente del Banco, era miembro del consejo directivo.
Y si hubiera existido, sostiene, verdaderamente habría implicado una pérdida importante. “Yo creo que es parte de la historia que se tiene que conservar, hay documentos que son importantes, otros que tal vez no son tan relevantes y que ocupan mucho espacio en un archivo, pero se debería tener el criterio de que los documentos se deberían conservar”, dice Orellana Milla.
Pero esa historia no ha sido conservada. Y si hubo alguna discusión sobre el tema que llevó a la interpelación por parte de la Asamblea Legislativa a este ex presidente del BCR, a quien se le señaló de actuar con negligencia en el caso del millonario fraude de las financieras Finsepro e Insepro, tampoco existirían los memorandos que den cuenta de ello, pues el caso ocurrió en 1997 y los documentos técnicos de ese año, de acuerdo con la política de destrucción, debieron ser eliminados en 2002.
Orellana Milla estuvo unos nueve meses más en el cargo después de la interpelación. Su sustituto, Bettaglio, tiene hoy el cargo de director de finanzas de la alcaldía de San Salvador. Este, por medio del equipo de comunicaciones de la alcaldía, dijo que por su compromiso con la municipalidad prefiere no ofrecer declaraciones sobre temas ajenos a los de la alcaldía. No explicó qué compromiso le inhibía de hablar sobre su trabajo en el Banco.
Bettaglio ocupó el puesto durante un año. Le sucedió Rafael Barraza, pero este, por medio de su asistente, se excusó de hablar del tema. Explicó que prefería esperar a que se determine la fecha en que se acordó implementar la política de destrucción y así poder opinar sobre la base del acuerdo escrito que debería existir en el banco.
Quien sí accedió a hablar fue Luz María de Portillo, quien dirigió el banco durante las administraciones de Francisco Flores y Antonio Saca. La ex funcionaria sí dice recordar esta práctica en la institución, la cual enmarca dentro de los procedimientos normales y ya establecidos en el banco para el manejo de su archivo.
“Sí hay una normativa interna en la que se establece que hay documentos contables y legales que se preservan por 10 años, y que luego se guardan nada más en microfilms, y hay otros documentos que se conservan solo por cinco años, y cada área del banco es la que va seleccionando esa información que se conserva o que se desecha cada cierto tiempo, pero los documentos estratégicos se mantienen”, asegura Portillo.
Lo que no puede determinar, dice, es desde qué fecha se tenía esta normativa con esos plazos. Cuando ella asumió la presidencia del banco, asegura, la política de destrucción de memorandos técnicos con más de cinco años ya existía. “Entiendo que el banco ya tenía esa política desde hace muchos años”.
Portillo fue la última presidenta del BCR con gobiernos de Arena. Y antes de Arena, cuando la democracia cristiana gobernaba, entre 1987 y 1988 fue presidente del banco Maurice Choussy. Dice que puede afirmar con toda seguridad que durante su administración no se destruía los documentos ni se decidió destruirlos.
“Yo, tajantemente y con toda seguridad, puedo afirmar que esa práctica no se tenía cuando yo llegué y mientras estuve en la presidencia del Banco Central de Reserva”, dice. “Resulta increíble que se haya hecho esto, sobre todo en estos tiempos en que tanto se habla de transparencia. Ya quisiera yo que instituciones que tanto hablan de transparencia en estos tiempos se pronuncien al respecto”.
Asimismo, lamenta que documentos como estos, a los que otorga un valor histórico por su contenido, se hayan perdido. “Son documentos que sirven para guardar la historia económica del país, analizarla y ver cuáles fueron los fundamentos que en determinado momento se usaron para tomar algunas decisiones sobre política económica. Sirven también entonces para evitar errores en el futuro, para saber qué rumbo es el que debería seguirse”, valora el ex funcionario.
Independientemente de la fecha en que se comenzaron a destruir los memorandos técnicos, para aquellos que, como el historiador Carlos Gregorio López, tienen en el patrimonio documental una de sus principales fuentes de investigación, el solo hecho de que se practicara esa política es lamentable. Lamentable, aunque no por ello ilegal, aclaran.
Margarita Silva, historiadora y responsable del archivo de la Universidad de El Salvador, explica que el gran problema en el país es que existe un vacío legal en materia de conservación del patrimonio documental y que, históricamente, el diseño de las políticas de retención documental en las distintas instituciones del Estado ha estado simplemente sujeto al criterio de autoridades administrativas.
“Lo que pasa en el país es que no tenemos una ley que nos ampare para la protección del patrimonio documental, y sin esa ley, hoy por hoy, todas las instituciones toman decisiones muy poco documentadas y a veces se está destruyendo patrimonio histórico sin ninguna precaución, sin ninguna visión para poder reconstruir procesos históricos”, dice la historiadora.
Silva, que además pertenece al comité nacional Memoria del Mundo, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), explica que hay en la ciencia de la archivística un proceso de depuración de documentos llamado espurgo, el cual se realiza siguiendo políticas ya establecidad de conservación y eliminación de documentos. Pero estas políticas, dice, no deberían ser diseñadas únicamente por las autoridades administrativas de una institución.
“Para elaborar esas tablas de retención documental deberían participar el representante legal de la institución, un archivista, un historiador, para valorar la documentación que tal vez el administrativo la ve solo como un procedimiento, y también alguien del Archivo General de la Nación, para que también emita opinión. Debe participar gente que pueda darle valor cultural a esta información”, sostiene.
Por ahora, la única ley que se acerca a tocar el punto es la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, pero esta, como explica la historiadora, aunque ha tenido un buen alcalce en materia de protección arqueológica y arquitectónica, no lo tiene tanto para el caso de los documentos. El patrimonio documental, dice, simplemente está definido en esta ley, pero no se establecen procedimientos sobre cómo debe conservarse.
Es por ello que Silva, junto con representantes de otras instituciones como el mismo Archivo General de la Nación, la Academia Salvadoreña de la Historia y el Museo de la Palabra y la Imagen, reimpulsan ahora un proyecto que empezó a gestarse en 2001 pero que no ha caminado con la celeridad esperada: una ley de sistema nacional de archivos, con la que se establezcan al menos parámetros mínimos para regular la conservación del patrimonio documental.
El anteproyecto de ley fue presentado hace dos semanas al secretario de Cultura, Héctor Samour, para que inicie un proceso de evaluación y pueda darle curso a su discusión a nivel legislativo.
Mientras tanto, con un marco legal débil que deja sin protección al patrimonio documental del país, El Salvador seguirá corriendo el riesgo de continuar perdiendo su memoria, y talvez no solo la económica. “Así como el Banco Central de Reserva ha caído en esa práctica”, advierte Carlos Gregorio López, “posiblemente hay una cantidad de instituciones que están cayendo en eso. Y a veces no malintencionadamente, simplemente porque no tienen claridad del valor del material que está en juego, pero además porque no hay un marco legal que regule estas prácticas”.
* Con reportes de Sergio Arauz
