“Este trabajo debería hacerlo la Asamblea Legislativa, pero como le están dando largas, vamos a llevar esto para que lo apresuren”. Así, el presidente del Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral (MIRE), Rómulo Rivas, explica el motivo que MIRE y otras nueve organizaciones han tenido para preparar una propuesta de ley para desarrollar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que, en julio pasado, dejó habilitadas las candidaturas independientes y prohibió las listas de candidatos en que el votante solo pueda votar por bandera de partidos.
Han pasado cuatro meses desde la sentencia y la Asamblea no ha resuelto nada sobre el mecanismo que regularía las candidaturas a diputados no partidarias. Aunque la legislatura formó una comisión para analizar las implicaciones sobre la sentencia, este equipo solo se dio a la tarea de determinar si el fallo de la Sala de lo Constitucional estaba apegado a la Constitución o no.
Y si los legisladores se han negado a apresurar el paso y hasta han manifestado algún interés en entorpecer las posibilidades de las candidaturas independientes, el Tribunal Supremo Electoral, que mira cómo el tiempo avanza y se acercan las elecciones legislativas de 2012, les ha advertido de los problemas administrativos en los que caería si dicha legislación no está lista antes de diciembre.
Fue hasta el pasado martes 23 cuando la comisión ad hoc que estudió la sentencia terminó su trabajo. Este jueves hizo del conocimiento del pleno su informe, pero sus integrantes -o mejor dicho los partidos- fueron incapaces de sacar un acuerdo sobre conclusiones y terminaron haciendo recomendaciones y observaciones diferenciadas.
Después de cuatro meses de discusiones no conclusivas, ahora corresponderá a la comisión de Reformas Electorales de la Asamblea discutir los ajustes concretos que se harán al Código Electoral, aunque, por lo que ya han adelantado varios diputados de distintas fracciones, tampoco tendrá una cosecha rápida debido a que los partidos consideran que es un tema que debe discutirse con calma.
“Por eso el motivo de esto es hacer presión. Prácticamente les estamos ahorrando ya el trabajo”, dice Rómulo Rivas, quien asegura que la propuesta será llevada a la Asamblea Legislativa la semana entrante.
La iniciativa, titulada “Propuesta de Reformas al Código Electoral sobre Sistema de Listas y Candidaturas No Partidarias”, ha sido trabajada por la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Reforma Política, en la que participan, además de MIRE, las organizaciones ISD, CDN, IEJES, FESPAD, CAPES, Cemujer, CIS, MPS y el Movimiento Patria Exacta. En un documento de 36 páginas, estas organizaciones plantean 103 reformas, tanto de fondo como de forma, para que la Asamblea las incorpore al Código Electoral.
Uno de los puntos que contempla la propuesta es el de los requisitos que, a juicio de estas organizaciones, deberían exigirse para la inscripción de las candidaturas independientes, tanto si estas son presentadas individualmente como si son postuladas por movimientos cívicos no partidarios.
Es aquí donde se evidencian las diferencias entre quienes por años han tratado impulsar las candidaturas independientes en el país y los partidos políticos, que recién emitido el fallo de la Corte expresaron su rechazo a esta posibilidad, adelantando que para frenarla podrían establecer requisitos tan elevados, como números inalcanzables de firmas para la inscripción de las candidaturas.
En cuanto a la cantidad de firmas exigibles para inscribir una candidatura no partidaria, por ejemplo, esta coalición de organizaciones propone que el mínimo sea de 600 firmas de simpatizantes, originarios de la circunscripción o distrito electoral por el que compitan. Esto, según explica Rivas, siguiendo la lógica de que si para la inscripción de un partido político se exigen 50 mil firmas y los partidos tienen derecho a presentar 84 candidatos a diputados, la cantidad de firmas que corresponden por candidato es 595.
Su propuesta contrasta claramente con la que han sugerido algunos diputados, como es el caso de Guillermo Gallegos, de GANA, quien incluso llegó a sugerir que, para asegurarse de que los partidos sigan teniendo las riendas de la Asamblea, a los candidatos independientes debería exigírseles “por lo menos un millón de firmas”.
Aunque ahora al menos los partidos FMLN y Arena parecen haber flexibilizado su posición, manifestando que no desobedecerán a la CSJ, sus propuestas en mente indican que continúan tratando de frenar las chances para los ciudadanos que pretendan ganar un escaño sin la bandera de un partido. El diputado Alberto Romero, diputado de Arena y miembro de la comisión de Reformas Electorales, adelanta que una de las opciones en las que está pensando su partido es la de no exigir un número fijo de firmas, sino un número que varíe según la circunscripción por la que se presente el candidato.
Sin embargo, a la hora de plantear cómo se calcularía ese número, el resultado es uno muy lejano a lo que estiman las organizaciones civiles. Alberto Romero lo explica de esta forma: “En el caso de mi circunscripción, por ejemplo, que es Cuscatlán, en la última elección el cociente fue de 32 mil votos. No lo hemos definido todavía, pero para dar una idea, podríamos hablar de que se pida un número equivalente al 50% del cociente que hubo en la última elección, o sea que en Cuscatlán sería de unas 16 mil firmas”.
Esto, para el caso de Cuscatlán, supondría una diferencia de 15 mil 400 firmas respecto de lo que plantea la Coalición por la Reforma Política, pero al menos a Romero no le parece que estén hablando de números exhorbitantes o irrazonables. “A nosotros los partidos nos ponen un montón de requisitos, así que si alguien quiere correr como candidato independiente también debería tener varios requisitos”, dice.
El FMLN, aunque se rehusa a hablar de la propuesta de reformas que está trabajando, también parece conducirse por la misma línea. Consultada sobre los cálculos que hace Arena, la diputada efemelenista Margarita Velado, también de la comisión de Reformas Electorales, insistió en que su partido aún está evaluando la propuesta que hará, pero adelantó que “en algo más o menos similar es que estamos pensando nosotros”.
El PDC fue aún más allá en su intención de ponerle obstáculos a las candidaturas independientes. El martes presentó en la Asamblea una propuesta para que los “independientes” se inscriban a través de los mismos partidos políticos, sin que por eso tengan que afiliarse a ellos. Pero además no lo harían a través de cualquier partido político, sino a través de aquellos que hayan obtenido menos del 10% de votación en la elección anterior, quienes tendrían que reservar dos plazas para candidatos “no partidarios”.
Esta propuesta, según su impulsor, Rodolfo Parker, sería la única que no reñiría con el artículo 85 de la Constitución, que establece que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo en el gobierno.
Basado en ese argumento, el diputado pecenista Francisco Merino se abstuvo de opinar qué reformas deberían hacerse al Código Electoral para aplicar la sentencia de la Corte. Mientras no haya una reforma al artículo 85, dijo, no debería hablarse de ello. El partido Gana tampoco quiso hablar al respecto, bajo la convicción de que el fallo de la CSJ fue inconstitucional.
A ese escenario de pocas voluntades de legislar sobre el tema es que estas organizaciones llevarán su propuesta en los próximos días, planteando además los derechos que tendrían quienes aspiren a una candidatura no partidaria, como gozar de un monto de 15 mil dólares de anticipo en concepto de la deuda política y el mismo acceso y vigilancia que los partidos políticos a la información y a las instituciones del proceso electoral.
Los independientes también tendrán derecho a ganar su participación mediante sorteo en las Juntas Electorales Departamentales y en las Juntas Receptoras de Votos. En ambos casos, la propuesta de estas organizaciones contempla que las juntas estén conformadas por cinco representantes, de los cuales cuatro serán ocupados por los partidos con mayor votación en la elección anterior, mientras el quinto se elegirá por sorteo entre el resto de partidos o coaliciones, movimientos cívicos y candidaturas independientes.
La propuesta también retoma un esquema de redistribución de las circunscripciones electorales que anteriormente ya ha desechado la Asamblea Legislativa, que parte de la población habitante en cada una de ellas. En este esquema la cantidad de diputados por departamento cambia, quedando en 23 por el departamento de San Salvador, 10 en La Libertad, 8 en Santa Ana, 6 en San Miguel y Sonsonate, 5 en Usulután, Ahuachapán y La Paz, 3 en La Unión, Cuscatlán, Chalatenango y Morazán, y 2 en San Vicente y Cabañas.
