En julio de 2009, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa concluía que el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, ocurrido el 28 de junio, era un golpe de Estado, y que quienes lo perpetraron lo hacían como parte de una conspiración entre los militares, el órgano legislativo y la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.
Así lo revela uno de los cables enviado por el embajador Hugo Llorens al Departamento de Estado revelado por la organización WikiLeaks. El cable, con fecha 24 de julio, es uno de más de un cuarto de millón de mensajes que intercambió principalmente en los últimos tres años el Departamento de Estado de Estados Unidos con sus 270 embajadas y consulados en todo el mundo.En el cable, además, Llorens escribe a Washington diciendo que el ascenso al poder de Roberto Micheletti en sustitución de Zelaya fue 'ilegítimo' e 'ilegal'.
'La perspectiva de la embajada es que no cabe duda de que los militares, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional conspiraron el 28 de junio en lo que constituye un golpe ilegal e inconstitucional contra el poder ejecutivo, a pesar de que se puede alegar que Zelaya pudo haber cometido ilegalidades e incluso violado la Constitución', dice el documento revelado por WikiLeaks.
Estados Unidos jugó un papel fundamental en la Honduras postgolpe. Inicialmente condenó el derrocamiento, pero poco a poco su posición se fue debilitando hasta de alguna manera terminar aceptando el régimen de Micheletti, que se convirtió en una transición hasta el gobierno actual de Porfirio Lobo.
Zelaya, en su momento, apeló a Estados Unidos para tratar de influir en el curso de los acontecimientos en Honduras, porque aunque la comunidad internacional en pleno reaccionó contra los golpistas, tampoco fue posible restituir a Zelaya en el cargo. Originalmente Washington parecía anuente a considerar el retorno de Zelaya al poder como un requisito indispensable para el inicio de la normalización de la situación política en Honduras. Después, poco a poco, comenzó a criticar a Zelaya y sus maniobras, como cuando este volvió a escondidas a Tegucigalpa y se refugió en la embajada de Brasil.
Sin embargo, Llorens tenía claro el panorama desde el principio, y en Tegucigalpa no faltaron las marchas de los sectores adversos a Zelaya, que aseguraban que el embajador era cómplice del presidente destituido.
'Fue un golpe de Estado contra el poder Ejecutivo. Igualmente no tenemos duda de que la llegada al poder de Roberto Micheletti fue ilegítima. Sin embargo, también es evidente que la propia Constitución puede ser deficiente en términos de proporcionar procedimientos claros para tratar supuestos actos ilegales por el presidente y resolver los conflictos entre las ramas del Gobierno', dice el cable.
Para cuando ocurrió el golpe -y tras el escándolo internacional que este provocó- Estados Unidos siempre mantuvo una postura diplomática en torno al caso, pidiendo al organismo regional -la Organización de Estados Americanos- que mediara para resolver el conflicto. Estados Unidos, sin embargo, nunca dijo públicamente en la que se tratara de un 'golpe', ni calificó a Michelletti como presidente ilegítimo, y mucho menos llegó a confiar en público que consideraban que el derrocamiento había sido producto de un plan entre los militares, el Congreso y la Corte Suprema hondureños.
