La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU recibió en marzo pasado una denuncia de varios ex miembros de la comisión antimafias de Guatemala, que pedían se investigara al jefe de la misión por una amplia variedad de irregularidades en el desempeño de su cargo.
Los denunciantes alegaban que el español Carlos Castresana omitía denuncias, desviaba investigaciones y ejercía presiones ilegítimas sobre jueces y magistrados, según reveló este lunes el diario El Periódico, de Guatemala.
Según la publicación, fueron la ex investigadora Gisele Rivera y otros ex miembros de la CICIG quienes presentaron ante la OSSI la denuncia, que al parecer Naciones Unidas solo archivó.
Castresana ahora está de regreso en España, pues renunció al cargo tres meses después de la denuncia ante la ONU.
La revelación surge cuando una de las investigaciones de la CICIG, la relacionada al asesinato de tres diputados salvadoreños y su motorista, está llegando al punto culminante en el juicio que se desarrolla en la ciudad de Guatemala contra los presuntos responsables del múltiple crimen.
En el juicio, el Ministerio Público acusa al ex diputado guatemalteco Manuel Castillo y al ex diputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira de ser los autores materiales del cuádruple homicidio, porque el ex legislador de El Salvador quería vengarse del partido Arena, ya que había dado sus votos para que a Silva Pereira se le despojara de su protección constitucional y pudiera ser investigado por lavado de dinero en tribunales comunes.
Sin embargo, una investigación realizada por la CICIG entre 2007 y 2009 determinó que el móvil del asesinato fue una disputa por drogas y dinero. Estas pesquisas, que estuvieron a cargo de Gisele Rivera, fueron descartadas por la misma CICIG en la preparación del juicio que ahora está llegando a su final en Guatemala.
Según las investigacinoes de Rivera, la información apuntaba a que el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y varios jefes policiales, dirigían una red de crimen organizado que, entre otras cosas, hacían 'tumbes' de droga. El propósito de asaltar a los diputados salvadoreños cuando un día de febrero de 2007 se dirigían hacia la capital guatemalteca, fue robarles 5 millones de dólares en efectivo y 20 kilogramos de cocaína, según un reportaje del periódico El Mundo.
La Fiscalía guatemalteca, sin embargo, aseguró que esa investigación carecía de suficiente fundamento como para tomarla en cuenta, y terminó afirmando que fueron Silva Pereira y Manuel Castillo los que ordenaron el múltiple crimen.
