Ciudad de Guatemala. A las 9:30 de la noche de este miércoles, los jueces del Tribunal Primero de Alto Riesgo de Guatemala encontraron culpable de asesinato como autor intelectual al ex diputado Manuel de Jesún Castillo Medrano, en la culminación del juicio por el homicidio de tres diputados salvadoreños del partido Arena y su motorista ocurrido en febrero de 2007.
Los jueces impusieron penas de 200 años de prisión, 50 por cada asesinato, para Castillo Medrano y otros cinco de los nueve imputados. El tribunal estimó que participaron de manera directa en el hecho Vacner Adílcar Morales Silva, Mario Javier Lemus Escobar, Ovdulio Estuardo Valdermar Lemus y los agentes policiales Marvín Roberto Contreras Natareno y Carlos Humberto Orellana Aroche. Además, condenó Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo, alias Montaña 3, a 93 años de cárcel por el delito de asesinato en grado de complicidad.
El tribunal, presidido por la jueza Yazmín Barrios, tenía previsto reunirse para leer su veredicto la tarde de este miércoles, pero a última hora Barrios pospuso la lectura. Poco antes de las 8:30 de la noche, llamaron a la sala del tribunal a los acusados y luego inició la lectura del veredicto. Tras una hora de sesión, Barrios ordenó la libertad de Linda Aura Castillo, a quién absolvió de los delitos de asesinato en grado de complicidad, asociaciones ilícitas, encubrimiento propio y conspiración. El otro imputado absuelto por los homicidios fue su hermano, Carlos Amílcar Orellana Donis, quien habría participado en las cuatro reuniones iniciales en las que se planificó el crimen y para el cual el Ministerio Público (MP, la Fiscalía guatemalteca) no presentó acusación.
Según el caso presentado por el MP, el motivo del múltiple crimen fue la venganza de parte del ex diputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira. Este contactó con Castillo Medrano para planear el asesinato de los diputados al Parlacen, aprovechando que estos se dirigían de El Salvador a Guatemala a participar en las sesiones del Parlamento Centroamericano.
Silva Pereira, según la Fiscalía guatemalteca, quería venganza después de que el partido Arena -como el resto de partidos representados en la Asamblea- accedió a votar en favor de quitarle el fuero constitucional para que la justicia común pudiera procesarlos por los delitos de lavado de dinero y corrupción.
La defensa alegó que el tribunal juzgó con testigos falsos y anunció que apelará el fallo, para lo que tienen hasta el próximo 22 de diciembre. Según la legislación guatemalteca, los imputados tienen 10 días hábiles para presentar un escrito ante un tribunal de apelaciones después que sea leída todo el dictamen, que se hará el próximo miércoles.
Con el veredicto terminó un largo camino salpicado de múltiples crímenes de personas involucradas tanto en la muerte de los legisladores como en las investigaciones. Asimismo, el veredicto se produce en medio de un debate que se ha internacionalizado después de que una ex investigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelara que una investigación desdeñada por la Fiscalía apuntó a otro móvil y concluyó que los responsables de los homicidios fueron altas autoridades guatemaltecas.
El martes habían concluido prácticamente los alegatos finales, ocasión en que los acusados se quebraron y llegaron a los gritos y al llanto argumentando un montaje falso de parte del Ministerio Público. Aunque el fin estaba cerca, quizás nadie esperaba llegar hasta la noche de este miércoles esperando la resolución de los jueces.
“Es cuestión de horas”, dijo un abogado defensor el martes. En los últimos dos días, en la sala de audiencias número nueve de la torre de tribunales de Guatemala, donde sesiona el tribunal, la parte acusadora y la defensa de los imputados habían hecho su último esfuerzo por ganar el favor de los tres jueces. Cuando el abogado defensor dijo 'es cuestión de horas', se refería al momento en que el Tribunal Primero de Alto Riesgo dijera su veredicto después de cinco semanas de juicio.
En el otro extremo, en el del Ministerio Público, coincidieron en que ya era cuestión de horas. 'Se tienen todos los elementos para que sean encontrados culpables. La deliberación no tardará mucho”, dijo la representación fiscal. Para el Ministerio Público, que solicitó el lunes las penas máximas conjuntas de entre 199 y 277 años para los nueve procesados (al ex diputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira se le acusa de autoría intelectual, pero no está en juicio porque está detenido en Estados Unidos), no pasaba de la tarde de este martes para que se conociera un veredicto condenatorio. Pero la jueza Barrios dio un receso en la última audiencia al filo de las 10 de la mañana, dejó pendiente a uno de los procesados de decir su petición final al juzgado y dijo que regresarían a la sala a las 8 de la mañana de este miércoles para continuar con el proceso.
'Sigue la espera', dijo el hermano de Linda Aura Castillo de Ayala, la única mujer procesada por el asesinato de los diputados Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, además del conductor Gerardo Ramírez. La noche anterior había abrazado a su hermana y había llorado en su regazo. “Ya falta poco, ya falta poco”, le dijo.
Su padre, tras 12 horas de escuchar las conclusiones finales del MP y los defensores, había hecho un recuento mental de lo que faltaba: la petición final de los acusados, que consiste en unas palabras cortas dirigidas a los jueces antes de que estos se retiraran a debatir sobre las pruebas mostradas y dictaran sentencia. La espera continuaba.
Y la espera ha sido larga también para los parientes de las víctimas. Más de tres años y nueve meses han tenido que esperar desde febrero de 2007, para conocer a qué lado se inclinará la justicia. O, al menos, el caso preparado por el Ministerio Público. Roberto D'Abuisson, hermano de una de las víctimas, dijo sentirse satisfecho con el veredicto pero aseguró que ninguna pena impuesta reparaba el daño que se había hecho a su familia ni a las de los otros tres asesinados.
La mañana del lunes ya se sabía que sería un día largo, muy largo. Yasmín Barrios había dado inicio al cierre del juicio adelantando que, como mínimo, se tendría que escuchar durante 10 horas las intervenciones de las partes. El primer turno sería del fiscal del caso, Edwin Elías Marroquín, y él tendría más tiempo para hacerlo. La jueza lo explicó al inicio de la audiencia: la ley guatemalteca da una hora como máximo para que las partes de un juicio den a conocer sus conclusiones finales. Con nueve imputados, que suman 38 delitos, el Ministerio Público disponía de un tiempo “adicional y necesario” para resumir los hechos.
Marroquín tomó la palabra: “Es tesis del Ministerio Público que el relacionado proceso se deriva de que los señores Manuel Castillo Medrano, Roberto Carlos Silva Pereira y Carlos Amílcar Orellana Donnis concertaron, planificaron y coordinaron la acción delictual los días 4 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2006”. Su hipótesis inicial no había cambiado: Una venganza del ex diputado salvadoreño Silva Pereira, en respuesta a que el partido Arena, al que pertenecían las víctimas, había votado para que se le quitara la protección constitucional y la justicia salvadoreña lo investigara por lavado de dinero y corrupción. Pasarían tres horas antes de que Marroquín volviera a guardar silencio.
El fiscal tenía sobre la mesa dos folders amarillos llenos de papeles y marcados con viñetas con nombres. En ellos estaba el resumen completo del caso Parlacen: copias de los testimonios presentados durante las 28 audiencias previas del juicio y resúmenes de los cargos de cada uno de los supuestos participantes en el crimen. Pasaba las páginas saltando de un acusado a otro, leyendo los textos que estaban resaltados con marcador verde y amarillo, haciendo relatos largos y haciendo inflexiones en su voz para hacer énfasis en las principales pruebas que tenía el Ministerio Público.
Marroquín hizo hincapié en los relatos de cuatro testigos protegidos. Los primeros dos, los que involucraban a Silva Pereira y Castillo Medrano en la planificación del hecho. El primero, a petición de la representación fiscal, el guatemalteco Ramiro Antonio de León López, alguien que aseguraba ser ex empleado de Silva Pereira y que estuvo en reuniones en El Salvador en las que se planificó el asesinato de Eduardo d’Aubuisson. En las reuniones también estuvo, según la acusación, Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejazo.
El segundo testigo es un salvadoreño que goza de régimen de protección en El Salvador a petición de la Fiscalía salvadoreña. Había sido ubicado por una unidad fiscal y puesto a disposición de la unidad especial de Crimen Organizado. Tras una entrevista y corroborar la información posible (direcciones, nombres de personas, etcétera), la Fiscalía decidió que podía ser una pieza importante en el caso, le otorgó protección y lo puso a disposición del MP de Guatemala. Su nombre clave: Fredys.
El pasado 22 de noviembre, Fredys testificó que estuvo en dos reuniones, una el 29 enero y otra el 1 febrero de 2007, frente al hotel El Centenario, en Jalpatagua, Guatemala. A ellas asistieron Orellana Donis, Silva Pereira y Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo (Montaña 3); le propusieron darle seguimiento desde la frontera de Las Chinamas al vehículo en el que iría D’Aubuisson para brindar información a quienes lo matarían. Él se negó a hacerlo.
Frente al fiscal, en una celda de rejas cruzadas y vidrio, Orellana Donis y Castillo Medrano apenas se inmutaron cuando escucharon los relatos. Su posición no había cambiado desde el inicio de la etapa de audiencias, el 21 de octubre pasado: jamás viajaron a El Salvador, nunca ocurrieron esas reuniones y aportaron lo que a su juicio eran pruebas de descargo. “Los testigos mienten... han contado una historia fabricada por el MP”, dirían sus abogados.
La defensa de ambos siempre sostuvo que el cuádruple asesinato fue perpetrado desde una estructura paralela del sistema de seguridad pública guatemalteco. Una estructura organizada desde el Ministerio de Gobernación y que tocaba a todos los altos mandos de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Así lo dijo el ex diputado Castillo Medrano cuando se sentó frente a la jueza a rendir declaración; así lo repetiría a gritos este martes, el único día que perdió la calma tras 39 días de proceso. Antes, se le vio sereno.
El lunes, Manuel Castillo Medrano mantuvo la compostura de un caballero inglés. Vestía de traje oscuro impecable, pelo cepillado hacia atrás, barba recortada y el nudo de su corbata siempre bien hecho al centro de su cuello. Apenas se movía dentro de esa jaula. Lo de él era no hacer ni una sola gesticulación. No lo hizo cuando escuchó las acusaciones que repetía el fiscal Marroquín; mucho menos lo hizo cuando sintió que se acercaron las lentes de los fotógrafos buscando su reacción. En ese momento se congeló y posó: las piernas cruzadas, los brazos sobre ellas y la mirada fija al frente, justo por en medio de las cabezas de la docena de abogados defensores, donde estaba la representación fiscal.
