El Partido de Conciliación Nacional fracasó la tarde de este jueves en una maniobra que intentaba evitar que la Asamblea Legislativa sometiera a votación la Ley de Acceso a la Información, que después de 17 meses de discusión obtuvo los 55 votos de los 35 diputados del FMLN, los 19 de Arena y el voto de CD.
La votación favorable ocurrió poco después de las 9:35 p.m., tras unas largas intervenciones de diputados de Gana y del PDC, que objetaban la ley en general y contenidos específicos. Pero antes de ellos, el diputado pecenista Elizardo González Lovo mocionó que se retirara de la agenda de la sesión el dictamen favorable de la comisión que el lunes decidió emitir el acuerdo favorable a la ley. El PCN, según explicaron diputados del FMLN y de Arena, estaba pidiendo una semana adicional para estudiar los contenidos, alegando que no los conocían.
Fue el legislador Alberto Romero, de Arena, quien desde la silla en que preside la sesión plenaria, pocos minutos antes de las 5 de la tarde, sometió a votación la solicitud de González Lovo. El pedido obtuvo el respaldo de 26 diputados, entre los pecenistas y los de Gana. Lejos de los 43 mínimos para lograr el retiro del dictamen, el legislador Miguel Ahues, de Gana, pidió la palabra y comenzó a hacer una exhortación al pleno de reflexionar bien sobre el proyecto de ley. 'Pensemos bien lo que estamos a punto de hacer en unos segundos', alcanzó a decir, cuando Romero lo interrumpió para decirle que él no había abierto aún el debate sobre el contenido del proyecto de ley. Entonces anunció que pasarían a leer el dictamen favorable a la ley para después discutirlo.
La normativa, tal como fue aprobada, obligará a las instituciones estatales -y a privados que manejen recursos del Estado- a poner a disposición de la gente un dossier de información sin necesidad de que les sea solicitada. Asimismo, obligará a los funcionarios o instituciones a entregar información solicitada, si esta cumple el requisito de estar clasificada como información pública.
Según la ley, la información será clasificada como reservada, confidencial o pública. La reservada estará vedada al público en virtud de que pueda comprometer la seguridad nacional o los intereses de la nación. La confidencial se refiere a los datos personales en poder de instituciones estatales o privadas. Esta corresponde a información sobre salud, opciones religiosas, preferencias sexuales u otras de interés privado. Toda la demás información es, potencialmente, información de carácter público.
Para las 7 de la noche, aunque Arena y FMLN insistían en que iban a votar por la ley, no había nada seguro. Entre el público se encontraban representantes del Grupo Promotor de la ley, que querían atestiguar la jornada.
Los legisladores terminaron la lectura del proyecto de ley y entonces el partido Arena, de boca del diputado Guillermo Ávila Qüehl, anunció que los 19 votos areneros estaban listos para respaldar la normativa. Posteriormente, a las 7:40 p.m., la jefa de bancada efemelenista, Norma Guevara, también anunció los 35 votos de su partido. Con esos votos bastaba para la aprobación.
Antes de Norma Guevara, sin embargo, el diputado de Gana Guillermo Ahues pidió que el dictamen favorable regresara a la Comisión de Legislación. Su argumento era que la ley es deficiente y utiliza 'términos neoliberales' como decir que uno de los propósitos de la ley es darle más eficiencia al Estado. Dijo que eso no le parecía correcto y por eso pedía no votar. Su intervención motivó que el parlamentario arenero Mario Marroquín pidiera la palabra para objetar que Ahues señalara que la Asamblea se estaba precipitando y sugirió que había otras razones que explicaban el interés de Gana en rechazar la ley.
Uno de los principios de la ley es que todo es público salvo excepciones, y que al funcionario responsable de infringir la ley se le castigará con una multa de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos 8 mil 300 dólares actuales.
Aunque la Constitución de la República ya establece la libertad de expresión como un derecho garantizado, y aunque los pactos internacionales firmados por El Salvador ya incluyen dentro de la libertad de expresión el derecho a buscar y recibir información y a los funcionarios a entregarla, no hay una ley que norme esto.
La nueva normativa establece plazos de 10 días hábiles para que una institución entregue información pública solicitada por alguna persona o para que la institución responda que no la puede dar por tener carácter reservado o confidencial. Si el solicitante queda inconforme, puede apelar ante un instituto garante, que resolverá si la institución debe entregar la información o no. Si la institución o el funcionario interpelado incumple, se hará acreedor de una sanción.
Después del intento pecenista de regresar el dictamen a la comisión de legislación, los diputados comenzaron la lectura del expediente que se sometería a votación. Legisladores de Arena y FMLN se repartieron la lectura del texto.
Sobre el móvil de los pecenistas para intentar frenar la ley, Guillermo Ávila Qüehl, de Arena, y Margarita Velado, del FMLN, coincidieron en que no lo entendían, ya que el PCN argumentaba que no conocían el texto. 'Si ellos han estado en la comisión en las discusiones de la ley, ahí han estado. Incluso esta mañana los diputados Rafael Machuca y Antonio Almendáriz firmaron el dictamen', dijo el presidente de la comisión, Ávila Qüehl.
La comisión comenzó el estudio de la normativa en junio de 2009, cuando el partido Arena le dio iniciativa de ley. Para julio, ya se discutía la posibilidad de que las dos propuestas en manos de la comisión se fusionaran en una sola. Una propuesta fue presentada en octubre de 2008 por Fusades y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. La otra fue una moción del FMLN. Eventualmente, la comisión se quedó con un solo borrador, que es el que pulieron hasta terminarlo el miércoles.
El último escollo que enfrentó la ley antes de la petición pecenista fue la decisión sobre cómo se integrará ese instituto garante. El lunes, la comisión acordó que el presidente nombre a los cinco miembros del instituto, pero no hubo acuerdo sobre la propuesta del borrador de que la Corte Suprema ratifique esos nombres. El miércoles, el partido Arena terminó cediendo en este punto, de tal forma que cinco sectores de la sociedad presentarán ternas al presidente de la República para que este escoja a los cinco miembros titulares y a los cinco suplentes del instituto.
Los sectores que propondrán ternas al gobernante son el de las universidades, el de las asociaciones profesionales, el de los empresarios, el de los sindicatos y el de los periodistas.
La ley fue sometida a votación finalmente a las 9:37 p.m. Ningún diputado votó en contra y solo hubo una abstención. Después, la normativa fue sometida a consideración artículo por artículo. En la medida en que avanzaba el análisis detallado de la normativa, surgieron algunas propuestas de cambio, que se atendieron. La aprobación definitiva de la normativa se produjo a las 10:15 de la noche.
Ahora la Asamblea debe enviar el texto al Presidente de la República, para que este lo apruebe, lo rechace de plano -por inconstitucional o por inconveniente- o lo devuelva con observaciones. Si el presidente vetara, la Asamblea necesitaría el concurso mínimo de 56 votos para superar el veto. Si la devuelve observada, basta mayoría simple (43 votos) para aprobar las observaciones o ignorarlas y mandar publicar la ley en el Diario Oficial.
