Centroamérica se encuentra hoy en su más complicada situación desde los años de las guerras civiles en la región. A la débil institucionalidad, escandalosos niveles de desigualdad, alarmante pobreza y una violencia social en constante aumento, se suman ahora el avance de los carteles del narcotráfico y la penetración del crimen organizado en todos los Estados.
En los últimos años hay evidencia del involucramiento de miembros de algunos ejércitos, policías, jueces y fiscales centroamericanos en el narcotráfico y la región es sobrevolada todos los días por avionetas llenas de droga, como demuestran algunas de las capturas realizadas principalmente ne Nicaragua y Costa Rica. Esto, aunado a las maras o pandillas, se ha convertido ya en el principal problema de seguridad pública en el istmo.
Según datos de Naciones Unidas, la violencia tiene un altísimo costo económico en Centroamérica, que alcanza casi el 10 por ciento del PIB. Con este panorama, y a partir de los acuerdos presidenciales de julio de 2010, por primera vez comienzan a verse esfuerzos incipientes de desarrollo de estrategias regionales y la consolidación de la seguridad pública como prioridad de todo el istmo.
Desafortunadamente, para que estos esfuerzos puedan tener resultados tangibles se neceistan tres factores que no aparecen en el horizonte: recursos, instituciones centroamericanas y voluntad política. Los primeros no pueden partir de la región. A pesar de la urgente necesidad de reformas fiscales para que quienes más tienen paguen más, esto, si acaso termina llevándose a cabo, seguirá sendo escaso para combatir al crimen organizado. Es preciso que el principal responsable de esta situación, Estados Unidos, aporte los recursos necesarios para no sumir a Centroamérica nuevamente en un mar de sangre.
Sobre las instituciones regionales, hasta hoy ni la Secretaría para la Integración centroamericana, ni el Parlamento Centroamericano ni la Corte regional tienen la potestad suficiente para ejercer de verdad un liderazgo en esta material; aunque hay que reconocer los esfuerzos del SICA, que inaugura este lunes en San Salvador un evento más en apoyo a los acuerdos de seguridad regional; apenas un mes después de haber organizado, en Panamá, una importante conferenca sobre seguridad en Centroamérica que reunió por primera vez a la mayoría de los actores en esta materia (autoridades de seguridad pública, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional y academia) a debatir el problema de seguridad pública con una perspectiva centroamericana.
Los Estados del istmo, sin embargo, deben avanzar a pasos mucho más acelerados en los procesos de integración y ceder poderes locales a las instituciones regionales para esperar algún resultado.
El tercer elemento, el de la voluntad política, parece el más fácil de resolver, pero visto el actual mapa del poder en la región esto tampoco será sencillo. Las tensiones entre Nicaragua y Costa Rica; la reciente salida de Panamá del sistema de integración; el cuestionado origen del actual gobierno hondureño (incluyendo los esfuerzos del presidente salvadoreño por reincorporar a Honduras a todo el sistema internacional y la férrea oposición del mandatario nicaragüense a reconocer al gobierno de Lobo); y la crisis de institucionalidad en Guatemala componen un escenario poco propicio para el ejercicio de políticas conjuntas, basadas en la confianza de todos los actores. Lamentablemente, en Centroamérica las políticas públicas y las instituciones siguen dependiendo en buena medida de quienes ostentan el gobierno y no de dinámicas de Estado.
La situación, pues, es delicada, y requiere de un cambio dramático de perspectivas y de búsqueda de soluciones. Las estrategias tradicionales de combate al crimen organizado no funcionan para hacer frente a la actual amenaza. Partir de ahí, de enterrar los dogmas y buscar nuevas fórmulas (Como la CICIG en Guatemala), es hoy obligado, pero requiere del concurso de todos los actores que tienen algún nivel de participación en la seguridad pública.
