Edwin Elías Marroquín, fiscal del juicio por el asesinato de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) es de esas personas que no tiene problemas en hablar pero que le incomodan las grabadoras. En los diferentes recesos de la audiencia de casi dos semanas que culminó con la condena contra siete de los nueve imputados, hablaba fluidamente y sin problemas con los periodistas que le solicitaban algún detalle de la investigación que el Ministerio Público (MP, Fiscalía guatemalteca) realizó. Pero cuando veía una grabadora, se ponía tenso, entrecortaba las palabras y sus declaraciones eran cortas y escuetas. No es un hombre de prensa.
La semana pasada, cuando la jueza Yasmín Barrios dio por cerrado el juicio y decretó un receso de siete horas para la deliberación final (que al final se haría hasta el día siguiente, el miércoles), Marroquín se quedó parado frente al escritorio de la representación fiscal en la sala 9 de la torre de Tribunales de Guatemala, lejos de la prensa. No quería hablar más. Hizo una excepción con El Faro, después de tres días de gestiones personales, y ahondó en el caso, en las dudas que se generaron sobre su investigación, en la salida de Álvaro Matus, su ex jefe en el Ministerio Público y vinculado también a la supuesta red de crimen organizado, y en las declaraciones de la investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscal costarricense Giselle Rivera.
La salida de Matus, quien fue la cara visible del MP durante casi dos años en esta investigación, y el posterior proceso penal que enfrenta, ¿no afecta la credibilidad de la investigación que realizaron ustedes?
No, de ninguna manera porque, si bien es cierto que a él le sindican (acusan) hechos relacionados con el manejo de evidencias (en el caso del asesinato de Víctor Rivera), el procesamiento de todos los indicios y las evidencias que se encontraron en este caso fueron manejados de conformidad con la ley y las reglas de cadena de custodia. Por lo tanto, no afecta nada ese aspecto.
Uno puede preguntarse cómo puedo creer en una investigación que inició una persona procesada por interferir en la investigación del asesinato de un asesor de seguridad, que también estaba vinculado con el caso Parlacen. ¿No afecta eso la credibilidad del caso?
No, no afecta. Las diligencias únicamente son dirigidas por el fiscal, pero quienes las realizan son otras personas. Como fiscal del caso no puedo manipular a tantísima persona. Por ejemplo, aquí ofrecimos 135 testigos y no tenemos la capacidad de dominar a 135 personas que hagan o dejen de hacer algo. Es imposible. Además, habían 26 peritos que no son manejados de ninguna manera. Por lo tanto, no afecta que a Matus se le acuse de algunas cuestiones, aún cuando al principio haya tenido relación con el caso.
Veamos, uno puede sospechar más de la investigación. Por ejemplo, Matus aseguró que quienes asesinaron a los policías que mataron y quemaron a los diputados salvadoreños y su piloto fueron nueve mareros internados en el mismo centro penitenciario, en El Boquerón.
No conozco muchos pormenores del caso Boquerón porque lo manejó una agencia fiscal distinta, bajo los parámetros que ellos destinaron. Sé algunos aspectos, pero muy generales.
Matus dijo que se tenían todas las pruebas de ello, toda la seguridad de que así había sido, y cuando fue el juicio...
... Los absuelven. Mire, muchas veces uno como fiscal maneja una teoría y dice: “Con esto pruebo ‘x’ cuestión; con esto otro, otra cuestión; y con esto, otra. En consecuencia, tengo probada mi hipótesis”. Sin embargo, es un tribunal el que valora las pruebas y muchas veces dicen: “Aquí no se prueba esto” y se absuelve. Eso es normal que suceda aquí en Guatemala y en todo el mundo.
Sin embargo, cuando ya se habla del caso de Víctor Rivera, alias “Zacarías” o “Frank”, y se dice que Matus no realizó una serie de procedimientos investigativos normados por ley, después de conocer el revés del caso Boquerón, siempre queda una duda razonable de que no se haya hecho todas las cosas bien en el caso Parlacen. ¿No es lógico pensar así?
No, no creo. Está plenamente demostrado que los procedimientos en la obtención de las distintas pruebas fueron debidamente cumplidos.
¿Incluidos la obtención de los vídeos que se presentaron?
Sí.
El abogado Carlos Alfredo Medrano Leiva, defensor de Mario Javier Lemus Escobar y Ovdulio Estuardo Valdermar Lemus, acusó que los vídeos habían sido obtenidos por un agente del equipo de investigación de Víctor Rivera y no por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala...
... No, eso no es cierto. Tenemos el acta, el documento donde Chevron de Guatemala Inc. entregó esos vídeos al MP y está la respectiva cadena de custodia. Lo que pasa es que es normal que los defensores ataquen cosas que en el fondo no son ciertas, pues. Los abogados afirman que los defendidos aparecen, que estaban en la gasolinera Texaco La Cuchilla, porque no había cómo rebatir esa situación. El argumento de ellos era que su defendido estaba enfermo del estómago y por eso estaba en la gasolinera. Eso es absurdo porque nadie va a estar dos horas porque está enfermo del estómago. Toda esa estrategia de defensa era ilógica.
Sin embargo, para esta defensa y la de otros imputados, se dijo que no existía comunicación verbal entre los indiciados, y que lo que los une son las declaraciones de los testigos protegidos. ¿Esos testimonios son el centro de toda la hipótesis fiscal?
No necesariamente. Por ejemplo, en el vídeo de la gasolinera se observan tres personas que van en la camioneta BMW y un cuarto no se observa, pero es debido a que en ese espacio del parque ninguna de las seis cámaras que se tienen enfoca esa área. Entre esas tres personas hay comunicación.
Pero llegan juntos, ¿cómo no iban a hablar entre ellos?
Exacto, pero Marvin Roberto Contreras Natareno platica con ellos en el parqueo, en esa zona, y el crimen ya estaba planificado. Si se les hubiera visto platicando en cámara se darían más color. Se les observa en el mismo lugar y se confirma con las declaraciones que platican entre ellos en el parqueo. Cuando Conteras Natareno llega, como a la 1:40 de la tarde, aparece la gente de Jalpatagua, del BMW, con los recipientes para comprar el combustible. Inclusive, las celdas telefónicas (la señal de sus teléfonos celulares) de todos ellos se activan en ese lugar y en el vídeo se ve cuando hablan por teléfono a la misma hora. O sea, hay una interrelación entre una prueba científica y la testimonial.
En las tres horas que hizo de conclusión final hizo mucho hincapié en los vídeos, las bitácoras y la activación de celdas de los celulares, el reporte del GPS del Yaris y en estos testigos protegidos, cuatro de Guatemala y uno de El Salvador. ¿Esas son todas las pruebas que sustentaban el caso?
No, hay más pruebas documentales. Por ejemplo, hay actas que demuestran que el Yaris que se utilizó en el crimen lo tenía Luis Arturo Herrera López. Y él estaba acompañado de otros cuatro individuos, tres que fallecieron (en El Boquerón), y Carlos Humberto Orellana Aroche, que es reconocido por un testigo en la Zona 10, donde se intercepta el vehículo de los diputados. Este testigo habla desde su celular al número de emergencia, se activa su celda telefónica en el lugar y se puede observar su vehículo en el vídeo de la zona. Hay una interrelación de elementos de prueba.
¿El Ministerio Público presentó las pruebas suficientes para sustentar su hipótesis?
Ofrecimos un total de 135 testigos con la idea de manejar cierta estrategia. En relación con determinada evidencia, había tres o cuatro personas que habían participado en su obtención. Nosotros ofrecimos esas tres o cuatro personas como un acto de prevención y evitar que en un momento dado no pudiéramos probar esa evidencia.
Al cierre de su conclusión final, ¿tenía 100% de certeza de que las pruebas presentadas por el MP son suficientes para un veredicto condenatorio de los nueve imputados en el juicio?
Así es. No hay ninguna duda en cuanto a nuestra teoría.
Una teoría que sigue siendo la del principio: venganza.
Sí.
La teoría es venganza según la declaración de una persona, un testigo protegido por el MP, que supuestamente ayudó a Roberto Carlos Silva Pereira en actos delictivos...
... Así es, pero hay un testigo salvadoreño...
... Bajo el nombre clave “Fredys”.
Sí, esta persona confirma lo que el testigo protegido guatemalteco (Ramiro Antonio de León López) nos había declarado. Fredys es un testigo ubicado por la Fiscalía General de El Salvador. No hay ninguna componenda entre ambos testigos porque no se conocen. Hay vinculación entre una declaración y la otra, sin embargo ambos no saben quién es el otro.
Según Manuel Castillo Medrano es al contrario. Él habla de componendas entre el MP y la Fiscalía salvadoreña en las declaraciones de los testigos. ¿Algún fiscal salvadoreño tuvo algo que ver en la obtención de la declaración de De León López o viceversa con la de Fredys?
En cuanto a la idoneidad y la comprobación de lo que ambos testigos decían, nosotros la efectuamos porque quien maneja el caso somos nosotros, quien lleva la carga de la prueba es el MP.
¿Las autoridades salvadoreñas tuvieron algún tipo de vinculación en la investigación que terminó con la declaración de De León López?
Un 99% es investigación puramente guatemalteca. Incluso nosotros fuimos varias veces a El Salvador y recibimos la colaboración de la Fiscalía, especialmente en ubicarnos con los lugares, acompañarnos en diligencias o hacer los trámites ante los juzgados salvadoreños para obtener las órdenes de allanamiento e ingresar a esos lugares, porque ellos eran los que estaban facultados para hacer las diligencias.
Castillo Medrano dice que solo el testimonio de De León López lo vincula y que es una prueba fabricada por ambos. Entre gritos, Castillo Medrano nos dijo el martes que no conocía a Silva Pereira, que jamás lo había visto en su vida.
De igual manera como niega todo. Por ejemplo, él dice que no sabía quién era Montaña 3, lo niega cada vez que lo declaraba y le enseñamos el cuaderno que fue incautado en su casa donde apareces: Carlos Alberto Gutiérrez Montaña. Él dice que fue alterado. Y este cuaderno fue obtenido con las formalidades legales mediante una orden de allanamiento, encontrado, embalado y firmado ese embalaje. En las audiencias, vino la persona que lo encontró y dijo que era su letra la de la firma del embalaje. O sea, él toda la vida niega todo.
¿El MP y la Fiscalía se pusieron de acuerdo para fabricar pruebas, así como lo dijo Castillo Medrano?
No, eso no es posible.
Mucha gente no se cree la hipótesis de venganza de Silva Pereira, se habla de la posibilidad de que había droga o mucho dinero de por medio...
... Bueno, de acuerdo con declaraciones testimoniales, especialmente del testigo salvadoreño, se señala que traían droga y dinero. Sin embargo, no se pudo establecer eso debido a que el vehículo y las víctimas fueron incineradas. A pesar de que le hicimos todo tipo de peritajes, el fuego destruye cualquier tipo de evidencia y no íbamos a imputar una cuestión sin fundamentos.
Veamos, la venganza es contra Eduardo d’Aubuisson. Él no iba a ir en ese vehículo, eso se sabe a última hora. Si la venganza era contra él, como plantean estos dos testigos, ¿cómo sabían que iba en ese vehículo?
Hay una reunión en Jalpatagua, Guatemala, donde llega Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo, que es Montaña 3, con Carlos Amílcar Orellana Donis y Silva Pereira, según lo testificado por Fredys. Estos dos últimos estuvieron, según nuestro testigo, donde está Castillo Medrano. Había una interrelación. Montaña 3 queda encargado de hacer los contactos con la banda de Jalpatagua y los elementos de la PNC. El día crítico, el 19 de febrero, las llamadas vienen y van hacia él. Cuando el testigo salvadoreño nos indica eso, confirmamos eso. Qué casualidad que a las 8:50 horas hay una llamada de Montaña 3 a Castillo Medrano, más cuando sabemos que a esa hora llegan los diputados a la frontera. La hora coincide. Y luego, llamadas de él para Ovdulio Lemus y Lemus Escobar; y luego de este para Jeiner Barillas, que es uno de los policías que seguimos buscando en este caso. Así se comprueba que Montaña 3 era el enlace.
Castillo Medrano dice que nunca estuvo en El Salvador, que nunca viajó y que estaba en Jutiapa...
... Él todo lo niega y lo hemos desenmascarado hasta en el tribunal...
... Y dice que toda su participación la prueba el MP con un testigo protegido, que además acepta que realizó actos ilícitos junto a Silva Pereira...
... De ninguna manera, además existía una relación de muchos años con Montaña 3, más o menos de 2003. El hecho que, cuando se le solicita información a Castillo Medrano de quién es Montaña 3, presenta semejante memorial insultando al fiscal e indicando que no proporcionaría ningún tipo de información hasta que se le abriera un antejuicio. ¿Por qué no da el nombre de este individuo que es enlace entre los autores materiales y los intelectuales? Obviamente porque sabía que se iba a descubrir esta estructura criminal...
... Y también dice que es un chivo expiatorio para no investigar a una estructura estatal paralela, que sería quien realmente está detrás de los asesinatos. Una estructura que pasa por el ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann, y el antiguo jefe de la PNC, Edwin Sperissen, y llega hasta el ex director de Investigaciones Criminales (DIC), Víctor Hugo Soto Diéguez.
Ujum.
Castillo se refiere, casualmente, a la estructura de la que habla la investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscal costarricense Giselle Rivera.
La situación es algo extraña. Después de que ella llegaba al MP, supuestamente a contribuir con la investigación... toda la vida le dimos información porque había instrucción del Fiscal General de que cuando ellos la solicitaran, se les diera. Y para demostrar que no había ningún ocultamiento en ningún tipo de investigación, lo que hacíamos y lo pedían, se lo dábamos, ya fuera por escrito o de forma verbal. Y no llegaba solo Giselle, llegaban varios de la CICIG. ¿Cómo es posible de que le damos todas nuestras actuaciones (partes de los procesos en la investigación), ahora resulta siendo testigo de los acusados? El delito de doble representación está plenamente probado. Ella no podía ejecutar ese tipo de actuación de deslealtad hacia la CICIG y hacia el MP, y haciéndose del lado de los acusados. Es absurdo.
Ella dice, en declaraciones a otros medios de comunicación, que tuvo órdenes de su jefe, el español Carlos Castresana, de no proceder con esta investigación que realizó.
Es lo que manifiesta, el problema es probar que fue como ella dice. Habría que escuchar a Castresana. Ella dice que la entregó a su jefe y que él no quiso darla a conocer, eso es algo que no me consta. Habría que entrevistarlo a él. De lo que sí tengo plena certeza es de que ella nunca presentó al MP absolutamente nada de esa investigación que manifiesta tener ni dijo nada verbalmente.
¿La CICIG tenía acceso a las declaraciones de la gente que entrevistaron y que luego fueron sus testigos en el caso Parlacen?
Sí, ellos tuvieron acceso a todo eso.
¿Ustedes tenían a Soto Diéguez en esa lista?
Sí, lo que sucede...
... Pregunto porque ella menciona a Soto Diéguez como parte de su investigación. ¿Nunca les hizo llegar un indicio de que él podía estar involucrado en el crimen de los diputados?
Ninguno, nunca. Ella nunca nos indicó: “Bueno, mi investigación se orienta hasta este punto y tenés que caminar hasta ese punto”. Nunca nos dijo nada. Llegaba, preguntaba, le dábamos copia de todo... el mayor problema es que lo utilizaba para otros fines. Ella dice que se lo dijo a varias personas, pero no dice a quién, ni cuándo ni cómo, y tampoco dice si le firmaron algún documento por ello.
¿La declaración de este hecho la tuvo que haber dado en sede fiscal?
Exacto, o policial o judicial. Ella dice que se lo dijo a otras personas, pero no dice a quién, ni cómo ni cuándo. Eso hace dudar si realmente se dio eso o si lo hace por venganza con la CICIG por algo... qué casualidad que meses después que se va, viene y dice eso. En todo caso, debió haberlo hecho el mismo día que se fue.
¿Lo que hizo público Giselle Rivera no cambiaba el rumbo de este caso?
Aunque hubiera ido a declarar ella, el tribunal tiene que valorar la prueba de acuerdo con lo que se desarrolló en el debate. Cualquier cuestión que hubiese dicho al momento de declarar, no afectaba nada porque no era parte del proceso. Incluso, podía traer 500 documentos... esos documentos no eran parte del proceso y no podía ser parte del proceso.
Bajo la ley guatemalteca, si estos documentos son nuevos elementos de prueba y el juicio está en su cierre, ¿qué procede legalmente?
Si las pruebas son contundentes y demostrables se tiene que iniciar un nuevo proceso. Pero los que han sido juzgados, fueron juzgados. Esto no retrotrae el proceso a una etapa terminada. Pero si hay elementos contundentes, que efectivamente es así, de que no hay pruebas que respalden lo que ella dice, no procede. Hay que analizar las pruebas, ver de dónde provienen, porque si es de un testigo (Javier Figueroa, ex jefe policía) que pudiera tener la calidad de colaborador eficaz, que pudiera ser de la misma organización, podrían ser dudosas. Podría ser que con él con el ánimo de escaparse y venga y vincule a otras personas. Tenemos que analizar muy detenidamente esta situación, ver si no contraviene nuestra teoría, porque de lo contrario no tendría validez.
Soto Diéguez y Figueroa estuvieron en los primeros días de procedimientos investigativos, estaban al mando de la dirección de investigación de la PNC. ¿Esto, al igual que en el caso de Matus, no puso en riesgo la credibilidad de su caso?
No, para nada. No puedo procesar a personas de las que no tengo pruebas. Nosotros investigamos cuál fue la actuación de Sperissen. Le tomamos declaración en el MP en relación a qué acciones se tomaron el día del hecho y los posteriores; también se citó a Soto Diéguez, se le cuestionó en relación a todos los aspectos para hallar una posible participación suya.
¿A juicio del MP, ninguno de ellos está involucrado?
No, no podíamos vincular a ninguna persona si no hay nada que lo vincule, si no tengo nada cómo comprobarlo, al menos un testigo que me dijera: “Sí, él fue”. Varios defensores, en su conclusión final, dijeron que este era un crimen de Estado, y que Soto Diéguez lo había dicho. En mi réplica dije que eso era falso y que ninguno probó que haya sido de esa manera. Entonces, no afecta.
Cualquiera podría decir: “Le ponen orden de captura a Giselle Rivera y ella ya no viene a declarar, y ella es quien podía probarlo y decir: ‘Sí, él fue’. ¡Me espantaron al testigo estrella!”
Quien pidió la orden de captura fue la CICIG. El hecho de ordenar la aprehensión de Giselle no se hace con el objetivo de espantarla, de ninguna manera. Simplemente era la obligación que tenía la CICIG de denunciarla si había un delito cometido... y no solo hay uno, ¡hay varios delitos!
Pero es un hecho: la orden de aprehensión la desanima a venir a dar su testimonio.
Sí, definitivamente. Nadie se va a ir a otro país donde tiene orden de aprehensión. En el fondo, aunque la finalidad de la orden no era esa, causó como efecto que no viniera. Pero la defensa manejó mal esa situación. Ellos la ofrecieron como testigo en julio o agosto. Entonces, ellos pudieron haber ofrecido que declarara por vídeo conferencia o auxilio judicial.
Quiero que quede muy claro esto: ¿Desde su oficina no se solicitó en ningún momento y bajo ninguna circunstancia algún tipo de medida contra Giselle Rivera para que no asistiera al juicio Parlacen como testigo de descargo?
De ninguna manera, no pedimos nada. Tuve la oportunidad de impugnar su declaración cuando es ofrecida por la defensa, plantear un recurso porque había sido parte del MP y no lo hice. No lo hice, no porque se me haya pasado, sino para demostrar que lo que ella iba a venir a decir no era cierto.
Pero entonces, no era pública toda la información que ha circulado ahora.
... Sí, pero nosotros no tuvimos ninguna injerencia en que no viniera. Absolutamente, nada. Simplemente, la CICIG pide la aprehensión.
Como MP, ¿no actuaron de oficio en ese caso?
No, para nada. Eso se puede consultar en los archivos. Fue la CICIG la que promovió esa acción.
Saliendo de este juicio, ¿le correspondería a su unidad el investigar si es cierto o no lo que dice Giselle Rivera?
Eso sería una decisión del fiscal general.
