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Sindicatos estatales estrenan sus herramientas de lucha: TSE en negociación

Más de 300 trabajadores sindicalizados del Tribunal Supremo Electoral piden, como parte del contrato, alrededor de 3 millones de dólares en prestaciones para el próximo año. Es prácticamente el estreno del sindicato, ya que su nacimiento solo fue posible tras las reformas constitucionales de 2009 que permiten estas organizaciones en las instituciones del Estado.


Viernes, 10 de diciembre de 2010
Edith Portillo

Las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral se encuentran en estos días adornadas con carteles y rótulos anunciando los reclamos de los trabajadores. Es porque el Sindicato de Trabajadores del TSE (Stratse), integrado por 321 empleados que representan cerca del 78% del personal de la institución, se encuentra en su primera negociación de un contrato colectivo con las autoridades del TSE, en busca de su aprobación para 2011.

De acuerdo con la secretaria del Stratse, Xiomara del Cid, lo que se pretende con dicho contrato es una garantía de estabilidad laboral para todos los empleados, pero además un paquete de prestaciones que, anualmente, asciende a un monto de alrededor de 3 millones de dólares.

“Lo que se pide es que tengamos algunas prestaciones que otras instituciones del gobierno sí tienen y nosotros no, como dotación de uniformes para el personal y servicio de transporte”, dijo Del Cid, quien detalló que están por entregar a los magistrados una carta pidiéndoles celeridad en el análisis de las demandas. 'Según la Ley de Sercivio Civil, para que el contrato entre en vigencia en 2011 tiene que ser aprobado el año anterior, por eso es que estamos solicitando la pronta firma del contrato, porque si no se firma ya entonces entraría (en vigencia) hasta 2012”, agregó la secretaria del Stratse, que además aseguró que no se ha discutido cuál sería la forma de proceder del sindicato en caso de que el contrato no se firme este año.

Los sindicatos en el sector público, como en el caso del Stratse, son una novedad en El Salvador, debido a que la Constitución los prohibía hasta las reformas ratificadas en 2009, producto de la adecuación a los tratados internacionales. Hasta entonces, los empleados públicos por ley solo podían integrar 'asociaciones' de trabajadores, que no ofrecían iguales garantías de beneficios y protección que ofrecen los sindicatos para el gremio y sus líderes.

Según reconoce el presidente del TSE, el magistrado Eugenio Chicas, del FMLN, los magistrados tienen ya en sus manos, desde hace cerca de un mes, el acuerdo preliminar al que llegó la comisión negociadora que conformaron miembros del sindicato y delegados de las autoridades de la institución. Sin embargo, enfatiza, ese acuerdo es únicamente preliminar, pues antes de comprometerse y firmarlo debe consultar con el Ministerio de Hacienda si es posible cumplir con las demandas contenidas en el contrato colectivo.

“Me parece que, por responsabilidad institucional, yo no puedo dar los pasos para sellar una negociación de esta naturaleza sin tomar en cuenta la posibilidad del erario nacional (...) De la misma forma, yo también he hecho conciencia en el sindicato, en el sentido de que sus reivindicaciones deben tener la racionalidad de medir cuáles son las condiciones del país. Estamos en esa ruta, creo que somos la primera institución del Estado que ha arribado al grado de negociación y acuerdo hasta el que hemos llegado”, dijo Chicas.

El encuentro con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, podría concretarse la semana entrante, estimó.

De aprobarse el contrato, el Stratse, legalizado en noviembre de 2009, se convertiría en uno de los primeros sindicatos del Estado en lograr resultados por medio de la negociación colectiva, un mecanismo que se habilitó con las reformas constitucionales que en 2009 hizo la Asamblea Legislativa para operativizar los convenios 87 y 98 de la OIT, relativos a la libre sindicación y contratación colectiva en el Estado.

En contraste con el sindicato del TSE, otra organización de trabajadores naciente, el sindicato de la Asamblea Legislativa, aunque fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, fue descabezada recientemente por los mismos diputados que aprobaron las enmiendas constitucionales. En este caso, los legisladores señalan supuestas incompatibilidades de los dirigentes sindicales con la ley, ya que les atribuyen ser integrantes de partidos políticos.

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