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Centros Penales destituye a todo el personal de cárcel de máxima seguridad

Ni uno solo de los empleados del centro penitenciario de Zacatecoluca mereció suficiente confianza como para quedarse. Aunque la regla es que los reos pasen 23 horas del día en las celdas, en 2007 ocurría que prácticamente todo el día pasaban fuera de ellas, según el director de Centros Penales. Los expedientes de todos los trabajadores pasan a la Fiscalía.

Viernes, 10 de diciembre de 2010
Edith Portillo

Las autoridades de Centros Penales descubrieron que los custodios de la cárcel de máxima seguridad ubicada en Zacatecoluca recibían miles de dólares a cambio de dejar ingresar teléfonos celulares a este reclusorio que hospeda a los reos de máxima peligrosidad del país y desde donde se planifica y ordena asesinatos. Pero las pruebas o los indicios de corrupción entre el personal de la penitenciaría abarcaba a los empleados de todas las áreas, y ese fue el motivo de que este viernes se hiciera público su despido.

El director de Centros Penales, Douglas Moreno, aseguró que lo que descubrieron fue que se violaba prácticamente todos los protocolos de funcionamiento de una penitenciaría que se supone es de máxima seguridad. Aparte de que había un flujo clandestino de teléfonos celulares hacia el interior de la prisión, no se cumplía la regla de que los prisioneros solo pudieran estar una hora diaria fuera de las celdas.

Las violaciones a las normas en realidad las violaba todo el personal de 95 personas que fueron despedidas este viernes. Y las infracciones no son algo nuevo, sino que incluso vienen de la administración anterior, aseguró Moreno: 'Durante todo 2007, los reos pasaron fuera de las celdas prácticamente los doce meses del año', dijo este viernes, en rueda de prensa.

Moreno parecía contrariado al cabo de la investigación que culminó con la sustición de todo el personal de Zacatecoluca. 'Este no era el penal de máxima seguridad que nos habían dicho, esa era solo la imagen que nos habían vendido, eso era mentira (...) Zacatecoluca se abandonó y se ocultó', sentenció el funcionario.

Zacatecoluca alberga a 334 internos y se supone que se caracteriza por las máximas medidas de seguridad y aislamiento para reos condenados por dirigir grupos criminales o de sicarios, especialmente jefes de pandillas. Sin embargo, las autoridades han descubierto que buena parte de los asesinatos cometidos por pandillas son ordenados desde esta cárcel. Asimismo, hace dos semanas encontraron a un reo común asesinado dentro de la prisión.

Moreno, en una entrevista con El Faro en mayo pasado, había revelado una serie de anécdotas de corrupción de personal no solo de Zacatecoluca, sino del sistema penitenciario nacional. En esa ocasión estimó que un 50% del personal estaba corrompido y al servicio de las pandillas o el crimen organizado.

En el caso del penal de máxima seguridad, la desconfianza recayó en absolutamente todos los empleados. Incluso el expediente del ex director del penal, Mario Barriere, quien renunció hace cuatro meses argumentando estar amenazado, ha sido remitido a la Fiscalía General de la República.

Entre las 95 personas despedidas hay 56 a las que se les documentó 'indicios' de que ayudaban a la introducción de teléfonos celulares al penal, así como accesorios y drogas. Además, Moreno dijo que por cada aparato introducido, cada empleado corrompido recibía 2 mil 500 dólares.

Hace cuatro meses, el ejército se sumó a la custodia de los centros penales, dedicándose a brindar seguridad perimetral y a registros de las personas que ingresan como visitantes. Esto, según los militares, fue tan efectivo en el control del ingreso de bienes ilícitos a las cárceles, que los teléfonos celulares comenzaron a cotizarse caros. Este viernes, Moreno aseguró que cada aparato en Zacatecoluca se vendía hasta en 5 mil dólares.

La investigación que culminó este día en la destitución de todo el personal empezó, según dijo Moreno, desde inicios de la actual gestión de Centros Penales, y para ello, agregó, fue también clave la participación del ejército.

El director de Centros Penales dijo que están pasando a la Fiscalía los expedientes del personal involucrado para que sea el Ministerio Público el que investigue y decida si procesa penalmente a los despedidos.

Por razones de seguridad, el funcionario dijo que no podrá revelar a cargo de quién quedará ahora el penal de máxima seguridad, pero detalló que el personal ha sido ya reemplazado por 134 nuevas personas formadas por la actual administración de Centros Penales, “bajo una filosofía de cero corrupción”.

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